Socios de la Cooperativa La Cruz Azul acusaron que la parte disidente de la organización ha actuado en complicidad de las autoridades mexicanas. En específico, señalan a José Manuel Salazar Uribe, juez sexagésimo de lo Civil en la Ciudad de México.
Por medio de una conferencia de prensa, los cooperativistas indicaron que el juzgador ha actuado a favor de Víctor Velázquez y José Antonio Marín, quienes han sido las cabezas que están en contra de Guillermo Álvarez, director general de la empresa y presidente del equipo deportivo.
Aseguraron que Salazar Uribe “reconoció” el Consejo de Administración conformado por Marín y Velázquez. Esto, “sin sujetarse a los procesos de ley ni reconocer las fallas y violaciones procesales”, expresaron.
Recordaron que el mismo juzgador fue quien señaló que la Asamblea General, pactada para este miércoles 26 de agosto, fuera cancelada por temas de protocolos de salud. “Determina una garantía que debería cubrirse hoy, justamente cuando el mismo juez descansa y no procede la entrega de la misma”, detallaron.
“Ha violado reiteradamente la ley, haciendo vendettas (venganzas) evidentes a favor de los disidentes, que están pisando los derechos que por ley tiene los cooperativistas de La Cruz Azul y evidenciando que sus intereses están por encima de la colectividad, la legalidad y la autoridad”, aseveraron.
También se pronunciaron por las órdenes de aprehensión en contra de Guillermo Álvarez, su hijo Robin Álvarez, así como los socios que conforman la Junta de Gobierno. Estas fueron dadas a conocer este lunes por medios locales.
“Dichas órdenes no respetan el debido proceso y la presunción de inocencia, ya que ninguno de los imputados fue notificado de proceso alguno, es decir, las órdenes se liberaron violando absolutamente todos los procesos, por lo que exigimos una investigación al respecto”, instaron.
Y es que, de acuerdo con artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, Guillermo Álvarez su hijo Robin Álvarez, así como los socios, deben de recibir primero un citatorio para presentarse ante un juez.
El artículo reza que, de haber datos que establezcan que se ha cometido un delito, un juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar un “citatorio al imputado para la audiencia inicial”.
En caso de que el imputado no haya comparecido sin justificación, el juez dictará una orden de comparecencia, a través de la fuerza pública. Asimismo, podrá girar una “orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela”.
“Por este medio, solicitamos de la manera más respetuosa al Dr. Rafael Guerra Álvarez, presidente del tribunal de justicia de la Ciudad de México, su intervención en este conflicto que pone entredicho la veracidad y equidad de justicia a la que todos los mexicanos tenemos derecho”, indicaron.
Explicaron que estas “artimañas jurídicas” son muestra del “evidente temor que tiene José Antonio Marín y Víctor Manuel Veláquez de ser juzgados por las autoridades de la misma Cooperativa y posteriormente por las autoridades judiciales”.
Por último, reiteraron que la Asamblea General Ordinaria será celebrada este miércoles, cumpliendo las medidas de sanidad que piden las autoridades. “Estaremos presentes mañana en la asamblea para definir el rumbo de la organización”, indicaron.
Además, pidieron a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, las facilidades para que se realice la Asamblea “en absoluta transparencia y seguridad”. “Vamos por la asamblea general e impidamos que la ilegalidad jurídica detenga nuestro derecho de decidir el rumbo”, finalizaron.
MÁS SOBRE ESTE TEMA