El abogado de Jesús Chaín Oceguera y Rafael Sánchez Cano, empresarios que en su momento denunciaron a Ana Gabriela Guevara y otros funcionarios por fraude y extorsión, aseguró que la teoría de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) es “ilógica”. Esto después de que la jueza Lisbeth Aurelia Jiménez vinculó a proceso a sus clientes.
Este domingo se celebró la audiencia donde se les vinculó a proceso a los empresarios por su probable responsabilidad en la desaparición de un ciudadano. Además, fijó una investigación complementaria de tres meses y ratificó la prisión preventiva oficiosa mientras se llevan a cabo los juicios.
La jueza de Control del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Poza Rica argumentó que sí hay indicios de que los empresarios hayan participado en la desaparición de Édgar Álvarez, debido a que el último lugar donde se tuvo conocimiento del ciudadano fue en el despacho de Sánchez Cano y Chaín Oceguera.
No obstante, la juzgadora reconoció que por el momento no existen pruebas suficientes para determinar la responsabilidad de los inculpados.
“Si estas personas tienen intereses contrarios y pugnas legales tanto en la denuncia de extorsión y la de tentativa de homicidio, es ilógica la teoría del caso, la hipótesis que expone la Fiscalía Veracruzana en el sentido de que existe una confabulación de todos, incluyendo a la ex alcaldesa, con los empresarios para desaparecer a esta persona”, declaró Raúl Cid Osorio, abogado de los empresarios, al periodista Víctor Hugo Arteaga.
Y es que el pasado martes en la ciudad de Boca del Río, en el estado de Veracruz, Sánchez Cano y Chaín fueron detenidos en la redacción del periódico Contrarréplica. La FGE los acusó de la supuesta desaparición de Edgar Álvarez, quien el pasado 25 de marzo se presentó en la oficina de los abogados a cobrar una presunta extorsión de 2.5 millones de pesos.
Vale recordar que los empresarios denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la ex alcaldesa Armida Ramírez Corral y a funcionarios de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), entre ellos a su titular Ana Gabriela Guevara. El motivo es el supuesto fraude y extorsión en una licitación de 16.9 millones de pesos.
Además, antes de ratificar su proceso ante la FGR, denunciaron un atentado con armas de alto calibre, donde señalan la participación de Ramírez. “La conclusión del atentado del que fueron víctimas mis clientes es porque momentos antes de la balacera vieron “perfectamente” a Armida”, dijo Cid Osorio.
“Por eso hacen esa conjetura (la FGE) fundada en que ya venían haciendo el rastreo por parte de ella y minutos después sufren el atentado. Ella está señalada como presunta autora de esta tentativa de homicidio”, abundó.
Dictan prisión preventiva a Armida Ramírez
La jueza Lizbeth Aurelia Jiménez también estuvo al frente de la audiencia de Ramírez Corral. El 21 de julio se le dictó prisión preventiva oficiosa, igual a la medida cautelar que horas antes impuso a los empresarios.
Este lunes a las 09:00 horas (tiempo local) continuará la audiencia de vinculación a proceso, acordaron los abogados defensores y la jueza de control.
De acuerdo con Arteaga, la FGR y la Secretaría de la Función Pública (SFP) tienen pruebas de que Ramírez Corral habría falsificado firmas y documentos de la empresa Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad S.A. de C.V. (CIMCSA), de la que es dueña Carlos Solórzano, quien también tiene una orden de aprehensión en su contra.
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