En sólo una semana, el gobierno de Donald Trump comenzó a revertir dos guerras inconstitucionales

En un acto inesperado el miércoles, Donald Trump pasó por alto los consejos de sus principales asesores de seguridad nacional y ordenó la repatriación completa e inmediata de todas las tropas de los Estados Unidos con base en Siria. Un día antes, el Senado aprobó por amplia mayoría una reforma del código penal que deroga severas leyes federales aprobadas en las décadas de 1980 y 1990 en el marco de la Guerra contra las Drogas. La medida, conocida como la Ley del Primer Paso (First Step Act), fue aprobada menos de una semana después de que el Congreso legalizara a través de la Ley Agraria (Farm Bill) el cáñamo , la fibra no psicoactiva de la planta de marihuana que tiene, entre otros, usos industriales, alimentarios y medicinales.

La constitucionalidad de las guerras contra el terrorismo, que declaró la Administración de Bush tras los atentados del 11 de septiembre del 2001, y contra las drogas, que data al menos del año 1914, han sido cuestionadas desde un principio. La primera -corre el principal argumento- viola la sección 8 del artículo 1 de la Constitución de EE.UU., según la cual el Congreso tiene el poder exclusivo de declarar la guerra. El Ejecutivo, por su parte, deriva el poder de dirigir el Ejército después de una declaración de guerra por parte del Legislativo de la sección 2 del artículo 2 de la ley suprema, que nombra al Presidente comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. La separación de poderes no es casual: la autoridad del Congreso para declarar la guerra fue una ruptura revolucionaria con el pasado, cuando un puñado de reyes europeos tenían el poder absoluto (y el hábito) de enviar a sus súbditos a la muerte en guerras supuestamente libradas por el "bien común". Si Estados Unidos iba a sobrevivir como república -razonaron los redactores de la Constitución- entonces las declaraciones de guerra requerían un cuidadoso debate en foros abiertos entre los representantes del pueblo.

En violación a esto, la guerra estadounidense al terror -librada principalmente en el Medio Oriente, pero también en partes de Asia y África- se ha ido expandiendo bajo el amparo de la Autorización para el uso de la fuerza militar (AUMF, por sus siglas en inglés), ley sancionada por el Congreso en 2001 que otorga al Presidente la potestad de usar toda la "fuerza necesaria y apropiada" contra aquellos que "planearon, autorizaron, cometieron o ayudaron" a perpetrar los ataques del 11 de septiembre. Aunque 15 de los 19 secuestradores en los ataques del 11 de septiembre eran ciudadanos de Arabia Saudita, el AUMF ha sido utilizado por Bush, Obama y Trump para autorizar intervenciones militares en Afganistán, Filipinas, Georgia, Yemen, Yibuti, Kenia, Etiopía, Eritrea, Iraq y Somalia, entre otros países.

De manera similar, la guerra contra las drogas ha sido utilizada por las autoridades para justificar una inmensa cantidad de infracciones a los derechos civiles, incluyendo la confiscación ilegal de bienes privados y la recopilación ilegal de información a través del espionaje -en clara violación a la Cuarta Enmienda de la Constitución-. La prohibición también choca con el derecho a la privacidad implícito en varias enmiendas, que otorga a las personas la libertad de hacer con su cuerpo lo que les plazca, siempre y cuando terceros no se vean físicamente perjudicados por sus acciones. No es casual que para establecer la ley seca que rigió en los Estados Unidos entre 1920 y 1933 el Congreso consideró necesario enmendar la Constitución para hacerlo, provocando el auge del crimen organizado y de corrupción a niveles sin precedentes que eventualmente condujeron a la derogación de la Decimoctava Enmienda.

La legalización del cáñamo es un primer paso hacia la liberación de un mercado que ha sido injustamente castigado por la prohibición del cannabis en el año 1937. "La importancia de este cambio de ley no debe ser subestimada", dijo Paul Armentano, subdirector de la Organización Nacional para la Reforma de las Leyes de Marihuana (NORML), en un comunicado luego de que Trump promulgara el Farm Bill el jueves. "Esta ley marca el primer cambio en la clasificación federal de la planta de cannabis desde que fue clasificada como sustancia controlada de primer grado por el Congreso en 1970, y allana el camino para el primer cultivo de cáñamo comercial autorizado por el gobierno federal desde la Segunda Guerra Mundial", agregó.

La buena noticia se vio reforzada por otros avances en el ámbito de la justicia penal a través del First Step Act, los cuales ayudarán a aliviar los problema de encarcelación masiva y discriminación racial que fueron agravados en el país tras la criminalización de las drogas. El proyecto de ley toma varias medidas para reducir las sentencias mínimas obligatorias bajo la ley federal y hace retroactivas las reformas promulgadas por la Ley de Sentencias Justas de 2010 (Fair Sentencing Act), que redujo la disparidad entre las sentencias por consumo de crack, por un lado, y de cocaína en polvo, por otro. También reduce de 20 a 15 años la sentencia mínima obligatoria para delitos graves de drogas, y de perpetua a 25 años para condenas por un tercer delito violento o de narcotráfico. Los reclusos que no han sido condenados por delitos violentos podrán reducir su sentencia participando en programas de rehabilitación, educativos o de formación profesional en las cárceles.

"Fiel a su nombre, este proyecto de ley de reforma de prisiones y sentencias es un primer paso muy necesario para centrar nuestra atención en la rehabilitación y la reinserción de los delincuentes, en lugar de secuestrar a todas las personas que alguna vez se equivocaron con las drogas, encerrarlas y botar la llave", dijo en un comunicado el Senador Rand Paul, uno de los principales promotores de la ley.

La decisión de Trump de retirar sus tropas de Siria contrarresta una larga tradición de presidentes estadounidenses tendientes a invadir países extranjeros y a permanecer allí indefinidamente bajo la presunción de ser los policías del mundo. No obstante las críticas de sus principales asesores, la determinación de Trump de dar por finalizada a una de las muchas batallas en el Medio Oriente representa un giro significativo de una política exterior que en las últimas dos décadas sólo ha servido para expandir el terrorismo, la guerra y el déficit fiscal.

Desafortunadamente, el progreso del presidente Trump en Siria fue ofuscado por su decisión de continuar apoyando a Arabia Saudita en su sangrienta guerra en Yemen. En un voto histórico la semana pasada, el Senado de los Estados Unidos votó por 56-41 a favor de una resolución para frenar el apoyo militar a Riad en Yemen. La medida invocó la Resolución de los poderes de guerra (War Powers Act), una ley de 1973 que le da al Congreso el poder de exigir del Ejecutivo el cese de una acción militar en curso. La iniciativa da un plazo de 30 días a la Casa Blanca para retirar las tropas de EEUU que haya en el Yemen, salvo las que estén dedicadas a combatir a las facciones locales de Al Qaeda. Por primera vez desde la guerra de Vietnam, una rama del Legislativo votó para impedir que un presidente involucrara a Estados Unidos en una guerra no declarada oficialmente.

Sin embargo, la iniciativa no tendrá consecuencias inmediatas debido a una furtiva maniobra de los líderes republicanos en la Cámara de Representantes, que el mismo día de la votación en el Senado incorporaron en el mismo Farm Bill que legalizó el cáñamo una resolución  que prohibió la aplicación del War Powers Act con respecto a Yemen durante las remanentes sesiones legislativas de este año. La resolución fue aprobada en la Cámara por un estrecho margen de 206 a 203 votos, efectivamente bloqueando el debate sobre la guerra en Yemen hasta el año próximo.

El diablo -dice el refrán- está en los detalles, y también en Estados Unidos la dirigencia política logra ensuciar lo que a primera vista parece inofensivo. 

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