Cuenta regresiva para los "dreamers": ¿podrán quedarse en EEUU o serán obligados a irse?

La primera cuenta regresiva llegó a cero y la bomba explotó, tras el fracaso de todos los intentos por desactivarla. El senador Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana, había dicho que la cámara alta tenía hasta el viernes para aprobar una reforma migratoria que contemplara una solución para los inmigrantes sin papeles que llegaron al país siendo niños, los llamados dreamers. Sin embargo, ninguno de los cuatro proyectos presentados pudo reunir el apoyo suficiente.

No era fácil. Cualquier iniciativa necesitaba 60 votos para ser aprobada, pero el Partido Republicano controla sólo 51 de las 100 bancas. Eso significa que la única salida pasaba por un acuerdo bipartidista, en uno de los momentos de mayor enfrentamiento entre los dos soportes de la democracia estadounidense.

La mayor esperanza estaba puesta en una iniciativa impulsada por 16 legisladores de ambos partidos, que vienen trabajando en el tema desde hace varios meses. Le otorgaba la ciudadanía a más de 2 millones de indocumentados y, a la vez, pretendía cubrir las exigencias del presidente Donald Trump: asignaba un refuerzo presupuestario de 25.000 millones de dólares a la seguridad en la frontera con México y dejaba a los padres de los dreamers sin ciudadanía.

Pero fue el propio Trump el que boicoteó la propuesta. Antes de la votación en el pleno de la cámara, usó su cuenta de Twitter para decir que su aprobación sería "una catástrofe total", porque supondría "el fin de los controles migratorios" y concedería una "amnistía gigante, incluso para criminales peligrosos". El conteo se quedó en 54 senadores, seis menos de los necesarios.

En el fondo, lo que más molestó al mandatario es que no incluía expresamente financiamiento para su mayor anhelo: el muro fronterizo. De todos modos, tampoco prosperó la reforma auspiciada por él, que además de garantizar los recursos para el megaproyecto, terminaba con la posibilidad de que un inmigrante legal auspiciara la llegada de un familiar —la "migración en cadena"— y ponía fin a la "lotería de visas", por la cual se les abren las puertas a personas de comunidades poco numerosas.

No sólo lo rechazaron los demócratas. También votaron en contra 14 senadores republicanos. La misma suerte corrieron otras dos propuestas con cambios parciales.

"A esta altura, parece que ninguna norma relacionada a los dreamers podrá progresar fuera del Senado. Considerando la insistencia del presidente en que sólo firmaría una ley que refleje el marco normativo de la Casa Blanca, muchos republicanos confiaban en que prosperaría la enmienda promovida por el senador Chuck Grassley, elaborada en espejo a ese marco. Pero fue la propuesta que menos apoyo recibió de las cuatro", dijo a Infobae Sarah Pierce, analista en políticas públicas del Programa de Inmigración en Estados Unidos del Instituto de Políticas Migratorias, think tank con sede Washington D.C.

Si bien se cumplió el plazo estipulado por McConnell al comienzo de la semana, la discusión no está cerrada. Probablemente no lo esté hasta el 5 de marzo, cuando se vence la protección especial concedida a unos 700 mil dreamers por el gobierno de Barack Obama en 2012. Pero los pronósticos son aciagos.

"Lamentablemente, creo que lo más probable es que el Congreso fracase en llegar a una resolución. Hay una pequeña posibilidad de que haya un arreglo en el Senado, pero cualquier acuerdo que consiga los 60 votos difícilmente podría pasar en la Cámara de Representantes, donde los republicanos de línea dura ejercen un efectivo poder de veto sobre el liderazgo de la cámara", explicó Edward Alden, investigador del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, consultado por Infobae.

La cuestión migratoria, otro episodio del duelo Trump vs Obama

Era una de las mayores ambiciones de Obama. Dejar como legado una amplia reforma migratoria, que le diera un estatus legal a los más de 11 millones de personas que habían llegado ilegalmente a Estados Unidos desde diferentes países, pero con la intención de trabajar.

El primer paso fue la firma de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por su nombre en inglés), anunciada el 15 de junio de 2012. La medida les permitió a los menores de 31 años que habían ingresado irregularmente al país siendo niños solicitar una autorización para permanecer por un período renovable de dos años y acceder a un permiso de trabajo. Entre otros requisitos, se les exigía estar en la escuela o haberse graduado y no haber cometido delitos.

Se estima que 1.7 millón de personas estaban en condiciones de aplicar al programa. Lo hicieron más de 800 mil, de las cuales fueron aceptadas un poco más de 700 mil.

El segundo paso corrió por cuenta del Senado el 27 de junio de 2013, cuando el Partido Demócrata aún conservaba la mayoría. Le dio media sanción a un texto que les permitía acceder a la ciudadanía a 11 millones de inmigrantes sin papeles. Al mismo tiempo, fortalecía los controles fronterizos e incentivaba un sistema de migración meritocrática. La idea era regularizar la situación de los que ya estaban en el país, aunque evitando que hubiera un flujo descontrolado.

Pero la norma nunca avanzó en la Cámara de Representantes, que ya estaba en manos del Partido Republicano. Consciente de que nunca iba a conseguir pleno apoyo parlamentario para su plan, Obama tomó una controvertida decisión: saltear al Congreso. A través de una serie de órdenes ejecutivas firmadas en noviembre de 2014, trató de implementar buena parte de lo que había aprobado el Senado un año antes.

No obstante, la Justicia frenó los decretos por considerarlos inconstitucionales. Por esa razón, cuando terminó su mandato, lo único que quedaba en pie del amplio plan migratorio de Obama era la DACA.

"La inmigración estuvo fuera de control durante los 90 y comienzos de los 2000, período en el que entraron ilegalmente 10 millones de personas, en su mayoría mexicanos. Estados Unidos no lidió nunca con ese problema, ni controlando la frontera, ni ofreciendo nuevos canales legales para los migrantes. Como resultado, el público perdió la confianza en la capacidad del gobierno para manejar la situación", sostuvo Alden.

Donald Trump ganó las elecciones de 2016 aprovechando ese trasfondo para apuntar a la inmigración como una de las causas del supuesto derrumbe de Estados Unidos. Ese discurso se volvió especialmente potente por la crisis económica de 2008, que provocó un deterioro en las condiciones de vida de gran parte de la clase obrera blanca, que siempre tuvo reparos con los inmigrantes.

En ese contexto, Trump propuso la construcción del excéntrico muro en la frontera sur y terminar con la DACA. Para lo primero necesitaba del acompañamiento legislativo, porque es un asunto presupuestario. Durante su primer año no lo consiguió, a pesar de su insistencia. Pero para lo otro no tenía que consultar a nadie, así que en septiembre anunció el fin del programa y fijó como fecha de vencimiento el próximo 5 de marzo.

Sabiendo que sería un golpe para los demócratas dejar sin ninguna protección a los dreamers, el Presidente les ofreció un trato. Aceptaría rescatarlos con la condición de que sus rivales le concedan financiamiento para el muro y acompañen un endurecimiento de la política migratoria.

Convencido de esa estrategia, se mostró dispuesto a que se extienda indefinidamente el cierre del gobierno federal, que se produjo el 20 de enero pasado ante la falta de acuerdo en la confección del presupuesto para 2018. La Administración Pública reabrió dos días después, con el compromiso por parte de los líderes del Congreso de encontrar una respuesta a la cuestión migratoria. Pero el 5 de marzo se acerca y las soluciones no aparecen.

El difícil futuro de los dreamers

La indefinición en torno a los dreamers se explica en gran medida por lo divididas que están la clase política y la opinión pública en torno a la inmigración. De un lado están los que sostienen que enriquece al país, y que aquellos que llegaron para trabajar y progresar son una parte inalienable de la sociedad, que no puede ser extirpada.

Del otro lado se encuentran los que advierten sobre los riesgos de avalar a personas que entraron ilegalmente, ya que sería una forma de alentar a otros a hacer lo mismo. En el extremo, están quienes ven a los inmigrantes como una amenaza para la identidad cultural y para los trabajadores estadounidenses.

Esta división no es nueva. La inmigración es siempre un desafío para los países receptores, sobre todo cuando es masiva. Lo curioso del caso estadounidense es la enorme dificultad de la dirigencia política para llegar a un punto consenso.

"Hay una variedad de razones por las cuales el Gobierno ha tenido tantos problemas para tratar este tema, incluyendo los cambios demográficos experimentados por el país y el auge del sentimiento populista —dijo Pierce—. Adicionalmente, hubo un efecto bola de nieve. No hay una reforma importante del sistema migratorio desde 1990. Cuanto más tiempo pasa, éste se va quebrando cada vez más y se politiza la discusión".

En este escenario tan complejo, lo más probable es que no haya nada que reemplace a la DACA y que salvaguarde a los dreamers. Su única esperanza es la Justicia.

"Por el momento —señaló Alden—, los tribunales determinaron que la Administración tiene que continuar con el proceso de renovación de los beneficiarios de la DACA, y de hecho lo está haciendo. Pero, si la Corte Suprema termina fallando a favor del gobierno de Trump, muchos dreamers comenzarán a perder su estatus cada día".

La consecuencia inmediata para quienes pierdan el beneficio será la imposibilidad de trabajar legalmente y de ir a la universidad. Pero su mayor temor es ser deportados. Las autoridades migratorias estarán autorizadas a hacerlo.

"El Gobierno dice que quienes estaban inscriptos en la DACA no serán una prioridad para los agentes de control. Sin embargo, muchos defensores de su causa están indicando que hay casos en las que algunos beneficiarios han sido detenidos", afirmó Tom K. Wong, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de California, San Diego, en diálogo con Infobae.

De todas maneras, si bien es cierto que quedarán desprotegidos, nada hace prever que se pueda desatar una cacería que los expulse a todos del país en el corto o mediano plazo. "En Estados Unidos tenemos más de 11 millones de inmigrantes ilegales, pero el Gobierno deporta sólo a una pequeña porción de ellos cada año. Por eso es poco probable que muchos beneficiarios de la DACA sean deportados", concluyó Pierce.

LEA MÁS: