Una coalición de 20 estados, liderados por California, presentó un recurso judicial preliminar en contra de la declaración nacional de emergencia del presidente de EEUU, Donald Trump, para poder sufragar la construcción del muro en la frontera con México.
Este es el primer paso de la batalla legal para bloquear al Gobierno federal para que utilice 1.600 millones de dólares de fondos federales para construir parte del muro fronterizo, una de las principales promesas de campaña del actual presidente.
"El presidente Trump está robando dinero de nuestras comunidades y poniéndolas en peligro por construir el muro", dijo este viernes Xavier Becerra, fiscal general de California en una conferencia de prensa.
Precisamente Trump viaja este viernes a California para ver personalmente en la localidad fronteriza de Calexico una nueva sección de la valla fronteriza con México.
Antes de iniciar su viaje, el presidente destacó que están "construyendo mucho muro" y que están sucediendo "muchas cosas muy positivas" en materia migratoria y destacó que en los "últimos cuatro días" México ha detenido a diario a unos 1.400 migrantes que se dirigían hacia la frontera con EEUU.
Con esta acción judicial, el Estado Dorado nuevamente encabeza un desafío legal contra la Administración Trump y recurre a las cortes del Distrito Norte de California, donde ya logró detener y revocar decisiones controversiales del republicano, especialmente en temas de inmigración.
Los estados solicitaron al tribunal que emita de inmediato una orden que impida al Gobierno usar la partida presupuestaria, que el Congreso destinó para autoridades locales y federales.
Los 1.600 millones de dólares en disputa originalmente estarían destinados para el Fondo de Confiscación del Departamento del Tesoro, de donde se desviaron esta semana 601 millones de dólares para que la Patrulla Fronteriza use el dinero para la construcción del muro, aseguró Becerra.
El dinero estaría destinado para la lucha contra las drogas, dijo el fiscal, quien aseguró que el recorte de estos recursos afectará al estado y otras zonas del país, y recalcó que el dinero proviene de los impuestos que se pagan y que los estados pueden reclamar en qué se invierte el dinero.
"Desviar fondos de iniciativas clave para financiar un muro innecesario e injustificado es fundamentalmente irresponsable, socava el poder del Congreso y perjudicará a todos los estadounidenses de esta nación", dijo la fiscal general de Nueva York, Letitia James, al anunciar que su estado participa en la querella legal.
Los veinte estados no estarían solos en esta batalla, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la organización Sierra Club, entre otras, también presentaron una moción que busca detener la construcción del muro al considerarla ilegal.
"Debemos poner fin de inmediato a este proceso para evitar el daño irreparable que un muro sur infligiría a las comunidades fronterizas y a nuestra nación", dijo Dror Ladin, abogado de ACLU.
Además de la ilegalidad en la obtención de los fondos, las organizaciones sostienen que si el proyecto del muro fronterizo se realiza bajo las indicaciones de la proclamación de emergencia nacional, se perjudicará a las comunidades fronterizas y el medioambiente.
Este argumento también fue usado por los estados para pedir una orden preliminar que se espera antes del 9 de mayo.
Becerra cuestionó los argumentos del Presidente Trump al decir que con declaración de emergencia está defendiendo al país. "Pero de quién", se preguntó el Fiscal, que agregó que el mandatario usa con fines políticos a los inmigrantes centroamericanos.
En los próximos días podrían conocerse además las cifras de los detenidos por cruzar ilegalmente la frontera en marzo, aunque responsables migratorios ya anticiparon de que la cifra podría alcanzar los 100.000 individuos, frente a los entre 50.000 y 60.000 que se registraron de media el año pasado mensualmente.
Con información de EFE
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