La amenaza del presidente Donald Trump de cerrar la frontera con México incrementó la posibilidad de repercusiones económicas mayúsculas en Estados Unidos y de alterar la vida diaria en una zona del país que depende del flujo internacional, no solo de productos y servicios, sino también de estudiantes, familias y trabajadores.
Políticos, líderes empresariales y economistas advirtieron que la medida impediría el ingreso de cargamentos de frutas y vegetales, televisores, dispositivos médicos y otros productos, además de que obstaculizaría el tránsito de personas hacia sus lugares de trabajo y escuelas, o de quienes ingresan al país para ir de compras.
"Esperemos que la amenaza no sea más que una mala broma", dijo el economista Dan Grisworld, del Mercatus Center, de la Universidad George Mason, de Virginia. Señaló que la amenaza de Trump sería "totalmente descabellada" y resaltó que cada día cruzan la frontera un promedio de 15.000 camiones y 1.600 millones de dólares en productos.
"Si se interrumpe el comercio, los productores estadounidenses sufrirían agobiantes interrupciones en sus cadenas de abastecimiento, las familias estadounidenses verían un incremento en los precios de sus alimentos y vehículos, y los exportadores no contarían con su tercer mercado más grande", destacó.
Mexico must use its very strong immigration laws to stop the many thousands of people trying to get into the USA. Our detention areas are maxed out & we will take no more illegals. Next step is to close the Border! This will also help us with stopping the Drug flow from Mexico!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 30, 2019
Trump habló el viernes de la posibilidad de cerrar los puertos de ingreso en la frontera sur y lo reiteró en Twitter durante el fin de semana, debido al incremento en el número de migrantes centroamericanos que solicitan asilo. Funcionarios del gobierno de Trump han dicho que la llegada de personas ha sobrecargado al sistema migratorio al punto del colapso. "¡El siguiente paso es cerrar la frontera!", exclamó.
Funcionarios electos de las comunidades fronterizas, desde San Diego hasta las ciudades de El Paso y Laredo en Texas, advirtieron de un caos en ambos lados del límite internacional en caso de que se cierren los puertos de ingreso. A ellos se les unió la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que señaló que dicha medida infligiría un "severo daño económico".
En Imperial Valley, California, del otro lado de la frontera con Mexicali, México, los granjeros dependen de que los trabajadores lleguen cada día desde México para cosechar lechuga, zanahoria, cebolla y otros vegetales. Los estacionamientos de los centros comerciales de la región están repletos de vehículos con matrículas mexicanas.
Más del 60% de los vegetales de temporada invernal que se producen en México y se consumen en Estados Unidos ingresan al país por Nogales, Arizona. La temporada de cosecha invernal es particularmente activa en esta época, con la importación de sandía, uvas y calabaza mexicanas, dijo Lance Jungmeyer, presidente de la Fresh Produce Association of the Americas.
Señaló que entre 11.000 y 12.000 camiones comerciales cruzan a diario la frontera de Nogales, cargados con alrededor de 22.000 toneladas de vegetales como berenjena, tomate, pimiento, lechuga, pepino y moras.
Indicó que cerrar la frontera significaría despidos inmediatos y resultaría en escasez e incrementos de precios en tiendas y restaurantes. "Si esto sucede, y espero que no pase, no quisiera entrar a una tienda y ver cómo está cuatro o cinco días después", dijo Jungmeyer.
El alcalde de Laredo Pete Saenz, presidente de la Coalición Fronteriza de Texas, dijo que un cierre de la frontera sería catastrófico.
"Cerrar la frontera provocaría una depresión inmediata en las comunidades de los estados fronterizos y, dependiendo de la duración, una recesión en el resto del país", declaró.
"Nuestros negocios cerrarían", dijo Marta Salas, empleada de una tienda de El Paso ubicada cerca de la frontera que vende flores de plástico que se utilizan en las tradicionales fiestas de XV años en México. Salas dijo que toda su familia, incluyendo los que asisten a la Universidad de Texas en El Paso (UTEP), se vería afectada por un cierre de la frontera. "Allá también viven estadounidenses. Tengo sobrinos que vienen a UTEP o la escuela primaria o la secundaria, todos los días", comentó Salas.
En tanto, el gobierno de Trump dijo el lunes que unos 2.000 inspectores federales que examinan vehículos y transportes de carga en los puertos de ingreso en la frontera sur podrían ser reasignados para ayudar a manejar el incremento en el número de migrantes. Actualmente, alrededor de 750 inspectores están siendo reasignados.
Eso también podría entorpecer el tránsito de camiones y personas a través de la frontera.
Los efectos quedaron en evidencia el lunes: Sergio Amaya, un ciudadano estadounidense de 24 años que vive en Ciudad Juárez, México, y estudia en UTEP, dijo que normalmente le toma dos minutos cruzar el puente. En esta ocasión le tomó una hora. "El agente de la Patrulla Fronteriza dijo que va a empeorar", comentó Amaya.
En lugar de garantizar el flujo de productos por la frontera, los inspectores están siendo asignados en el procesamiento de migrantes, recibiendo sus solicitudes de asilo y trasladándolos a centros de detención. La secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen dijo que las reasignaciones son necesarias para ayudar a manejar el enorme ingreso que está agobiando el sistema. "La crisis en nuestra frontera empeora, y el DHS hará todo lo que está en su poder para ponerle fin", dijo Nielsen, usando las iniciales en inglés del Departamento de Seguridad Nacional.
Además de la reasignación de inspectores, Nielsen ha solicitado voluntarios de agencias no migratorias dependientes de su Departamento, además de que envió una carta al Congreso para solicitar recursos y una mayor autoridad para acelerar la deportación de familias. El gobierno también está incrementando sus esfuerzos para devolver a México a los solicitantes de asilo.
Las detenciones en la frontera sur se han incrementado en los últimos meses y los agentes fronterizos se perfilan a realizar 100.000 arrestos o rechazos de ingreso en marzo. Más de la mitad de esa cifra es de familias con hijos.
(Con información de AP)
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