Antes de que se acabará el 2022, el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció el cese al fuego con algunos grupos armados, la noticia cayó bien en algunos sectores, sobre todo los que apoyan el proyecto de Paz total; sin embargo, esto ha traído cuestionamiento, ya que, se considera que hasta el momento no se han marcado parámetros claros, tanto del proceder del Estado en ciertas situaciones como del compromiso que adquirieron las estructuras ilegales.
En este sentido, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, se pronunció y mostró su preocupación, pues pese a que en los decretos la institución que dirige no quedó como mecanismo de verificación, la esencia de la Defensoría es esta y en los primeros 15 días del año han podido observar algunas irregularidades y violaciones a los derechos humanos en zonas del conflicto por parte de los grupos armados.
De acuerdo con lo señalado por el funcionario, pese a que comprende las decisiones que ha tomado el Gobierno y su anhelo de avanzar, tiene varias dudas frente al compromiso de los grupos armados:
“Mientras el Estado está actuando de buena fe, acogiendo el tema de un proceso de negociación y de diálogo, los grupos armados ilegales están buscando la manera de ver cómo se expanden y cómo consolidan sus rutas del narcotráfico y de todas las actividades ilícitas. De manera que la Fuerza Pública debe actuar con vehemencia porque no puede seguir en permanente riesgo la población civil”, manifestó Camargo en una entrevista que sostuvo con el medio colombiano, El Tiempo.
El defensor explicó que, pese a que el cese es entre el Estado y ellos, uno de los riesgos se da debido a que en varias zonas del país estos grupos siguen en disputa entre ellos por el control territorial y social, las rutas del narcotráfico y el desarrollo de las actividades ilícitas de minería ilegal y contrabando; lo que podría generar escenarios de violación a los derechos de las poblaciones y sus habitantes.
En esa línea, Carlos Camargo hizo un llamado al Gobierno e hizo un cuestionamiento directo sobre el actuar de las fuerzas armadas en situaciones que exijan la intervención de estas; por ejemplo, en zonas donde existe presencia del ELN y Disidencias, en el caso del primero no acepto el cese, pero en el caso del segundo sí.
“¿Cuál es la función constitucional de la Fuerza Pública?: proteger la vida, honra y bienes de todos los ciudadanos. Y lo deben hacer con acciones tanto de tipo ofensivo como defensivo. Hacerle frente a cada una de estas situaciones de vulneración a los derechos humanos. Es la humilde opinión que yo puedo dar. La situación sigue siendo muy confusa para ellos. Si por defender a la población un soldado o un policía termina disparando contra una disidencia, o ‘Nueva Marquetalia’, o ‘clan del Golfo’, o ‘Pachenca’, ¿quién le garantiza que el día de mañana no lo acusen de haber violado el cese del fuego bilateral?”, agregó el defensor.
Por otro lado, habló del trabajo que se hace desde la Defensoría del Pueblo y los problemas que ven en las zonas de conflicto, pues pese a los instrumentos de alertas tempranas y reportes en tiempo real que se han consolidado la atención por parte de las autoridades sigue siendo deficiente.
“Nuestro papel no es de hoy, viene desde ayer. Tenemos los protocolos listos, venimos monitoreando todas las situaciones. Pero muy importante también es ese tema de las autoridades del orden local y regional, (no me quiero meter con las nacionales), que son relajadas frente a las recomendaciones; ellos tienen que tomar cartas en el asunto y atender las recomendaciones”, puntualizó Camargo.
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