El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos ha comenzado a recordar a los migrantes que si reciben algún beneficio de asistencia social antes de convertirse en ciudadanos, sus patrocinadores serán responsables de pagarle al gobierno.
Ken Cuccinelli, el nuevo director interino del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, lanzó un comunicado recordando que el pasado 23 de mayo, el presidente Donald Trump emitió un Memorando Presidencial sobre el cumplimiento de las responsabilidades legales de los patrocinadores de extranjeros.
En dicho documento, se señala que los patrocinadores deberán "reembolsar a la agencia por cada dólar de beneficios que reciban los inmigrantes".
"El documento destaca el compromiso de la Administración por hacer cumplir las leyes de inmigración existentes y proteger a los contribuyentes. Como parte de la implementación, ahora les recordamos a las personas en sus entrevistas sobre el estatus migratorio, de las responsabilidades de sus patrocinadores bajo las leyes y regulaciones existentes", señaló la agencia en Twitter.
La proclama ordena que quienes patrocinen a inmigrantes reembolsen al gobierno en su totalidad, en caso de estar usando fondos públicos.
"El patrocinador debe estar dispuesto y ser capaz de respaldar financieramente al inmigrante que se propone según lo estipulado por la ley y los reglamentos. Si el inmigrante patrocinado recibe algún beneficio público federal, se espera que el patrocinador le reembolse a la agencia que otorga los beneficios cada dólar recibido por el inmigrante", escribió Cuccinelli.
Los migrantes que solicitan la residencia permanente y la ciudadanía en los Estados Unidos deben encontrar un patrocinador que garantice su apoyo financiero. La declaración jurada de respaldo es un contrato legalmente ejecutable entre el patrocinador y el gobierno. La obligación financiera suele terminar una vez que el migrante se naturaliza o despúes de que completa 10 años de trabajo en tiempo completo.
Con esta nueva implementación, los agentes estarán constantemente al pendiente de que los solicitantes de un beneficio migratorio, así como sus patrocinadores, cumplan con la ley. La medida forma parte de la nueva política migratoria fijada por Donald Trump.
El mandatario estadounidense exigió a las agencias que regulan beneficios de asistencia que elaboren las recomendaciones necesarias "para garantizar que los pagos de bienestar basados en los ingresos se recuperen del patrocinador", y fijó un plazo de 90 días para que esto se lleve a cabo.
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"En la USCIS haremos nuestra parte y estamos trabajando activamente para implementar la directiva del presidente con nuestros socios federales, incluso mediante la actualización de políticas y regulaciones", dijo Cuccinelli.
El funcionario puntualizó que la prioridad del actual gobierno es que cada individuo que llegue a Estados Unidos sea autosuficiente, temporal o permanentemente.
Al respecto, un estudio realizado por el Centro de Estudios de Inmigración señaló que tanto los migrantes legales como los indocumentados se benefician de los programas sociales en un mayor porcentaje que los ciudadanos estadounidenses. En 2012, 51% de los hogares de migrantes fueron quieres participaron en los programas del gobierno.
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