En la guerra entre Miami Beach y Airbnb, los turistas quedan atrapados en el fuego cruzado

El barrio es perfecto: al lado de una playa hermosa, lleno de restaurantes y cafeterías y bares, con una calle peatonal donde hay tiendas de electrónicos y ropa, con cines, museos, nightclubs, bicicletas para rentar, esparcimiento para niños. South Beach tiene, incluso, un hospital muy cerca. Desde hace décadas —y sólo con excepción de los años del boom del narcotráfico— es un destino turístico maravilloso.

Y por eso está lleno de visitantes. Que rentan no sólo los lugares como hoteles o apart hoteles, sino también habitaciones y apartamentos a particulares mediante Airbnb, Flipkey, Booking.com, VRBO, HomeAway, Despegar, Hotels.com y otras plataformas.

Lo cual es ilegal. Tiene como consecuencia multas y, sobre todo, una guerra entre la ciudad de Miami Beach y Airbnb —la más poderosa de esas redes— que muchas veces termina con turistas afectados por el fuego cruzado.

(Informe de Jenny Padura para Univision 23 – Miami)

Un oficial de la Oficina de Cumplimiento del Código golpea a la puerta de un apartamento en un edificio que ha sido denunciado por rentar por día, pero sólo fue habilitado para rentas de un mínimo de seis meses y un día. El turista abre la puerta y explica: no, no vive en Miami Beach; sí, está de vacaciones; sí, encontró este alojamiento en internet. El oficial le da un aviso de desalojo.

A continuación el turista llama a la persona de contacto listada en el anuncio de renta. La persona se enoja. Se supone que el turista tendría que haber dicho a las autoridades alguna mentira, por ejemplo que es su amigo o su novio o algo así.

El turista pide que le devuelvan su dinero; la persona de contacto deja de responderle. El turista contacta a Airbnb, que también niega el reembolso porque no es su culpa que el propietario haya mentido en los términos.

Según The New York Times, durante sólo 45 minutos de trabajo una oficial de cumplimiento encontró, en un mismo edificio, cinco apartamentos rentados ilegalmente a viajeros. Lo cual importa una multa para el dueño de USD 20.000 por la primera vez, con incrementos de USD 20.000 por cada nueva infracción.

Más de cinco millones de anuncios para renta online de habitaciones y apartamentos por corto plazo cubren 81.000 ciudades en 191 países. En Miami Beach, sólo Airbnb tiene unos 4.500 anuncios activos, muchos de los cuales son en lugares designados para vivienda familiar.

"En nuestra comunidad hay áreas residenciales, y las hemos delimitado para que cuando la gente compra una casa sepan que está en una comunidad residencial", dijo al periódico Dan Gelber, alcalde de Miami Beach, quien además argumentó que Airbnb burlaba la ley a sabiendas.

La plataforma, por su parte, ha demandado al municipio: argumenta que las regulaciones son excesivas. "Nadie se beneficia cuando las ciudades imponen leyes escritas con el único propósito de castigar a los residentes y los consumidores", dijo al Times un vocero de la empresa.

La denuncia que lleva a los oficiales de cumplimiento a un lugar se origina en general por ruidos molestos, que salen de los apartamentos donde sigue la fiesta luego de la fiesta o de los Uber y Lyft que devuelven a los turistas a los apartamentos a la noche al ritmo del reggaeton, o de la propia puerta de casa a la que golpea alguien que se equivocó de número.

Otras razones son los candados con clave que contienen las llaves a los apartamentos, de los que puede haber decenas cerca de la entrada a un edificio, y el sonido de las rueditas de las maletas, a toda hora en la vereda, el vestíbulo y los pasillos.

También la basura que dejan los inquilinos: "Si esto fuera un pequeño negocio familiar no nos daríamos cuenta", explicó al periódico Jeff Donnelly, quien vive en Flamingo Park desde 1992. "Lo advertimos porque son hoteles sin personal, y el mantenimiento recae en los vecinos".

La oficina de Cumplimiento del Código hizo 1.737 investigaciones por renta de corto plazo en el año fiscal 2017-2018, el triple que cuatro años antes. En 2016, ante la tendencia, el municipio subió la multa a USD 20.000 y comenzó a aplicarla contra los propietarios, aunque muchas veces son operaciones de subalquiler que realizan los inquilinos anuales o los administradores de apartamentos. Pero los dueños son los únicos que tienen un bien contra el cual iniciar acciones.

No obstante, Miami Beach no se ha enriquecido con las penalizaciones. Explicó The Miami Herald: "La ciudad inicialmente impuso multas por USD 13,3 millones debido a 431 infracciones, pero algunos propietarios han apeladoante el fiscal municipal o negociado con éxito pagos menores. A comienzos de febrero la ciudad había logrado cobrar sólo USD 463.000 del total de casi USD 8 millones en multas, lo que equivale al 6 por ciento".

Airbnb, que dijo al Times que coopera con las ciudades en el mundo para elaborar "regulaciones razonables", demanda a Miami Beach porque desde diciembre requiere que quienes renten tengan no sólo un número de licencia comercial (como antes) sino también un registro impositivo como hotel. La empresa agregó que no revisa los listados que aparecen en el sitio y que "avisa a los anfitriones y a los huéspedes que deben estar al tanto de las normas locales y cumplirlas".

También algunos propietarios están litigando contra Miami Beach, como Natalie Nichols, quien desde la crisis de 2008 dependía de la renta de corto plazo para vivir, evitar la ejecución hipotecaria, pagar impuestos y seguros. Ahora vive de los ahorros que tenía para su jubilación, adelantada un poco forzosamente: "La ciudad me ha privado de un negocio que debería haberme dado ingresos hasta que llegara mi retiro", argumentó.

Los problemas principales del municipio no son individuos como ella, sino operaciones de mayor escala, ilustró el Herald. Como ejemplo citó a un hombre de Carolina del Norte, quien había rentado un apartamento en la Avenida Jefferson pero, cuando buscó las llaves en el "centro de bienvenida" ubicado en un hostal en la Calle 9, debió aceptar que cambiaran el alojamiento por otro lugar en la Avenida Drexel, ya que el que había elegido tenía un problema de plomería. Y en el de Drexel recibió la visita de una oficial de Cumplimiento del Código.

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