Luego de realizar una investigación por supuestas prácticas monopólicas, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) resolvió sancionar a la Federación Mexicana de Futbol (FMF), así como ocho personas físicas y 17 instituciones deportivas por fijar un tope máximo a los salarios de las jugadores de los equipos femeniles, así como reproducir la conducta conocida como “pacto de caballeros”. A pesar de ello, dos equipos de la Liga MX no fueron acreedores a la multa.
En la lista donde incluso figuró el Club de Futbol Atlante, estuvieron ausentes el Futbol Club Juárez, así como el Atlético de San Luis, a pesar de que ambos equipos disputan partidos en el máximo circuito. El motivo por el cual no fueron sancionados es que su presencia no coincidió con el periodo de tiempo en el que se desahogaron las indagatorias. Cabe mencionar que ambas instituciones debutaron en el Apertura 2019.
Acerca del primer motivo de la investigación, la institución aseguró que “la práctica, cuya duración fue de noviembre de 2016 a mayo de 2019, constituyó un acuerdo colusorio entre los clubes que tuvo objeto y efecto de manipular los precios -en este caso de los salarios de las jugadoras- y evitar que los equipos compitieran por su contratación mediante mejores salarios, lo que no solo repercutió negativamente en su ingreso, sino que también tuvo como consecuencia ampliar la brecha salarial por razón de género”.
Uno de los requerimientos que la FMF impuso para que un equipo pueda formar parte de la Primera División es contar con un equipo femenil. En ese sentido, no fue sino hasta la afiliación de San Luis y Juárez a la Liga MX cuando cumplieron con dicho requerimiento. El primer torneo que disputaron las jugadoras de ambas instituciones fue el Apertura 2019, con inicio en julio de ese año, es decir dos meses después de haber concluido la investigación.
El “pacto de caballeros” fue la segunda línea de indagación perseguida por la COFECE. En ese caso “los 17 clubes sancionados, con coadyuvancia de la FMF, acordaron aplicar el derecho de retención, mediante el cual cada club afiliado a la Federación registraba ante esta a los jugadores con los que tenían un contrato, pero a su vencimiento mantenían el derecho de retenerlos”.
La práctica impedía a los futbolistas ser contratados por otro club sin la autorización previa de su equipo más reciente, aunque ya no mantuvieran una relación contractual vigente. De igual forma, fue implementada por al menos 10 años, de junio de 2008 a diciembre de 2018. Si bien los dos equipos no fueron incluidos en la lista de entidades sancionadas, no se descartó su posible participación, pues “varios agentes económicos participaron por un periodo menor”.
El equipo conocido como Bravos de Juárez fue fundado el 29 de mayo de 2015 por un grupo de empresarios liderados por Alejandra de la Vega. Desde entonces, el cuadro fronterizo se integró a la Liga de Ascenso, donde disputó ocho torneos hasta conseguir un lugar en la Primera División en el torneo Apertura 2019. El trámite fue concretado gracias a la sustitución del certificado de afiliación que mantuvo a los Lobos BUAP en la Liga MX.
Por su parte, el equipo que hoy juega en la plaza de San Luis Potosí fue fundado en 2013 nuevamente, luego de la mudanza de los Tiburones Rojos del Veracruz a dicho estado. Durante algunos años compitió bajo el nombre de San Luis, aunque en 2017 se concretó la inversión de los colchoneros y la identidad cambió a Atlético de San Luis. Desde su refundación participó en la Liga de Ascenso.
Tanto Juárez como San Luis llegaron a la Primera División en medio de polémicas decisiones en torno a la eliminación del ascenso y descenso. Ambas escuadras pudieron mantenerse en el circuito gracias a la determinación, aunque ya fueron acreedores al pago de una millonaria multa por haber finalizado el año futbolístico más reciente en los últimos lugares de la tabla porcentual.
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