Cómo América Latina se colocó a la vanguardia de los derechos LGBT

Hace tan sólo 50 años, pocos hubieran pronosticado que el matrimonio homosexual se convertiría en uno de los temas sociales decisivos de nuestra época. En los Estados Unidos el matrimonio gay se ha vuelto un tema central en las conversaciones nacionales en la medida en que los derechos de los gays y las lesbianas han comenzado a discutirse cada vez más en la cultura popular, en los deportes y en la sobremesa. La lucha por la ampliación del derecho al matrimonio a las parejas homosexuales ha adquirido una relevancia sin precedentes y no es una exageración afirmar que se parece a la lucha por el sufragio de las mujeres, que culminó en la aprobación de la Decimonovena Enmienda en 1920, y a la que se libró por la igualdad racial, la cual dio un paso histórico con la promulgación del Acta por los Derechos Civiles hace 50 años.

Los argumentos a favor de la ampliación de nuevos derechos, en cada uno de los tres casos, continuaron enfrentándose a la resistencia incesante de las fuerzas conservadoras hasta que la opinión pública se transformó, se alcanzó un punto de inflexión y se concretó, entre los líderes políticos, una sensación de estar del lado incorrecto de la historia. El respaldo público del presidente Barack Obama (2008-2016) al matrimonio homosexual en 2012 bien pudo haber marcado ese punto de inflexión en el campo de los derechos de los gays y las lesbianas en los Estados Unidos. Su opinión cambió, tras una "evolución" personal, dentro de un contexto más generalizado de cambios en el que el movimiento por la igualdad ganó impulso y, por primera vez, se vio que una mayoría de estadunidenses comenzaban a apoyar el matrimonio gay: a mediados de 2014 cerca de 59% de los estadunidenses lo aprobaba, la Corte Suprema derribó la Ley de Defensa del Matrimonio (DOMA, por sus siglas en inglés), el matrimonio homosexual se legalizó en 21 estados, se resolvió que 13 prohibiciones estatales eran inconstitucionales y las de los estados restantes fueron impugnadas.

Parece ser cada vez más probable un fallo de la Corte Suprema con precedente universal. Estos cambios, por supuesto, no se limitan a los Estados Unidos. En Europa ocho países siguieron a los tres pioneros (los Países Bajos, España y Bélgica) y extendieron el derecho al matrimonio a sus ciudadanos homosexuales entre 2009 y 2014. En otros cinco se presentaron iniciativas en los parlamentos respectivos. Aunque ha habido una gran resistencia en algunos casos, violenta incluso (como lo fue en Francia), el apoyo al matrimonio homosexual, aunque con variaciones, continúa creciendo en la mayor parte de los países europeos.

Aun así, la aprobación del matrimonio gay en América del Norte y en Europa occidental ha ocurrido de la mano de otras tendencias regionales caracterizadas por restricciones a los derechos de los gays y las lesbianas en distintos lugares. En 2013 el electorado de Croacia votó por la aprobación de una reforma constitucional para definir el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, lo que resaltó la división entre Europa occidental y Europa del Este en relación con este tema. Por su parte, el Parlamento polaco rechazó tres iniciativas para permitir las uniones civiles. Finalmente, en las capitales de algunos países de Europa del Este y los Balcanes fueron atacados brutalmente unos activistas que tenían la intención de participar en desfi les de Orgullo Gay. Un mes más tarde, en enero de 2014, Nigeria aprobó leyes que prohibían el matrimonio homosexual e impuso una pena de 14 años en prisión a las relaciones entre personas del mismo sexo; y Uganda, a pesar de una fuerte oposición internacional, siguió el ejemplo con la promulgación de una ley antihomosexualidad un mes más tarde. Una propuesta comparable se presentó en el Parlamento etíope al mes siguiente. Todo esto ocurrió después de una intensificación en la persecución de personas homosexuales que había tenido lugar durante los años previos en diversos países africanos.

La legislación que llamó más la atención fue, por supuesto, la ley rusa contra la propaganda homosexual, la cual colocó el tema de los derechos de los gays y las lesbianas en el centro del escenario en vísperas de los Juegos Olímpicos de invierno de 2014 en Sochi. Las disparidades entre las distintas regiones no sólo provocaron fricciones en las relaciones internacionales, pues los países del hemisferio norte reprendieron públicamente a los países orientales y del hemisferio sur por sus restricciones a los derechos de los homosexuales, sino que, además, pusieron de relieve una división mundial evidente en el ámbito de los derechos de los gays y las lesbianas.

Fue dentro de este contexto global de contracorrientes, al cual la revista The Economist se refirió como "la brecha gay" mundial, que América Latina, para sorpresa de muchos, se ha colocado a la vanguardia de la ampliación de los derechos de los gays y las lesbianas. Una región que suele ser descrita como "devotamente católica" y machista ha sido testigo de una ampliación sin precedentes de los derechos sexuales en un periodo relativamente breve.

A causa de la manera en la que se percibe la cultura política de la región, América Latina no parece ser, a primera vista, un lugar propicio para que ocurran estos cambios. Pero sí que han ocurrido: desde la promulgación de la ley sobre identidad de género más avanzada del mundo (en Argentina) hasta la consagración de disposiciones constitucionales que protegen a los ciudadanos de la discriminación basada en su orientación sexual (en Ecuador, México y Bolivia), diversos países en la región han elaborado marcos legales y ampliado derechos a minorías sexuales y de género.

Uno de los campos de la "revolución de los derechos de los gays" de la región es el matrimonio gay. El derecho al matrimonio ha sido ampliado a todos los ciudadanos sin importar su género u orientación sexual en diversas jurisdicciones de la región, lo cual fue resultado de debates encarnizados que han atestiguado el choque entre las posturas históricamente dominantes sobre la ética de la sexualidad y las exigencias de la extensión de los derechos sexuales.

Estos cambios han colocado a América Latina a la vanguardia en el ámbito de los derechos sexuales en el Sur global e, incluso, en el mundo. Aun así, el reconocimiento de las relaciones entre personas del mismo sexo varía considerablemente a lo largo de la región: mientras que algunos países han ampliado los derechos maritales a las parejas de personas del mismo sexo (Argentina, Uruguay y México), la mayoría no lo ha hecho y otros, incluso, han aprobado reformas constitucionales que prohíben de manera explícita el matrimonio homosexual (Honduras y la República Dominicana). Con respecto a los derechos de los gays y las lesbianas, América Latina difícilmente podría considerarse homogénea.

Partiendo de una extensa investigación, argumento que tres factores principales explican tanto el estancamiento como el cambio de las políticas relacionadas con el reconocimiento del matrimonio homosexual en Argentina, Chile y México. El primero es la capacidad y la voluntad de los activistas de formar coaliciones y redes con una variedad de actores tanto estatales como no estatales en su lucha por el cambio de políticas. El activismo gay y lésbico ha desempeñado un papel central en el reconocimiento del matrimonio gay en los países que experimentaron un cambio de políticas. Argentina y México cuentan con los movimientos homosexuales más antiguos de la región, y no es ninguna coincidencia que hayan sido los dos primeros países en aprobar el matrimonio homosexual.

En ambos casos, los activistas gays y las activistas lesbianas comenzaron a organizarse a finales de los años sesenta y principios de los setenta para exigir un cambio en la regulación de la sexualidad. Sus primeras batallas fueron importantes para poder conquistar un espacio público, conseguir herramientas discursivas eficaces y desarrollar estrategias políticas que permitieran a los activistas alcanzar sus primeros objetivos concretos en materia de políticas. De este modo, inauguraron trayectorias políticas sobre las que se basaron más adelante para ir tras otros derechos.

No sucedió lo mismo en el caso de Chile. A diferencia de Argentina y México, Chile experimentó cierta movilización homosexual a principios de la década de los noventa; no obstante, en gran medida como resultado de las divisiones internas, el movimiento se debilitó considerablemente y los activistas no fueron capaces de imponer debates sociales sobre la homosexualidad sino hasta principios del siglo XXI.

Sin embargo, el activismo no es por sí solo un factor detrás del cambio de políticas públicas. Éste fue resultado, en parte, de una presión eficaz ejercida por redes compuestas de actores estatales y no estatales y dirigida a los responsables de las políticas para que reconocieran el matrimonio gay. Éste fue aprobado en los dos casos en los que los activistas homosexuales tuvieron la capacidad y la disposición de formar coaliciones de actores estatales y no estatales que compartían puntos de vista para alcanzar sus objetivos en materia de políticas. Tanto en Argentina como en México los activistas han formado relaciones con múltiples actores con quienes son ideológicamente afines y que se unieron a su lucha por el matrimonio homosexual.

En cuanto a los actores no estatales, las alianzas con intelectuales, académicos y organizaciones de mujeres y de derechos humanos parecen haber sido particularmente importantes. En ambos casos, los activistas establecieron estas relaciones durante trayectorias políticas más duraderas que en Chile. En el caso de este país las redes han sido mucho más pequeñas y débiles, en parte como resultado de la debilidad de la movilización y de la postura masculinista que adoptaron los activistas líderes. Los aliados estatales han sido miembros importantes de estas redes. La colaboración estrecha entre activistas y actores estatales, a lo largo de diversos periodos, ha contribuido al establecimiento de relaciones que han sido de ayuda en la búsqueda del cambio de políticas. Los aliados estatales parecen haber sido fundamentales a la hora de ejercer presión en otros diseñadores de políticas para que apoyaran los cambios. El análisis de las experiencias de Argentina y México muestra que estos aliados fueron, en su mayoría, mujeres. Ellas son las heroínas no reconocidas de esta historia.

El segundo factor fue el acceso que tuvieron estas redes al proceso de elaboración de políticas, el cual está condicionado por las características institucionales de cada país. Las instituciones estatales también son importantes para poder explicar la disparidad en las políticas relacionadas con el reconocimiento del matrimonio gay en los tres casos analizados en este libro. Es necesario colocar el activismo dentro de su contexto estructural. Las instituciones importan. Las pruebas que presento en este libro sugieren que las características institucionales de un país condicionan el tipo de acceso al proceso de elaboración de políticas con el que cuentan tanto partidarios como opositores de los derechos de los gays y las lesbianas.

Los cambio de políticas han tenido lugar en los dos países cuyas instituciones políticas permiten acceso a los defensores de los derechos de los gays y las lesbianas y en los cuales los opositores no cuentan con un poder de veto, ya sea ofi cial o no, para bloquear las demandas de los activistas. La regulación del derecho familiar y el diseño institucional determinan el campo en el cual los activistas y sus aliados concentran sus esfuerzos para generar un cambio de políticas.

En Argentina y Chile los gobiernos nacionales tienen la facultad de modificar los códigos civiles, por medio de los cuales se regula el matrimonio, mientras que en México dicha facultad corresponde a cada uno de los estados. En los dos primeros casos, los activistas y sus aliados han tenido que ir tras el cambio de las políticas del matrimonio gay a nivel nacional, mientras que en México han tenido que hacerlo a nivel local. El hecho de que la regulación del matrimonio esté descentralizada y dependa de los gobiernos locales ofrece múltiples instancias políticas a los activistas para impulsar cambios. No obstante, dado que el activismo homosexual se ha concentrado en la Ciudad de México, la lucha por el cambio ha tenido lugar principalmente en la capital. Más que el tipo de diseño institucional, es decir, el sistema centralista o unitario contra el federal, es el tipo de federalismo que caracteriza a un país lo que determina las instancias políticas.

Aunque el sistema argentino también es federal, las reformas han tenido que emprenderse a nivel nacional. Aunque el diseño institucional determina las instancias políticas a las que los activistas y sus aliados deben acudir para exigir cambios de políticas, el acceso al proceso político está determinado, además, por otra característica institucional: el sistema de partidos políticos. Los partidos condicionan el acceso que tienen al proceso político partidarios y opositores.

El cambio de políticas ha ocurrido en los países cuyo sistema de partidos posibilita la representación de los intereses de las redes a favor del matrimonio gay en el proceso de elaboración de políticas. Las particularidades del sistema político postransicional chileno proveen a los partidos socialmente conservadores de una representación excesiva tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo. Los partidos de centroizquierda y otros más pequeños, socialmente progresistas, se han visto obligados a gobernar en coalición con el Partido Demócrata Cristiano (PDC), socialmente conservador. A causa de los vínculos estrechos que mantienen los miembros del PDC con la cúpula de la Iglesia católica, la oposición al avance de los derechos de los gays y las lesbianas ha tenido un punto de entrada directo al proceso de elaboración de políticas, lo cual es equivalente a un derecho de veto no oficial. El apoyo de miembros socialmente liberales de otros partidos dentro de la coalición a la reforma a las políticas relacionadas con los derechos de los gays y las lesbianas ha sido reprimido y los intentos de reconocer el matrimonio homosexual han sido bloqueados.

En Argentina y en México el acceso al proceso de elaboración de políticas públicas se condiciona de manera distinta. En Argentina, donde no hay ningún partido confesional, tanto los partidarios del matrimonio gay como sus opositores tuvieron acceso a través de una variedad de partidos políticos y legisladores individuales. La ausencia de un partido confesional se traduce en que los actores socialmente conservadores no cuentan con un canal que los lleve directamente al proceso de elaboración de políticas. En México la oposición al matrimonio gay se articula a través de su partido confesional, el Partido Acción Nacional (PAN), el cual representa los intereses de las organizaciones socialmente conservadoras, especialmente de la Iglesia católica. Aun así, puesto que la reforma del matrimonio homosexual debe emprenderse a nivel local a causa del tipo de federalismo que impera en el país, el PAN sólo tiene la capacidad de bloquear una reforma cuando es el partido gobernante a nivel local o cuando forma una alianza con miembros socialmente conservadores del Partido Revolucionario Institucional.

El tercer factor fue la alineación de los marcos de acción colectiva con encuadres maestros que facilitaron el avance de las demandas para ampliar el matrimonio homosexual. Esto remite a la capacidad de los activistas y de sus aliados de encuadrar sus exigencias de tal manera que coincidieran con debates sociales más amplios. La alineación de marco desempeñó un papel importante en el cambio de políticas. En los dos casos en los que se aprobó el matrimonio gay, los miembros de las redes encuadraron sus exigencias de manera estratégica como un tema de derechos humanos y de igualdad, así como parte de conversaciones mucho más amplias sobre la ciudadanía y la democracia. Se tenía planeado que los marcos de acción colectiva se vincularan intrínsecamente al debate nacional sobre el proceso de democratización del país, el cual había desarrollado encuadres maestros que comprendían a los derechos humanos como elementos importantes de la democracia.

En los dos casos en los que se aprobó el matrimonio gay, Argentina y el Distrito Federal, los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y de Marcelo Ebrard, respectivamente, profundizaron en la importancia de estos encuadres al hacer hincapié en los derechos humanos como parte de sus prioridades políticas. Las similitudes son realmente notables. La elaboración de estos encuadres maestros está vinculada con el tipo de transición a la democracia que ha tenido lugar en estos dos países. Tanto en Argentina como en México la democratización se caracterizó por una movilización social mayor y por un inconformismo político más marcado y prolongado.

No fue así en Chile. El tipo de transición a la democracia por el que atravesó este país condicionó los debates políticos. El regreso del gobierno civil en 1990 atestiguó una disminución signifi cativa de la movilización social y el surgimiento de un tipo de política de consensos que limitó de forma signifi cativa las discusiones en torno a la ciudadanía y la democracia. En Chile no fue sino hasta principios de la década de 2010 que comenzó a surgir un encuadre maestro que posibilitara las demandas en pos de una profundización en la ciudadanía democrática.

Este texto fue extraido del libro "La Política del matrimonio gay en América Latina: Argentina, Chile y México" de Jordi Díez (Fondo de Cultura Económica).

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