¿Garantía de seguridad o trampa de velocidad? Nueva York instalará más de 2.000 cámaras para controlar el tránsito

Nueva York se prepara para desarrollar la red urbana de cámaras de control de velocidad más grande de los Estados Unidos. El plan supone aumentar cerca de 10 veces el número de dispositivos actualmente existente, llegando a más de 2.000 cámaras, ubicadas en 750 áreas diferentes.

La iniciativa municipal provino de una evaluación positiva del impacto del programa de videovigilancia en la puerta de las escuelas, que lleva ya varios años. Los funcionarios de la administración de Bill de Blasio sostienen que  desde su implementación disminuyeron los accidentes en las cuadras en las que hay escuelas. Por eso, quieren replicar la estrategia en toda la ciudad.

"Va a significar que vas a tener que conducir a una velocidad segura en Nueva York, donde nuestros conciudadanos neoyorquinos caminan, andan en bicicleta y usan las calles", dijo Polly Trottenberg, comisionada de transporte de la ciudad, entrevistada por The New York Times.

Sin embargo, la medida genera mucha controversia. Los críticos acusan al gobierno local de estar exclusivamente interesado en aumentar la recaudación. Más allá de cuál sea la intención, no hay dudas de que las sumas pueden ser millonarias. Por ejemplo, si una cámara capta a un vehículo circulando 10 millas por hora (16 km/h) por encima del límite de velocidad, que en la mayoría de las calles es de 25 millas (40 km/h), deberá pagar una multa de 50 dólares.

"La ciudad de Nueva York se va a convertir en una gran trampa de velocidad. Hacer de cada calle de Nueva York una zona de velocidad escolar no va a proteger a la gente", dijo Shelia Dunn, portavoz de la Asociación Nacional de Automovilistas, consultada por el mismo periódico.

Si bien todo se amplifica en Nueva York, la misma discusión se viene dando en otras grandes ciudades estadounidenses, donde los gobiernos apelan cada vez más a las cámaras para controlar la velocidad. La tendencia ha provocado protestas de muchos conductores, en algunos casos violentas.

En un intento de congraciarse con los automovilistas, el gobernador Greg Abbott de Texas impulsó recientemente una ley que prohíbe las cámaras que registran cuando un vehículo cruza con luz roja. Otros siete estados habían sancionado normas similares.

No es el caso de Nueva York, que se convirtió en 1993 en la primera ciudad en instalar este tipo de cámaras. De todos modos, están mucho menos extendidas de lo que estarían las de velocidad: sólo hay en 150 intersecciones.

Otra polémica neoyorquina: peaje en Manhattan

Después de años de postergación, el estado de Nueva York aprobó en abril cobrar a los automovilistas un peaje para ingresar a Manhattan, para así descongestionar la ciudad y también renovar el metro de Nueva York, una medida inédita en Estados Unidos que desató manifestaciones a favor y en contra.

La iniciativa planea gravar casi todo el tráfico que fluye a través del centro de la isla de Manhattan, al sur de la calle 60, aunque aún quedan por aclarar detalles prácticos. Un panel de expertos tendrá que decidir los montos de los peajes: al menos 12 dólares por día para los automóviles y 25 dólares por camión, según estimaciones.

Con este esquema, se planea recaudar fondos por unos 15.000 millones de dólares durante cinco años.

La iniciativa, que fue aprobada como parte del nuevo presupuesto, había enfrentado a la oposición en el Parlamento estatal cuando fue propuesta por primera vez por el entonces alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, y se enterró al no ser votada en 2008.

La propuesta resurgió bajo la Administración del actual gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, como una alternativa para aliviar la congestión de tránsito en una zona siempre abarrotada por autobuses, camiones, taxis, coches de residentes o visitantes, o trabajos de construcción, con el objetivo de inyectar dinero al maltrecho sistema de metro de la ciudad.

Cuomo se anotó una gran victoria al lograr el apoyo para esta controvertida propuesta, luego de haber sido criticado, sobre todo durante la pasada campaña electoral, por la manera en que ha atendido los problemas con el metro de la ciudad, administrado por la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), que él controla.

La medida, impulsada por el gobernador demócrata Andrew Cuomo reelegido en noviembre, ha sido aclamada por los ambientalistas, pero denunciada como "injusta" en distritos vecinos de Manhattan, como Queens o en el estado de Nueva Jersey, que limita con el área metropolitana neoyorquina.

Los automovilistas argumentan que afectará particularmente a los empleados que viven en áreas remotas carentes de transporte público y que se ven obligados a usar el automóvil para sus viajes diarios de ida y vuelta. Los conductores que utilizan los varios puentes y túneles existentes para entrar a Nueva York, una ciudad rodeada de agua, ya están pagando peajes.

Una vez se ponga en marcha en 2021, inyectará más de mil millones de dólares al sistema de transporte público -el 80% para el metro-, por lo que encontró apoyo entre grupos como la organización Riders Alliance, que defienden los intereses de los usuarios del metro, pero también el rechazo de neoyorquinos al tener que añadir un gasto más a su ya limitado presupuesto para acceder de la calle 60 para abajo.

Una encuesta del Instituto de Investigación de la Universidad Sienna, en Nueva York, el pasado enero reveló un aumento de apoyo a un 52% a la propuesta en cada sector, liberales o moderados, latinos, negros o blancos.

Sin embargo hay voces como una coalición cívica del distrito de Queens que argumentó que las comunidades de clase media no pueden permitirse este cobro, que asegura tendrá un impacto negativo en la clase trabajadora.

También afectará a taxistas según ha advertido la Asociación de Conductores de Autos de Alquiler y Taxistas (FHV), que considera que será una carga financiera importante para pequeñas empresas que dependen de los puentes gratuitos para mantener los costos bajos.

Igualmente hay quienes alegan que la entrega de servicios a domicilio será más costosa. "Esto es un impuesto contra la gente que simplemente tiene el descaro de viajar por su propia ciudad", dijo durante la votación el senador republicano Andrew Lanza al oponerse a la medida.

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