La desaparición forzada en el conflicto armado colombiano ha dejado, al menos, 80.000 víctimas, según datos recolectados por el Centro de Memoria Histórica. Este, a diferencia de otros crímenes de lesa humanidad, hace silencio y no deja rastros, pero es considerado por Naciones Unidas como una violación múltiple y continuada de numerosos derechos, tales como el derecho a la libertad y seguridad personal, el derecho a la vida, entre otros.
Es por esto que, bajo el acuerdo de paz firmado en el 2016 por el Estado colombiano y las extintas Farc, se creó el mecanismo de La Unidad de Personas dada por Desaparecidas (UBPD) que ha sido dirigido por Luz Marina Monzón y dejará este cargo el 19 de febrero. En esta línea, Monzón dio una entrevista a la revista Semana donde dio un balance de lo que se ha hecho hasta el momento desde la institución transicional, las falencias que existen y los cambios que se podrían dar para avanzar rápidamente en estos procesos de búsqueda.
La directora de la UBPD comenzó asegurando que se han podido recuperar en cinco años 667 cuerpos a lo largo de distintas partes del país y en distintos escenarios: cementerios, fosas clandestinas, entre otros. Sin embargo, la identificación ha sido mucho más lenta y hasta el momento solo se tiene información integra de 10 cuerpos.
“Parte del procesamiento de la información es mirar cuáles son los lugares donde pueden hallarse los desaparecidos. Tenemos un registro de más de 5.000 sitios referidos. De los más de 600 cuerpos que hemos hallado, el Instituto Nacional de Medicina Legal, que es el encargado de la identificación, ha logrado identificar plenamente, con base en la investigación y la recolección de información realizada por la unidad, alrededor de 10 cuerpos”, anotó Monzón.
En este sentido, la funcionaria comentó que el proceso de identificación ha sido lento porque el desarrollo de la investigación es interdisciplinar y requiere de muchos esfuerzos por parte, en este caso, de Medicinal Legal, pero no se le han dado los recursos ni las herramientas para robustecer el mecanismo.
“El Instituto de Medicina Legal no ha sido fortalecido en su capacidad para poder hacer un abordaje inmediato, o por lo menos en un tiempo cercano, al que se le entregan los cuerpos. Es un elemento por el cual no se ha avanzado en la identificación. Estamos yendo a distintas partes a recuperar cuerpos y los tenemos que trasladar al lugar donde nos diga el Instituto que se los llevemos, donde no necesariamente tienen un equipo forense, entonces esos cuerpos tienen que salir a otro sitio donde sí tengan el equipo completo o Medicina Legal tiene que enviar un equipo para poder hacer esa identificación. Todo esto son recursos humanos, económicos, técnicos, de capacidad e infraestructura que el Instituto de Medicina Legal no tiene fortalecido”, manifestó la directora.
Sumado, Luz Marina Monzón advirtió que, además, de los problemas técnicos que se tiene otro problema relacionado con Medicina Legal radica en que se dilatan los trámites, pues se tiene que depender de otras instituciones, por ejemplo, se hace el análisis, pero luego la UBPD tiene que dirigirse a la Fiscalía para poder acceder a los datos y luego exigen un derecho de petición, por lo que:
“Cuando todas las instituciones responden de esta manera, esto dilata, esa es la falta de consciencia de la institucionalidad. Eso es lo que tiene que transformarse, los protagonismos institucionales no dejan que se avance”, concluyó en entrevista con el medio colombiano.
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