Los castigos fueron establecidos por el Departamento del Tesoro sobre dos decenas de instituciones bancarias y de inversión que, según EEUU, contribuyen al apoyo económico de la fuerza paramilitar Voluntarios Islámicos iraní (Basij), que EEUU vincula con el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución.
Todas estas entidades están ubicadas en territorio iraní y se encuentran bajo el paraguas de la Fundación Cooperativa Basij, que emplea "empresas fantasmas" para ocultar sus fines, informaron en una rueda de prensa telefónica funcionarios estadounidenses.
Esas compañías tienen "importantes negocios en Oriente Medio y con Europa", y abarcan sectores como el motor o la minería en Irán, señalaron esos funcionarios.
De acuerdo con estos mismos cargos públicos, el objetivo de las medidas es limitar la asistencia económica a Basij, ya que la red de veinte empresas conforma una industria multidisciplinar de miles de millones de dólares, aunque no precisaron una cifra.
Las sanciones contemplan el bloqueo de cualquier activo que tengan esas entidades en suelo estadounidense y la prohibición de las transacciones con empresas o personas en EEUU, por lo que también afectarían a cualquier banco estadounidense que trate de hacer negocios con las instituciones iraníes.
Los funcionarios estadounidenses señalaron que algunas de esas empresas tienen "ramificaciones" y lazos en el exterior, por lo que la intención de EEUU es dejar claro a la "comunidad internacional" que "hacer negocios con esta red tiene consecuencias humanitarias".
La Basij, de acuerdo a EEUU, "tiene ramas en cada ciudad de Irán", donde comenten "serios abusos de derechos humanos" y reclutan a soldados para combatir en distintos conflictos en la región, entre ellos Siria.
"Están involucrados en el reclutamiento de niños soldados -los más jóvenes de doce años-. Los envían a Siria para luchar. También reclutan inmigrantes afganos, incluso niños, para que formen parte de sus milicias. Algunos de estos niños han luchado y muerto en Siria", aseguró uno de los funcionarios.
El presidente estadounidense, Donald Trump, decidió en mayo retirar unilateralmente a su país del acuerdo nuclear firmado en 2015 entre Irán y seis grandes potencias y volver a imponer sanciones a Teherán.
En noviembre entra en vigor la segunda ronda de estas medidas, que afecta a las transacciones con el Banco Central de Irán y al sector petrolero, vital para la economía del país
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