El 2022 fue el año más violento contra los pueblos indígenas desde la firma del Acuerdo de Paz

Han pasado seis años desde que se firmó el Acuerdo Final de Paz con las extintas Farc y las comunidades indígenas siguen siendo objeto de las violencias cometidas por distintos actores armados. La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) publicó su informe anual en el que evidenció el recrudecimiento del conflicto en los territorios ancestrales, especialmente durante 2022.

A la entidad le hubiese gustado “evidenciar en este informe la disminución o cese de acciones de violencia armada en los territorios ancestrales para 2022″; sin embargo, no fue así. Las situaciones que registró dan cuenta de una crisis humanitaria en los pueblos indígenas debido al control del territorio, las rentas derivadas del narcotráfico y la extracción de recursos naturales.

El Observatorio de Derechos Humanos de la ONIC señaló que el año pasado “corresponde al más violento para los pueblos indígenas en Colombia” desde que se firmó el Acuerdo Final de Paz en 2016. En total, hubo 453.018 víctimas durante 2022, siendo el confinamiento, el desplazamiento forzado y el hostigamiento las acciones que agudizaron la vulneración de derechos humanos de la población.

La mayor afectación fue el confinamiento forzado con 433.580 víctimas, que se agudizó en el segundo trimestre de 2022 y se concentró en Antioquia, Chocó, Córdoba y Sucre. Por otro lado, hubo 8.183 indígenas que fueron desplazados forzosamente, especialmente en Córdoba, Nariño y Vichada. “A esto se suma, las afectaciones por hostigamiento focalizadas en Nariño y Norte de Santander, las cuales alcanzaron un total de 7.711 víctimas”, añadió la organización.

El informe detalló que hubo 3.544 víctimas que sufrieron otro tipo de violencias, tales como: amenazas, abandono estatal, afectación al territorio, homicidio, reclutamiento forzado, abuso sexual, suicidio, extorsión, omisión del Estado por desnutrición y salud, desaparición, secuestro, entre otros.

Si bien el aumento es significativo, el Observatorio de Derechos Humanos destacó que “existe un elevado subregistro debido a las múltiples dificultades experimentadas por las autoridades tradicionales”. Esas barreras que limitan el ejercicio de la denuncia tienen que ver con la ausencia de garantías de seguridad, la baja o nula conectividad y el difícil acceso a los territorios más alejados.

“Los pueblos indígenas siguen en resistencia al riesgo inminente de exterminio físico y cultural, debido a la crisis humanitaria que enfrentan desde tiempo atrás”, resaltó la ONIC. Las afectaciones también incluyen daños a la salud física y emocional que terminan “acabando con el legado cultural e histórico de los pueblos originarios”.

De acuerdo con el informe, “50 pueblos fueron objeto de vulneraciones a sus derechos humanos”. El pueblo zenú fue el más afectado con 238.010 víctimas principalmente por confinamiento, seguido de 148.703 indígenas emberá que fueron desplazados o vivieron restricciones en su movilidad, y 12.465 personas de la comunidad awá que enfrentaron el desplazamiento masivo y el hostigamiento. A eso se le suman 53.840 víctimas que pertenecen a otros pueblos indígenas.

La Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz hizo un llamado de urgencia para que el Plan Nacional de Desarrollo (2022-2026) influya la “construcción de una política pública integral para la población indígena de fronteras”. Eso implicaría que las comunidades tengan accesos a sus derechos fundamentales como la salud y la educación junto con “mecanismo idóneo para el otorgamiento de la binacionalidad”.

Por otro lado, la organización reconoció que las cifras de 2022 dejan “un sin sabor porque parece esfumarse de nuestras manos la paz total”, una propuesta a la que le ha apostado el Gobierno de Gustavo Petro. Si bien la ONIC celebra esa inicitiva, consideró importante recordar la importancia de la efectiva implementación del Acuerdo Final de Paz, “en especial en su Capítulo Étnico”.

Este es el informe completo de la ONIC:

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