“Hundimientos y desabasto de agua”: las amenazas de la polémica remodelación Conjunto Estadio Azteca

Luego de que el proyecto Conjunto Estadio Azteca (CEA) viera la luz y se revelaran las intenciones de la empresa Altavista Sur Inmobiliaria y Fútbol del Distrito Federal, la planeación de este proyecto vio un duro revés en cuanto a desaprobación, pues se organizaron distintos grupos de protesta para divulgar la otra cara de la remodelación.

Al grito de “No al proyecto Estadio Azteca”, tanto en las calles de las alcaldías Tlalpan y Coyoacán, como en las redes sociales mediante el mismo hashtag, los reclamos se han hecho notar bajo la principal premisa de un eventual desabasto de agua por la mega edificación que involucra un hotel y centro comercial junto al Azteca.

Tanto en el proyecto CEA, como en todas las obras arquitectónicas que se realizan en la Ciudad de México, para que sean aprobadas deben pasar, principalmente, por las manos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi); Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), y en este caso particular, del Sistema de Aguas de la CDMX (Sacmex), quienes son las encargadas de evaluar que las edificaciones no representen un daño al medio ambiente ni a la población en general.

Alrededor de estas organizaciones públicas giran las principales críticas y reclamos, pues argumentan querer beneficiar a empresas privadas mediante la aprobación de este tipo de proyectos que atentan contra la vida digna de los vecinos.

“Se nos señalan supuestos beneficios, que en realidad ocultan impactos más profundos como la perforación de un pozo de 300 metros de profundidad que se encuentra a menos de 500 metros de otros 2 pozos, lo cual vulnera el suelo y provoca hundimientos”, explica uno de los colectivos ciudadanos, Comité Cerezo México, en declaraciones recogidas por Infobae México.

Y es que la remodelación del Conjunto Estadio Azteca tiene proyectado un consumo diario de agua de 567 mil 731 litros, para lo que han propuesto la creación de un nuevo pozo de extracción comunal con capacidad para 2 millones 592 mil litros, donado por la misma administración del proyecto y que estará gestionada por el Sacmex.

A pesar de que la propuesta también incluye la construcción de una planta para tratamiento de aguas pluviales, sustitución de más de 4 mil metros de tubería para agua potable y otros 2 mil 300 metros de tubería para agua tratada, los colectivos de rechazo argumentan que no son medidas suficientes ni correctas para evitar perjudicar a la población a largo plazo.

“La Sedema ha fungido un papel importante para engañar a las y los vecinos y emitir lo más rápido posible una Manifestación de Impacto Ambiental que favorezca a la familia Azcárraga”, expresó el Comité Cerezo, quienes también han reiterado que la zona ya tiene afectaciones actuales que involucran el tandeo de agua.

Lo peor para estos grupos es el cambio de opinión y dictámenes que han tenido las autoridades correspondientes. En primer lugar cuando en 2018 la Seduvi facilitó un polígono de actuación en el que se cambió el uso de suelo para cuatro predios a la empresa responsable del proyecto, donde se autorizó poder hacer este tipo de construcciones en zonas aledañas al Estadio Azteca al obtener el permiso como “uso habitacional mixto” y no más “equipamiento”.

Adicionalmente, el Sistema de Aguas de la CDMX (Sacmex) habría rectificado su primera resolución en 2019 de rechazo al proyecto, luego de las soluciones implementadas por la constructora que involucran otros cinco pozos de absorción y una planta potabilizadora con más de 7 millones 400 mil de litros, algo que tampoco sentó bien a los ciudadanos y que incentivaron las protestas.

“El gobierno acepta cínicamente que no tiene presupuesto para garantizar los derechos humanos, por ejemplo, el derecho humano al agua de los habitantes de la zona de los pedregales y por eso está a favor de las “migajas de mitigación” que la empresa desarrolladora propone para que el gobierno apruebe la obra”, señala Fragua, de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (Olep).

Y es que el deseo de los colectivos de protesta es que una empresa privada, en este caso popularizada por el nombre de Emilio Azcárraga Jean de fondo, sea la que facilite el acceso al agua, empleo y mejoramiento de la zona, o en síntesis, de una vida digna; sino que argumentan que debería ser “acciones de gobierno”.

Por estos motivos los permisos por parte del Gobierno de la Ciudad de México todavía no han sido autorizados, ya que ahora dependen de una consulta vecinal en el que se espera la aprobación por parte de ciudadanos de las 18 colonias afectadas por el inmueble.

Al momento se ha llevado a cabo una sola consulta, la cual no hizo honor a su nombre, puesto que se pusieron a discusión los puntos que preocupan a los vecinos y no se llegó a ningún acuerdo, por lo que se pospuso la segunda consulta vecinal, misma que todavía no tiene fecha establecida.

Al mismo tiempo, vecinos acusan la falta de transparencia en este proceso y han expresado su preocupación por que se disfrace la consulta y no se haga con las medidas de seguridad y legalidad establecidas por la ley.

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