Hace exactamente seis meses, Sandro Rosell ingresaba a la prisión de Soto del Real luego de que se ordenara su detención incondicional. Afrontó cargos por los delitos de blanqueo y organización criminal: se lo acusa de haber lavado dinero por las comisiones de la venta de derechos de imagen de una serie de amistosos de la selección brasileña, con Ricardo Teixeira (ex presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol) como socio. Hoy su situación familiar es crítica.
"Le han embargado todo. La familia vive de la caridad de otros familiares. Si dependiera de ellos, no tendrían ni para comer", declaró Pau Molins, abogado del hombre que fuera mandatario del Barcelona desde 2010 hasta 2014, período en el que el equipo ganó dos ligas españolas, una Copa del Rey, tres supercopas españolas, una Champions League, una supercopa europea y un Mundial de Clubes.
Desde que fue apresado de forma preventiva por orden de la jueza Carmen Lamela, hubo tres pedidos de excarcelación que fueron rechazados. "Es un abuso, seis meses de cárcel es un drama para las familias. Se le podría poner una pulsera de control, quitarle el pasaporte, obligarlo a presentarse cada 15 días…", dijo el letrado de Rosell, en diálogo con RAC1 (radio catalana).
El ex dirigente se habría beneficiado con un ingreso de más de 6 millones de euros por la cesión de derechos televisivos de la selección de Brasil. Hoy en día se encuentra en una celda junto con su socio andorrano Joan Besolí, mientras que su esposa (Marta Pineda) también había sido arrestada, pero recibió la libertad, con cargos. "La familia tiene prioridad, pero hay amigos que lo han visitado en la cárcel", informó Molins.
Dentro de esta causa aparece otra figura ligada al fútbol: el brasileño Romario, quien es senador en su país y presidió una comisión sobre corrupción allí. El ex futbolista del Barcelona se ofreció para declarar en las próximas semanas y cabe destacar que tiene un pésimo concepto de Teixeira, quien fuera ladero de Rosell. "Hemos exterminado un cáncer del fútbol brasileño", había declarado cuando el directivo renunció a la confederación en 2012.
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