"Este día, el Departamento de Estado revocó visas de otros individuos responsables de abusos contra los Derechos Humanos y/o por socavar la democracia en Nicaragua", indicó la embajadora estadounidense, Laura Dogu, en una declaración pública.
La diplomática agregó que mientras el Gobierno nicaragüense "siga usando violencia para reprimir protestas pacíficas, seguiremos revocando visas de los responsables".
El pasado 7 de junio, la Administración del presiente Donald Trump decidió restringir los visados a los individuos responsables de abusos de derechos humanos y culpables de socavar la democracia nicaragüense.
En esa ocasión los afectados por estas restricciones fueron funcionarios de la Policía Nacional, de gobiernos municipales y del Ministerio de Salud, "especialmente los que dirigen o supervisan la violencia contra quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión".
Ni en ese comunicado, ni en el de ahora Estados Unidos ha precisado el número total de personas sancionadas bajo esta medida ni los ha identificado.
Washington atribuye a las normas de confidencialidad el hecho de que no identifique públicamente a los implicados.
Un grupo de legisladores estadounidenses ha pedido a Trump que sancionase en concreto a dos funcionarios nicaragüenses, Francisco Díaz, jefe de la Policía de Nicaragua, y Francisco López, tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ambos muy próximos al presidente, Daniel Ortega, por su responsabilidad en la represión de las protestas antigubernamentales.
Este jueves la embajada estadounidense confirmó que solicitó a la Policía de Nicaragua la devolución o el pago de los vehículos que donó EE.UU. a la institución al considerar que están siendo utilizados para "reprimir" al pueblo en el marco de las protestas que han causado 285 muertos en el país.
Nicaragua cumplió este jueves 72 días desde que se inició la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Daniel Ortega también como presidente, y que ha acabado con la vida de al menos 285 personas, según cifras de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).
Con información de EFE
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