Las denuncias que provocaron la renuncia de la directora de la UAESP, Luz Amanda Camacho

Desde noviembre de 2022 “algo huele mal” en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, pero no por el manejo de las basuras, sino de los muertos, por un contrato para la administración de cementerios en Bogotá. Las irregularidades han ido aumentando y provocaron que la directora, Luz Amanda Camacho, presentara la renuncia al cargo a la alcaldesa Claudia López.

El caso fue denunciado ante la Fiscalía que corrió traslado a la Contraloría Distrital para adelantar una visita fiscal de la que se conocieron los resultados en la segunda semana de 2023. Según dijo la UAESP, la dirección conoció las irregularidades en noviembre y lo denunció poco después ante las autoridades correspondientes.

El hallazgo de la Contraloría Distrital es que el concesionario Jardines de Luz y Paz SAS, que firmó el contrato 415 de 2021, había incumplido por 17 meses en varias de sus obligaciones. Entre las más destacadas, aparece la falta en la entrega confiable de los recursos porque los manejaban en cuentas bancarias propias y no a través de la fiducia e incumplimiento con terceros.

No solo el contratista incumplió ese deber, sino que, según la Contraloría, la UAESP tampoco impulsó los procesos sancionatorios correspondientes para el cumplimiento de la información financiera, como tampoco se habría ordenado una interventoría especializada.

La licitación del contrato tuvo varios inconvenientes desde el 2020 cuanto se trató de realizar la concesión, pero en dos ocasiones tuvo que declararse desierta. Finalmente se firmó en 2021 con una selección entre solo dos proponentes, que resultó ganadora la Unión Temporal Cementerios Distritales que luego conformó la empresa Jardines de Luz y Paz SAS.

Esta tenía la obligación de administrar los cuatro cementerios distritales: el Cementerio Central, Norte, Sur y Serafín, en Ciudad Bolívar. Ellos incluyen el mantenimiento de estos lugares, los hornos crematorios que ya requerían reemplazo, ampliar las bóvedas, revitalizar los osarios, y cobrar por exhumaciones, cremaciones, transporte de cuerpos, manejo de duelo, entre otros. El contrato tenía un valor de $ 41.301.183.277 por ejecución de 60 meses.

En el cementerio Serafín debían adecuar cuatro salas de velación para prestar ese servicio en el cementerio de Ciudad Bolívar, pero lo incumplieron. La Contraloría encontró que, tras un año y siete meses, las salas estaban en obra gris y llenas de polvo porque hacía meses no les hacían ni siquiera aseo.

Según el ente de control distrital, pese a que se establecía que hasta no recibir las obras se debía retener los recursos recibidos por los servicios en ese cementerio, se le permitió al concesionario cobrar y guardar los recursos, además, no se impusieron las sanciones por incumplimiento. “Es evidente la negligencia con que se asumen internamente los procesos administrativos al interior de la UAESP, especialmente en el área jurídica”, señaló la Contraloría.

En el cementerio del Sur no se concluyeron hallazgos de incumplimientos y estaba en buenas condiciones generales, con todos los servicios activos. Contrario a lo hallado en el Cementerio Central donde se evidenciaba incumplimiento, falta de mantenimiento de varios lugares, que son claves debido al valor histórico de la estructura de este espacio para la ciudad. Estos hacían parte de los mantenimientos prioritarios contemplados en el contrato.

Otro de los casos ocurrió en diciembre de 2022, cuando las alertas ya habían convocado un debate de control político y la apertura de investigaciones, cuando el Cementerio del Norte se quedó sin gas y no había posibilidad para realizar las cremaciones.

A parte de estos incumplimientos en el mantenimiento y prestación de los servicios, la Contraloría determinó que, del 7 de septiembre de 2021 a agosto de 2022, el concesionario dejó de transferir los recursos que había cobrado a la fiducia, dejándolos en sus cuentas propias, por hasta $5.721.588.774.

Desde noviembre del 2021, el Consorcio San Marcos que firmó el contrato de interventoría, ya había advertido de los incumplimientos, pero no se tomaron acciones en contra de la empresa para que los dineros quedaran en las cuentas correspondientes. En cambio, sí permitió que lo recaudara en cuentas personales.

“Existen evidencias de que el concesionario retiro los fondos recaudados en las cuentas autorizadas para recaudo temporal a saber, cuenta Davivienda 457470081011 y occidente 657879524, pero no transfirió el total de estos dineros a la cuenta de la fiducia mercantil establecida en el contrato, de esta forma se ejecuta presuntamente la acción de apoderamiento por parte del concesionario, aprovechándose precisamente de que había sido confiado por la UAESP mediante clausula expresa del contrato”, señaló la Contraloría Distrital.

A estas irregularidades se sumó el testimonio de Sergio Vanegas, uno de los empresarios que participó del consorcio, quien admitió a la revista Cambio haber entregado 1.500 millones de pesos para el pago de sobornos a funcionarios de la UAESP. Según dijo, el dinero se entregó incluso en parte a la directora Luz Amanda Camacho, en una reunión en el Hotel Tequendama, para direccionar el contrato.

Además, señaló que la evasión de la entrega de recursos a la fiducia tenía como fin desviar parte de estos a funcionarios de la entidad y los empresarios del consorcio.

Esas denuncias llevaron a que el Concejo de Bogotá solicitara de manera unánime la renuncia de la directora de la UAESP, que decidió apartarse del cargo este 15 de enero. En su carta señaló que la entidad y su administración es inocente, además, que fueron denunciantes de las irregularidades.

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