Radiografía del cine en Venezuela, entre la censura y el temor

¿Esa es la película de zombies que no quieren que se estrene? Es la pregunta que hace una mujer en la sala de cine poco después de ver el tráiler de Infección. Es una de las tantas veces en las que el avance del largometraje de Flavio Pedota es proyectado en las exhibidoras.

Así la gente se tenía que enterar de lo que venía: una película de zombies venezolana. Estaba previsto que se viera en el país desde el 29 de noviembre, pero hasta ahora no ha ocurrido. Desde principios de año, el cineasta y su equipo tramitan ante el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía el certificado de obra nacional.

Caos en las calles, infraestructuras destruidas, la calamidad en medio de la lucha por la supervivencia ante un extraño virus; mientras, desde el poder intentan minimizar lo ocurrido. En las imágenes hay, desde la sátira, alusiones directas a la cúpula del chavismo en Venezuela y la catástrofe omnipresente.

No es una novedad que en el país el poder se entrometa en la relación entre obra cinematográfica y público, pero Infección es el caso más reciente.

El 14 de noviembre un grupo de periodistas pudo ver el largometraje en una sala de la cadena Cines Unidos. Fue una convocatoria a la prensa que no estuvo exenta de preocupación por parte de los organizadores. Pero al final, no hubo mayores problemas. Los periodistas vieron el filme y luego realizaron preguntas al realizador, quien se conectó a través de Internet. Pedota vive en México desde 2017.

El cineasta defendió su derecho a que su película sea aceptada como venezolana. “El CNAC desde principios de año nos ha bombardeado con una cantidad exorbitante de exigencias de permisos innecesarios y fuera de la ley”, dijo en octubre a Clímax sobre Infección, que ha participado en certámenes como el Festival Internacional de Cine en Guadalajara y el Festival de Cine de Sitges, además de proyectarse en países como Argentina, Guatemala, Bolivia, México, Paraguay.

Entre esas exigencias, enumera las autorizaciones para que menores de edad aparezcan en el largometraje, permisos de instituciones del Estado como alcaldías, Instituto Nacional de Transporte Terrestre, la Policía Nacional Bolivariana, así como uno que aprueba filmar en las inmediaciones de una estación de gasolina de la estatal Pdvsa.

Pedota recuerda que Infección es una coproducción 70% venezolana y 30% mexicana, como indica un contrato entre las partes involucradas en el proyecto que fue enviado a los correos electrónicos de las autoridades del CNAC. También han sido remitidos los permisos para filmar en las inmediaciones de la gasolinera y el permiso de la Policía del Municipio Mariño para usar de forma provisoria una patrulla policial como parte de la ambientación de la obra. “Según ellos, el que tenemos, no es suficiente. Recientemente nos recordaron en una carta que en un teatro de Chacao metieron preso a dos personas que usaban uniformes policiales”. Se refiere al caso los actores de la obra teatral Dos policías en apuros que fueron detenidos durante 24 hora por usar uniformes de la Policía Nacional Bolivariana.

Juan Carlos Lossada, quien presidió el CNAC hasta el año 2016, califica como censura lo ocurrido con Infección. “No solo es inédito en la historia del CNAC, sino en toda la historia del cine venezolano. Siendo una coproducción venezolana con otro país, le está siendo impuesta la condición de paria, al negársele el derecho que tiene de reconocerle la nacionalidad venezolana, conforme lo manda el artículo tercero del Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica, tratado multilateral del que Venezuela es estado parte”.

Lossada advierte además que hay que basarse en los artículos 81 y 82 del Reglamento de la Ley de Cine, que establece que cuando se trate de coproducciones con países que haya suscrito acuerdos de coproducciones con Venezuela, hay que tomar en cuenta las disposiciones contenidas en los respectivos pactos. “Revela la ignorancia que hoy campea en el instituto de cine de Venezuela, producto de su desprofesionalización, de la razzia que se hizo contra el personal preparado que tenía y su sustitución ramplona por comisarios políticos”, agrega.

Henry Páez, de la Cámara Venezolana de Productores de Largometrajes, denuncia una irregularidad ocurrida con María Alejandra Sierra, asesora jurídica del CNAC. “Actuó con propiedad. Dijo que la película cumplía con todo. Sigue en el CNAC, pero le dieron vacaciones y una clasificación más baja en su cargo. Eso lo han hecho con otros empleados que causan inconvenientes en términos políticos”.

Sierra, al ser consultada sobre el caso, cuenta que son 16 años de servicio en el CNAC y reafirma: “Con Infección se cumplieron todos los requisitos de la ley. Aún así, por un tema político, decidieron cerrarle la oportunidad”. Cuenta que a Francisco Spike Victoria, gerente de Desarrollo Cinematográfico, le comentó que no había más nada que exigir. “Es un muchacho nuevo en la institución, tal vez con desconocimiento de los procedimientos internos. Me atreví a decirle que no se podía pedirle más al equipo de la película”.

Detalla que antes estaba a cargo de la coordinación de asuntos legales, y también de consultoría jurídica. “Ahora me pusieron de analista y hace mes y medio me enviaron de vacaciones”, remata.

Para la realización de este reportaje, se solicitó por correo electrónico entrevistas a la autoridades del CNAC, pero no se obtuvo respuesta.

El organismo es presidido desde agosto de este año por Roque Valero, cantante de baladas y actor que actualmente también es miembro de la asamblea nacional constituyente, impulsada en 2017 por Nicolás Maduro.

Cineforo prohibido

La cita era el miércoles 9 de octubre en el conjunto de auditorios de la Universidad Simón Bolívar, una de las casas de estudios más prestigiosas del país. En ese lugar, profesores y alumnos estaban convocados para ver, y luego discutir, el documental Chavismo: la peste del siglo XXI, de Gustavo Tovar-Arroyo.

Los panelistas iban a ser los docentes Jorge Orellano, Jonás Estrada y José Alberto Olivar. La actividad tan solo iba a formar parte de una materia en la que se analizan distintos hechos políticos del país.

En febrero habían invitado al cineasta Carlos Oteyza, director del documental El pueblo soy yo: Venezuela en populismo. Fue un éxito, según Olivar, organizador de estos encuentros. “En esta ocasión hubo cuestionamientos a la iniciativa. Pero nos extrañó, porque la película de Oteyza también tiene un contenido crítico. Aunque cuando vimos El pueblo soy yo, fue pocos días antes del operativo para ingresar la ayuda humanitaria al país. Pero en esta oportunidad no ocurría nada que supusiera una tensión, por lo que hizo que algunos miembros de la comunidad universitaria afectos al gobierno estuvieran más atentos”, relata Olivar.

Los planes del encuentro empezaron a enturbiarse el sábado anterior, cuando Mario Silva, conductor del programa La Hojilla, acusó al cineforo de incitar al odio y atacó a las autoridades de la universidad. El espacio es transmitido por Venezolana de Televisión, y es uno de los más fervientes en descalificar a opositores.

El 8 de octubre de 2019, la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar informó a través de Twitter que el Tribunal 36 de Control de Caracas prohibió promocionar y difundir el material audiovisual tanto en las universidades nacionales como en cualquier otro espacio público.

Bernardo Rotundo, presidente de Gran Cine, considera desafortunado el título del documental, pero no comparte la medida. “No se puede decir que todo lo que haga la disidencia como cuestionamiento a la élite del gobierno sea una incitación al odio”, opina el gestor cultural y distribuidor de cine.

Sin embargo, en Youtube se puede ver la película de Gustavo Tovar-Arroyo. Tiene más de 1,1 millones de reproducciones en ese medio, que ha servido para subir documentales como la serie Nunca jamás en Venezuela de Claudia Smolansky y Juan Vicente Manrique, así como Selfiementary de Carlos Caridad.

Con discreción

Bernardo Rotundo menciona el caso de otros filmes que no se han podido ver o si acaso han tenido pocas proyecciones en Venezuela. Recuerda el documental Kuyujani envenenado de Alexandra Henao y Mujeres del caos venezolano de Margarita Cadenas.

El primero muestra cómo la minería ilegal afecta a las comunidades indígenas Sanema y Yekuana. “La verdad es que los líderes indígenas me han pedido no pasarla masivamente en Venezuela por temor a las represalias de los militares. En el estado Bolívar ellos viven en la guerra total. Nos hemos autocensurado por temor”, reconoce la cineasta sobre su película, que se ha podido proyectar en pequeños espacios, como ocurrió el año pasado en el Humano Derecho Fest en Caracas.

También ha sido presentado en otros países. “La gente se queda en silencio, un poco devastada, con una sensación de impotencia muy grande. En Europa quedan muy asombrados. Hacen muchas preguntas porque se les caen las ideas preconcebidas sobre el chavismo”, relata.

Otras de las películas mencionadas por Bernardo Rotundo es Mujeres del caos venezolano (2017), que registra a través de las vivencias de cinco mujeres la tragedia venezolana en temas como salud, escasez, injusticia y presos políticos. Su directora, Margarita Cadenas, confirma que en efecto no se ha proyectado en el país para evitar afrentas.

“Se hizo de forma clandestina, sin permisos. Filmamos en las colas, en un hospital. Evidentemente no puedo tomar el riesgo de llevarlo a Venezuela. Tengo que proteger a quienes todavía siguen en el país”, asegura sobre un filme, grabado en 2016, y que ha participado en certámenes como el Human Rights Watch Film Festival de New York y el Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos de Guadalupe Monde en Vues.

A pesar de la distancia de esas exhibiciones en el exterior, la cineasta cuenta que no ha estado exenta de polémica. “Es verdad que he recibido bendiciones maravillosas en todas partes, pero también agresiones. En una sala de cine incluso una persona gritó que había que meterme presa, que todo lo que aparecía era mentira”, detalla Cadenas, quien está residenciada en Francia.

“Es una película francesa. Hubo gente en Venezuela que ayudó y no les importaba que apareciera el nombre. Pero quienes alquilaron el material y parte del equipo me pidieron el anonimato”.

El pueblo soy yo: Venezuela en populismo es otro documental que ha tenido proyecciones en espacios universitarios o de convocatoria muy reducida. Y eso que su realizador, Carlos Oteyza, es el responsable de películas de no ficción que han sido populares. Por ejemplo, Tiempos de dictadura, de 2012, sumó 165.884 espectadores cuando estuvo en cartelera.

Está todo bien es un documental muy íntimo sobre la crisis de salud venezolana desde la perspectivas de médicos y pacientes. Se ha exhibido en universidades y cineforos. “Hasta ahora ninguna distribuidora o exhibidora ha mostrado interés en pasar la película en Venezuela. Puede ser, como tú dices, por el tema espinoso, o también porque piensan que la gente no va al cine a ver documentales. No podría decir si es miedo a represalias o son razones financieras”, dijo en julio el director Tuki Jencquel al portal Crónica Uno.

El crítico y documentalista Sergio Monsalve realizó este año Esto no es un apagón, en el que muestra su experiencia durante los días en los que el servicio eléctrico falló en todo el país durante los meses de marzo y abril. Tenía previsto una función en el Centro de Arte Los Galpones, una institución privada ubicada en Caracas, pero la proyección fue cancelada. “Dijeron que habían cambiado la política para difundir películas alternativas y que ahora cobraban. Les dije que me pasaran la factura para pagar. Más nunca me respondieron”.

Rodrigo Figueroa, coordinador de programación del Centro de Arte Los Galpones, da su versión: “Me parece que fue porque los encargados de la actividad no tenían disponibilidad para cubrir el costo del espacio. En el segundo semestre hubo un ajuste en los costos. Te digo que me parece porque se suspendió después que informe dichas condiciones. No son costos tan elevados pero se necesita una prevención. No descarto planear la manera de que pueda ser proyectado a futuro”. En junio, Monsalve presentó su documental a críticos, periodistas y allegados en una sala dependiente de la Alcaldía de Chacao.

El Inca

En el mes de diciembre se cumplen tres años de la orden de un juez de sacar de cartelera a El Inca, de Ignacio Castillo Cottin, que se había estrenado el 25 de noviembre de 2016. La película de ficción se inspiró en la vida del boxeador Edwin “El Inca” Valero, célebre por sus triunfos en el ring, pero también por la historia del final de sus días. Se suicidó en la celda en la que fue recluido por la sospecha de haber asesinado a su esposa.

En principio, la medida fue tomada por presunción de hechos, porque cuando se ordenó que se retirara el filme, el juez Salvador Mata García no había visto la obra, tampoco los familiares del pugilista. Días después hubo una función privada para que pudieran verla. El tribunal alegó que la decisión era para proteger la vida privada, el honor y la reputación de los hijos del deportista.

Los abogados de los productores apelaron la sentencia y a finales de mayo de 2017 el juez Oswaldo Tenorio Jaimes declaró con lugar la medida. El largometraje volvió pocos días a los cines, pero en junio la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ordenó dejar de proyectar el largometraje. “No sabemos más nada”, contesta Nathalie Sar-Shalom, productora de El Inca, cuando se le pregunta por novedades.

En organismos internacionales hay precedentes de denuncias sobre casos similares. El diario El Nacional recordó en 2017 que en Chile el Consejo de Calificación Cinematográfica prohibió en 1988 la proyección de La última tentación de Cristo de Martin Scorsese. En 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos recomendó al Estado modificar su ordenamiento jurídico para evitar la censura previa.

Sobre El Inca, Bernardo Rotundo de Gran Cine, destaca: “Son argumentos que llevan a la censura. La película fue muy respetuosa. Incluso el tatuaje con la imagen de Hugo Chávez que el boxeador tenía en el pecho no fue usado como un recurso narrativo. El director cuidó que no tuviera esas connotaciones políticas”.

Recuerda como caso emblemático antes del chavismo lo que pasó en los años ochenta con la película Ledezma, el caso Mamera de Luis Correa, quien incluso estuvo encarcelado unos meses. Su filme fue considerado una apología al delito. Sin embargo, para Rotundo, es en los años recientes cuando ha habido mayor precaución al momento de llevar obras a la gran pantalla. “Si viviéramos en un país libre, sería lógico que este tipo de películas se estrenaran sin problemas. Al final, la decisión de ver o no una película es del público, no de las autoridades. La gente no se debe sentir amenazada por su seguridad o integridad física solo por exhibir un filme de estas características”, concluye el presidente de Gran Cine, que se encarga de la promoción y distribución de películas.

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