Sigue el calvario de Ronaldinho en Paraguay: tres meses de encierro y sin indicios de libertad

La ex estrella del fútbol brasileño aún permanece bajo prisión domiciliaria junto a su hermano

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El ex futbolista brasileño Ronaldinho
El ex futbolista brasileño Ronaldinho Gáucho sigue preso en Paraguay (EFE)

Nadie imagino que el ex futbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho seguiría en Paraguay a esta altura del año cuando puso un pie en el aeropuerto de Asunción a principios de marzo. Lo que era una visita promocional terminó convirtiéndose en un calvario para el ex jugador del PSG, Barcelona y AC Milan, entre otros clubes. Dinho y su hermano van camino de cumplir tres meses de encierro preventivo, sin indicios de libertad.

Es casi el mismo tiempo que lleva prófuga la empresaria Dalia López, quien podría aportar más luz al caso, ya que supuestamente encargó tramitar los pasaportes paraguayos con los que ambos ingresaron a territorio guaraní y que resultaron ser falsos.

López, sobre quien pesa una orden internacional de búsqueda y captura, fue quien recibió a Ronaldinho y a Roberto de Assis Moreira en su llegada al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Según publicó este miércoles la edición impresa del diario ABC Color, esta empresaria habría pagado unos 21.000 dólares a personal de la Dirección de Identificaciones de la Policía y de Migraciones por los documentos para los dos hermanos.

Dalia López, prófuga y con
Dalia López, prófuga y con pedido captura internacional, fue quien recibió a Ronaldinho en su llegada a Asunción.

Los intermediarios para esa gestión fueron, supuestamente, dos imputados en el caso, Sebastián Medina e Iván Ocampos, ambos en arresto domiciliario, según detallaron a la emisora Radio Cardinal. La gestión de ambos también podría incluir documentos para el empresario brasileño Wilmondes Sousa Lira, otro de los imputados y en prisión al estar señalado como el contacto entre López y los hermanos De Assis Moreira.

Los trámites se hicieron, según esa versión, a través de Wilson Arellano, hijo de Bernardo Arellano, antiguo funcionario de la Dirección de Migraciones y sospechoso de conseguir los documentos paraguayos de los tres brasileños, por un total de 18.000 dólares. A esa suma se agregaron unos 13.500 dólares depositados en el estatal Banco Nacional de Fomento en tres cuentas y a nombre de cada uno de ellos, en concepto de caución al tratarse de radicación de extranjeros, de acuerdo con el testimonio de esos intermediarios.

Uno de ellos, Medina, dijo a esa cadena de radio que ese dispositivo de garantía era una prueba de la legalidad del proceso. No obstante, señaló que había sido informado de que los brasileños no figuraban en los registros oficiales, pese a lo cual el proceso siguió hasta que el 1 de marzo recibió los documentos, cuatro días antes de la llegada de Ronaldinho.

Al respecto, Medina declaró a la emisora que por ello él y Ocampos visitaron el día 2 de ese mes a Anastasio Ojeda, un asesor del ministro del Interior, Euclides Acevedo, para comentarle de las irregularidades. Según su relato, Ojeda los derivó a Alexis Penayo, entonces director de Migraciones, quien luego renunciaría tras estallar el escándalo.

Ni Medina ni Ocampos detallaron en esa entrevista cómo fueron a parar esos documentos a Ronaldinho y a su hermano.

Ronaldinho cumple con una prisión
Ronaldinho cumple con una prisión domiciliaria en un hotel de Asunción (REUTERS)

Ronaldinho, que viajó a Paraguay para apoyar con su imagen el proyecto de una fundación que promovía Dalia López, entró en la cárcel de manera cautelar a 48 horas de su arribo y desde el pasado 7 de abril que cumple con una presión domiciliaria en un lujoso hotel capitalino, beneficio que consiguió con el pago de una fianza de 1,6 millones de dólares.

La Fiscalía señala a Dalia López como la supuesta cabeza de una red dedicada a “facilitar la elaboración y utilización de documentos de identidad y pasaportes de contenido falso”. Pero mientras la investigación avanza a cuentagotas, Ronaldinho y su hermano permanecen encerrados por el presunto delito de “uso de documentos públicos de contenido falso”, con una expectativa de pena de hasta cinco años.

(Con información de EFE)

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