Más de 70 jubilados levantaron una denuncia de hechos en la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo contra la Cooperativa Cruz Azul por el delito de extorsión.
De acuerdo con la denuncia, el pasado 23 de febrero se les hizo saber a los jubilados a través de terceras personas que los directivos de la cooperativa habían ordenado el cese de los pagos y prestaciones mensuales. Asimismo señalaron que desde diciembre los titulares de los consejos de administración y vigilancia decidieron suspender los pagos de “pensión, haber social, revaluación, créditos, cooperativa de vivienda y caja de ahorros”.
De igual manera se les dejó sin servicios médicos como consultas en la Casa de Salud (y a domicilio), hospitalización, traslados hospitalarios, urgencias, atención odontológica, y estudios de laboratorio y gabinete. Ante esta serie de cambios, los jubilados intentaron establecer contacto con los directivos, pero no obtuvieron respuesta.
Solo a través de terceras personas los directivos “les mandaron decir” que la suspensión de sus derechos se debía a que “no habían llevado a cabo acción alguna a fin de que sus hijos, socios activos o prestadores de servicios en distintas instalaciones de la cooperativa, apoyen públicamente y por escrito las tareas propias de la gestión administrativa y/o de vigilancia”, según lo expresado en la denuncia.
Testimonios recabados por el columnista Héctor de Mauleón dieron cuenta de que los hijos de los socios jubilados habían señalado y denunciado a la administración anterior (la de Billy Álvarez) de fraudulenta. Sin embargo, con la nueva administración los socios jubilados fueron intimidados, tanto para que no manifestaran su desacuerdo como para que guardaran silencio sobre la suspensión de las prestaciones hasta que sus hijos rectificaran.
Algunos de los hijos de los afectados, según la denuncia de hechos, fueron también “conminados” a manifestar su apoyo y más tarde amenazados por la directiva con la pérdida de sus empleos, si no expresaban una postura favorable ante la nueva administración. También aseguraron que los directivos de la actual administración “consintieron” las prácticas autoritarias llevadas a cabo por Guillermo Álvarez Cuevas y las personas que formaban parte de su círculo cercano.
Varios de ellos han tenido que desplazarse a otros sitios en busca de atención para tratar sus enfermedades crónicas o cuadros clínicos especiales. Algunos incluso fueron obligados a presentar su renuncia.
En agosto de 2020, Guillermo Álvarez renunció a la dirección general de la cooperativa por lo que un cambio administrativo enfrentó toda la cooperativa cementera y en ese momento se inició un proceso legal para deslindar a Billy Álvarez de Cruz Azul y que se reconociera la nueva junta directiva encabezada por José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez.
Aunque el proceso de revocación de la de directiva inició en 2018, tuvieron que pasar dos años para que el empresario saliera de la institución y diera paso al grupo encabezado por Marín y Velázquez.
Enseguida entró en funciones los Consejos de Administración y Vigilancia quienes de inmediato emprendieron acciones para modificar el funcionamiento del equipo de fútbol y de toda la Cruz Azul. Desde el año pasado, se buscó deslindar por completo a Álvarez Cuevas de la cooperativa y se inició un proceso ante el Tribunal de la Ciudad de México.
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