Concejales piden la renuncia de la directora de la UAESP por denuncias de corrupción en los cementerios de Bogotá

El Concejo de Bogotá volvió del receso para iniciar las sesiones extraordinarias convocadas por la alcaldesa Claudia López. Antes de discutir los temas convocados por la administración distrital, los cabildantes se pronunciaron en contra de la directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), Luz Amanda Camacho, por denuncias durante su administración, tanto de corrupción como de presuntas violaciones a los derechos humanos.

La concejal María Victoria Vargas señaló que desde el 20 de diciembre de 2022 presentó denuncia ante la Fiscalía por graves hechos, como un presunto soborno de 1.500 millones de pesos que se le habrían entregado a Camacho por parte de contratistas. “Yo no puedo entender que la alcaldesa mayor, Claudia López, quien dijo que lucharía frontalmente contra la corrupción, esté callada. Para mí debe solicitarle de inmediato la renuncia a la señora directora de la UAESP”, sostuvo la cabildante.

Vargas citó la investigación de la revista Cambio en la que el empresario Sergio Vanegas confesó haber entregado esa suma de dinero a varios funcionarios de la entidad, incluida la directora, para que un consorcio se quedara con el contrato para operar el Cementerio Central de Bogotá, el Cementerio de Chapinero, el Cementerio del Sur y el Serafín.

El informante y empresario Vanegas señaló que había sido invitado por Éder Prada a conformar el consorcio que se quedó con el contrato. Sostuvo que este generaba millonarias ganancias de hasta 400 millones diarios por servicios, pero que parte del dinero llegaba a subcuentas creadas por supuestos funcionarios de la UAESP para desviar los fondos.

El contrato, que habría sido presuntamente direccionado con corrupción, se encuentra bajo investigación de la Contraloría Distrital por incumplimiento y otras irregularidades. Pero, además, según el testigo, se cometieron violaciones a los derechos humanos como la desaparición de personas que fueron pasadas por N.N. en cementerios como Serafín.

“Acá se han profanado tumbas, se han quemado cuerpos, cuerpos que parece hacen parte de los desaparecidos de la protesta social del 2021 y quizás del 9, 10 y 11 del 2020. Lo que dice es gravísimo porque esos cuerpos fueron desaparecidos, quizá víctimas de tortura y enterrados o quemados en el cementerio”, señaló el concejal Diego Cancino.

Vanegas señaló a Cambio que durante el paro nacional llegaron hasta 300 personas de las que no se dejó registro y fueron cremadas. Esto se realizaba porque no había control por parte de funcionarios de los procesos internos en los cementerios, que se habrían pasado por alto para ocultar delitos.

“Estamos exigiendo que la directora de la UAESP se haga a un lado, porque esto es absolutamente intolerable, hay muchas preguntas que se deben resolver”, señaló Cancino, quien además solicitó un pronunciamiento por parte de la alcaldesa López al respecto de las graves denuncias.

Las bancadas se han unido en la solicitud de renuncia. En el mismo sentido se pronunciaron los concejales del Centro Democrático, de la Colombia Humana, la bancada Liberal, Conservador, el partido Dignidad, Polo Democrático, Unión Patriótica, algunos del Verde y el Nuevo Liberalismo, que hicieron pupitrazo para apoyar la petición. Todos los y las cabildantes habrían pedido una carta institucional desde la mesa directiva.

“Si bien aquí falta todo un proceso probatorio en lo judicial, el Nuevo Liberalismo se une a la petición para que la Mesa Directiva del Concejo de Bogotá le pida a la alcaldesa Claudia López la destitución inmediata de la directora de la UAESP”, sostuvo Marisol Gómez.

La concejal Lucía Bastidas cuestionó si estos hechos fueron conocidos por la directora en el 2022 o desde el 2021 cuando se relatan los hechos por parte de testigos. Además, exigió el informe de la Personería de Bogotá que dijo “ha estado callada” frente a las denuncias.

La Contraloría de Bogotá determinó 10 hallazgos relacionados con la entrega de informes y fallas de supervisión en el contrato de administración de los cementerios de la ciudad. Se inició una indagación preliminar a la concesión que podrían tener en riesgo los 41.000 millones que costó el contrato.

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