Un juez federal de los EEUU bloqueó este martes el intento del presidente Donald Trump de reemplazar el programa migratorio DACA, que brindaba protección legal a los jóvenes inmigrantes que ingresaron al país ilegalmente cuando eran niños.
El juez de San Francisco William Alsup emitió una decisión de 49 páginas, en la que se ordena a la administración que reviva parcialmente la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y siga recibiendo solicitudes de jóvenes indocumentados que quieren frenar su deportación, hasta que se hayan resuelto todos los desafíos legales pendientes en diferentes cortes del país.
El juez de la corte del distrito norte de California califica de "arbitraria y caprichosa" la determinación que Trump tomó el pasado septiembre para acabar con el DACA y dar al Congreso hasta el 5 de marzo para solucionar la situación de sus beneficiarios.
El plan DACA fue promulgado por el ex presidente Barack Obama en 2012 y protegió de la deportación y otorgó un permiso de trabajo temporal a unos 690.000 jóvenes que llegaron a los Estados Unidos de niños, conocidos como "soñadores".
En el fallo emitido, el juez Alsup considera que el Gobierno de Trump tiene la obligación de volver a aceptar las solicitudes de renovación a DACA por parte de aquellos individuos que ya habían recibido previamente los beneficios de este programa y que ahora se están quedando sin protección.
Sin embargo, no pide al Gobierno de Trump que acepte nuevas solicitudes por parte de jóvenes que nunca antes se habían inscrito en el programa DACA.
El magistrado hace esta distinción porque considera que los demandantes, entre los que se encuentra la Universidad de California, han conseguido demostrar que los beneficiarios de DACA, sus familias, escuelas y comunidades sufrirían un "daño irreparable" si la extinción del programa sigue adelante.
Con el fin de evitar ese daño, el juez ordenó a Trump mantener parcialmente vivo el programa hasta que haya una solución definitiva en todos los litigios pendientes sobre DACA.
Entre esos casos se encuentra, por ejemplo, la demanda que interpusieron el 11 de septiembre pasado de manera conjunta los estados de California, Maryland, Maine y Minnesota, que albergan, en total, a 238.000 "soñadores".
Esos estados alegan que el fin del DACA perturbará la vida de sus habitantes, provocará grandes daños a sus economías y ocasionará pérdidas a sus compañías, universidades y centros de investigación que dan empleo a los jóvenes indocumentados, pues con el fin del programa ya no podrían trabajar legalmente.
La decisión adoptada por el juez Alsup, que fue nombrado para su puesto en 1999 por el presidente Bill Clinton, tiene carácter temporal y es probable que el Ejecutivo interponga un recurso.
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