Fue testaferro de la organización y ahora colabora con la Justicia estadounidense. El ecuatoriano Juan Trujillo es un testaferro confeso de los dueños de South Bay Holdings, un grupo financiero que estafó a decenas de argentinos, uruguayos y ecuatorianos. Infobae tuvo acceso a un documento presentado por la defensa de Trujillo ante la Justicia de Nueva York con datos reveladores sobre la organización y los bancos involucrados en la mega estafa.
South Bay Holdings se creó en 1994 con dos socios fundadores de origen ecuatoriano: Roberto Cortes y Ernesto Weisson. Al comienzo estaba enfocada en la construcción de casas lujosas en la zona de Key Biscayne, al sur de Miami Beach. La empresa llegó a tener un inventario en construcción cercano a los 100 millones de dólares por año.
Trujillo trabajó para ese grupo financiero entre 2006 y 2018. A comienzos de abril, se declaró culpable ante el Tribunal del Distrito Este de Nueva York, en la causa identificada como "19-CR-00134-CBA". A partir de ese momento comenzó a aportar información.
Ahora, el estudio que representa a Trujillo decidió aportar un documento con otros datos. Técnicamente, se lo conoce como "proffer", una suerte de compromiso para realizar determinados aportes durante el juicio. "Dado que lo prepara el abogado del futuro testigo, la información incluida en el "proffer" debe ser necesariamente veraz y no es algo de lo cual el testigo pueda desdecirse luego", explicó el abogado argentino Martín Litwak, que defiende a más de 130 damnificados.
Y agregó: "En este caso puntual el "proffer' tiene un valor aún más grande del que suele tener en promedio porque es 100% consistente con las conclusiones a las que en su momento arribo la SEC hace un par de años así como con la acusación del Departamento de Justicia contra Gustavo Trujillo".
South Bay Holdings recaudaba fondos de decenas de inversores a través de una variedad de vehículos de inversión. Uno de los métodos era un fondo de inversión de las Islas Caimán llamado Sentinel Investment Fund Ltd. "SIF emitía acciones preferidas a inversores latinoamericanos que incluían elevados dividendos fijos por un monto de 11,5% hasta un máximo de 15%. Los fondos recaudados a través de SIF se otorgaban en préstamo para desarrollar proyectos inmobiliarios en el Sur de la Florida", explica el documento presentado ante la Justicia por la defensa de Trujillo.
La organización comenzó a expandirse por América Latina: abrió una oficina en Uruguay que atendía clientes de Argentina, Uruguay y Brasil, entre otros países.
La maniobra derivó en la creación de diversos bonos estructurados. Ahí fue clave el rol de los bancos. "Los primeros Bonos se estructuraron a través de "entidades de propósitos especiales" constituidas en las Islas Caimán. Deutsche Bank actuaba como agente de emisión, de transferencia y de pago de los bonos. Se estructuraron Bonos adicionales a través de un agente de Florida, Flex Funds Inc. En estas transacciones, Citibank actuaba como Agente de Emisión y como Agente de Pago Principal de cada emisión, y había un emisor irlandés (IA Capital), un fideicomisario (Sanne) además de auditores (PriceWaterhouse Coopers) involucrados. El único miembro de las SPV utilizado para emitir los Bonos era una entidad de las Islas Vírgenes Británicas llamada "Saint Elmos", cuyo nombre luego cambió a Vanguardia Group Inc", detalla el documento extraoficial aportado a comienzos de mayo por los abogados de Trujillo.
El arrepentido tuvo un rol clave en la creación de una sociedad de responsabilidad limitada de las Islas Caimán, denominada "Madison Assets LLC". Originalmente, el único accionista de esa firma era el padre de Roberto Cortes, Roberto Cortes-Rueda, pero en 2015 Trujillo permitió que algunas acciones aparezcan a su nombre.
"Madison prestaba servicios de custodia y administración para Biscayne Capital (BC) y sus entidades relacionadas, en reemplazo de BC. Madison continuó la relación que BC mantenía con Deutsche Bank. Esta relación permitía a Madison abrir subcuentas ómnibus. Antes de que Deutsche Bank finalizara su acuerdo con Madison, se estableció una nueva relación con GPP Londres (donde BC previamente tenía una cuenta). Ya no era posible abrir subcuentas. GPP no permitía cuentas segregadas para los clientes. Gustavo Trujillo (GT) fue signatario de la cuenta bancaria de Madison entre 2014 y 2018", resume el documento en poder de la Justicia.
Y agrega: "En los últimos años, el Biscayne Capital Group utilizó giros en descubierto generados en diferentes bancos a través de transacciones de compra y venta de títulos valores propietarios. Biscayne Capital Group tenía el control de ambos lados de la transacción. Estaban a cargo tanto de la compra como de la venta de los bonos. La compra era pagada por el banco al emisor del bono propietario (y el dinero luego era enviado a SBH), pero la venta no era pagada por el emisor del bono propietario, por lo cual se generaban giros en descubierto en la cuenta bancaria del cliente. Esto se hacía en todos los bancos con los que Biscayne Capital Group tenía relaciones, incluidos entre otros: Deutsche Bank, SYZ, Pictect y GPP".
Trujillo es investigado a partir de una denuncia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Su defensa ahora busca que aporte toda la información posible para negociar una pena cuando haya una sentencia.
La estafa ascendería a más de 200 millones de dólares, según una investigación privada que encargó Litwak y reúne 40.000 fojas de documentación, testimonios de ex empleados y otras pruebas. Más de la mitad son fondos de argentinos que apostaron a las inversiones inmobiliarias en Miami. Pero también hay damnificados de Ecuador, Brasil, Venezuela, Uruguay, entre otros países.
Aunque no son comunes las estafas de esta magnitud, los expertos recomiendan estudiar los antecedentes antes de hacer inversiones en el exterior. "Siempre conviene contratar a una firma de abogados o contadores que hagan un Due Diligence (Diligencia debida) para chequear el proyecto, y fundamentalmente los antecedentes de quienes conducirán la inversión", explica Ariel Arrocha, Director en Argentina de Negocios USA.
En la causa abierta en Nueva York, a Trujillo también se lo acusa del pago de coimas por contratos millonarios firmados entre PetroEcuador (la empresa pública de Hidrocarburos del Ecuador) y la empresa ecuatoriana Galileo Energy, presidida por el argentino Ramiro Andrés Luque Flores y especializada en la eliminación de residuos peligrosos provenientes del petróleo y del gas.
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