Mario Díaz-Balart y Donna Shalala consideraron que la propuesta reconoce la "realidad" de la actual agitación política en Nicaragua, que vive desde abril del 2018.
El conflicto, desencadenado por unas protestas contra el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, ha dejado 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras que organismos humanitarios locales suman hasta 568 y Managua reconoce 199.
También se cuentan hasta 809 "presos políticos", cientos de desaparecidos y decenas de miles de personas en el exilio, en el marco de la crisis.
Hace dos semanas, Estados Unidos anunció nuevas sanciones al Banco Corporativo (BanCorp) de Nicaragua y a Laureano Ortega Murillo, hijo del presidente Ortega y de la vicepresidenta Rosario Murillo, "quien ha sido preparado como sucesor por el régimen".
Los Representantes de Estados Unidos Díaz-Balart (FL-25) y Shalala (FL-27) emitieron las siguientes declaraciones:
"Me enorgullece presentar la Ley de Estatus de Protección Temporal de Nicaragua 2019 junto con mi amiga y colega la representante Donna Shalala, para permitir que los nicaragüenses permanezcan en los Estados Unidos hasta que su retorno a Nicaragua sea seguro.
"El pueblo nicaragüense ha sufrido durante años bajo el opresivo régimen de Ortega, que ha corrompido las instituciones gubernamentales de Nicaragua, extendiendo ilegítimamente el control brutal sobre el poder e instaló a su esposa como vicepresidenta del país. Desde que comenzaron las protestas en abril de 2018, los matones del régimen han oprimido violentamente a la oposición que se manifiesta a favor de la democracia, han censurado y destruido los medios de comunicación independientes y han cometido graves violaciones de derechos humanos que han dejado cientos de muertos y miles de heridos. Los grupos de derechos humanos han condenado la toma de poder de Ortega y los abusos de derechos humanos que incluyen ejecuciones extrajudiciales, torturas, arrestos arbitrarios y encarcelamientos, censura, desapariciones forzadas, violaciones y la detención de presos políticos. Vergonzosamente, el régimen de Ortega impone una política depravada de "exilio, cárcel o muerte" para silenciar a la oposición.
"Ortega y sus matones deben irse. El pueblo nicaragüense exige elecciones libres, justas y multipartidistas y un gobierno libre de crimen y corrupción que respete los derechos humanos y las libertades fundamentales. Hasta que eso suceda, apoyo firmemente las demostraciones de la administración Trump de una fuerte solidaridad con el pueblo de Nicaragua a través de sanciones firmes contra quienes corrompen las instituciones democráticas en esa nación o cometan abusos contra los derechos humanos. Pero además, también debemos demostrar nuestra solidaridad con el pueblo nicaragüense extendiendo la protección a los nicaragüenses que han encontrado un refugio seguro en los Estados Unidos. Los nicaragüenses recordarán que Estados Unidos los acompañó en el momento de mayor necesidad".
"Los nicaragüenses enfrentan una terrible crisis mientras que Ortega viola los derechos humanos, dejó cientos de muertos durante las protestas del año pasado y continúa un ataque sistemático a las instituciones democráticas", dijo la Rep. Shalala. "Extender el TPS para los nicaragüenses es lo correcto, lo que debemos hacer, especialmente a medida que el régimen de Ortega intensifica sus horribles abusos contra los derechos humanos. Estoy muy orgullosa de trabajar con el Representante Mario Díaz-Balart en esta importante legislación bipartidista, y sigo comprometida en mi esfuerzo por otorgar el estatus de TPS a los venezolanos y extender el estatus a ciudadanos de El Salvador, Honduras, Haití y otros grupos designados actualmente para TPS "
Díaz-Balart apuntó en una entrevista con la televisión CBS News que el Gobierno de Nicaragua representa una "gran amenaza" para la seguridad nacional estadounidense.
"Lo que está sucediendo en este hemisferio, con Venezuela, Cuba y Nicaragua, es, creo, más peligroso para los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos que muchas de las cosas que están ocurriendo en el Medio Oriente", dijo.
La medida presentada en la Cámara de Representantes tiene muchas posibilidades de ser aprobada en el hemiciclo, pero enfrentará más oposición en el Senado, controlado por los republicanos.
De ser aprobada en el Congreso, será Trump el que tenga la última palabra sobre si es conveniente o no ampliar el permiso migratorio para los nacionales de Nicaragua.
Actualmente, más de 5.000 nicaragüenses están amparados por ese programa en Estados Unidos.
El TPS fue creado en 1990 y a través de él el país concede permisos de forma extraordinaria a los ciudadanos de Estados afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.
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