Un juez federal de Hawaii bloqueó este martes temporalmente el tercer veto migratorio impuesto por el presidente Donald Trump, cuya entrada en vigor estaba prevista para este miércoles, por considerarlo discriminatorio.
El nuevo veto, proclamado el 24 de septiembre pasado, impide de manera indefinida la entrada a EEUU de la mayoría de ciudadanos de Irán, Libia, Siria, Yemen, Somalia, Chad y Corea del Norte, así como a ciertos funcionarios de Venezuela y sus familiares, si bien la orden del juez no afecta a estos dos últimos países.
El magistrado Derrick Watson, de Honolulú, emitió el dictamen en respuesta a una demanda presentada por el estado de Hawaii, por una mezquita de la citada ciudad, un imán y por dos residentes de ese estado con familiares en los países afectados.
Según el juez, el veto decretado por Trump "claramente discrimina en base a la nacionalidad".
La polémica medida del presidente "sufre precisamente los mismos problemas que su predecesor: carece de suficiente base para mantener que la entrada de más de 150 millones de nacionales de los seis países especificados sería perjudicial para los intereses de EEUU", explicó Watson.
El 18 de octubre era el día que marcó Trump para la implementación de su nuevo veto, pero ahora no podrá entrar en vigor en lo que se refiere a los seis países de mayoría musulmana, aunque es previsible que el Gobierno interponga un recurso contra la orden del juez.
En el caso de Venezuela, las restricciones solo afectan a algunos funcionarios y su "familia inmediata".
En concreto, quedan sancionados los funcionarios de Venezuela encargados de proporcionar a EEUU información sobre la identidad de los venezolanos que ingresan a su territorio, es decir, los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, así como del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, entre otras instituciones.
Según afirmó Trump en la proclamación de su veto, el gobierno de Nicolás Maduro "no coopera en verificar si sus ciudadanos representan amenazas para la seguridad nacional o la seguridad pública" de EEUU y, además, se niega a "compartir adecuadamente información relacionada con seguridad pública y terrorismo".
En respuesta, Trump decidió restringir la entrada a territorio estadounidense de los funcionarios encargados de esas funciones con el objetivo de presionar al Ejecutivo Venezolano a mejorar su intercambio de información con EEUU.
La mayoría de los venezolanos no sufrirán esos impedimentos porque el gobierno de Trump es capaz de verificar su información personal acudiendo a "fuentes alternativas", cuyo origen no se especifica en la orden presidencial del veto.
No obstante, a partir de este miércoles, los venezolanos que estén en Estados Unidos con un visado podrán ser sujeto de "medidas adicionales apropiadas" para garantizar que su información está actualizada y en regla.
Nada más proclamarse las medidas, en septiembre, el gobierno venezolano expresó su rechazo a la "irracional" decisión de Trump, aunque su vicepresidente, Tareck el Aissami, también consideró que las restricciones son un "honor" y un "trofeo", pues se engloban dentro de la campaña de EEUU contra la revolución bolivariana.
Trump incluyó también en su veto a Corea del Norte, que tampoco se ha visto afectada por el bloqueo de la medida, porque el régimen de Kim Jong-un se niega a intercambiar "cualquier tipo" de información de EEUU, según consta en su proclamación presidencial.
Mientras tanto, Chad, también de mayoría musulmana y un importante aliado de EEUU en la lucha contra el terrorismo, aparece entre las naciones con restricciones porque presenta "deficiencias" en el intercambio de información y porque varios grupos terroristas, como Boko Haram y Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), operan en su territorio o cerca de él.
Además de Hawaii, otros estados progresistas y grupos defensores de los derechos civiles, como la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU), han presentado iniciativas para combatir el veto de Trump en los tribunales.
La última palabra la tendrá el Tribunal Supremo, que debe decidir en las próximas semanas si acepta estudiar la legalidad de las medidas proclamadas por Trump en septiembre.
Con información de EFE
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