La noche del 31 de diciembre, desde la presidencia de la República se dio un importante anuncio, Gustavo Petro indicó que durante seis meses (provisionalmente) del 2023, el Estado y cinco estructuras al margen de la ley tendrían un cese bilateral de fuego, el histórico hecho no solo vinculaba guerrillas sino grupos paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
La polémica se dio ya que días después el Ejército de Liberación Nacional (ELN), guerrilla con la que el Gobierno adelanta mesas de diálogo para llegar a un acuerdo de paz, indicó que no se había llegado a ningún consenso como el indicado por el presidente Gustavo Petro. Tras el tropiezo que tuvo el proceso hacía la Paz Total, el Gobierno indicó que continuaría con la voluntad de negociación, pero de igual forma llevando acciones militares en contra del grupo terrorista.
Lo particular del caso es que las Autodefensas Gaitanistas, uno de los 5 grupos que había mencionado Petro en primera instancia, presuntamente ha estado cumpliendo el cese al fuego, pero ha señalado que por parte del Gobierno no se ha respetado el acuerdo. Así lo indicó la estructura delincuencial en un comunicado emitido.
En primera instancia las AGC mencionan que a un miembro de su estructura delincuencial le dieron de baja pese a que se encontraba de civil y no estaba desempeñando actividades delictivas: “el 12 de enero en el municipio de Norosí vereda Buena Seña, el Gaula dio muerte a Juan Ángel Pinedas Cabra, cédula de ciudadanía 110405245, hiriendo de gravedad además a Rafael Jaime Caicedo, quienes se encontraban de civil y completamente desarmados”.
Otro de los presuntos incumplimientos por parte del Estado realizados por los paramilitares fue que a miembros de su estructura que no portaban armas ni municiones fueron trasladados al municipio de Turbaco, acusados del delito de tráfico, fabricación y porte de armas y/o municiones.
“El día 8 de Enero, en el municipio de Calamar, corregimiento Barranca Nueva, fueron capturados por la Policía Nacional Juan José Gaviria Rojas (conocido como Wuay), Edwin Fernando Valencia López (conocido como Ninja) y Erik Andrés Palencia Camacho (conocido como Morocho)”, puntualizaron las autodefensas en su comunicado emitido.
La estructura delincuencia también conocida como Clan del Golfo, quienes el año pasado hicieron un paro armado en varios municipios del norte del país debido a la extradición de su máximo líder alias Otoniel, indicaron que las organizaciones sociales han estado ausentes entorno a lo que ellos han denominado vulneraciones al proceso de Paz Total.
“Quisiéramos escuchar las voces de condena de las organizaciones sociales y de derechos humanos, que tan prestas están para criticarnos, pero que callan muy cómodamente ante la barbarie y el asesinato, cuando creen que les conviene”.
Por último, resaltaron que el mecanismo de Monitoreo, Verificación y Cese al Fuego no está operando, dado que presuntamente sus voceros aún no han tenido la oportunidad de poderse reunir con el Gobierno Nacional.
“Pese a que estamos cumpliendo el cese al fuego bilateral decretado por el gobierno nacional el 31 de diciembre mediante el decreto 2358 (...) El costo de nuestro compromiso con la paz no puede ser la vida de quienes hacemos parte de las AGC”, concluyeron en el comunicado emitido a la opinión pública por parte de la estructura delincuencial.
Aunque es de resaltar que el ministro del Interior de Colombia, Alfonso Prada, anunció la primera semana de enero que el Gobierno suspendió “los efectos jurídicos” del decreto de cese el fuego bilateral con el (ELN) después de que esta guerrilla indicara el que no había ningún acuerdo y le pidió “una tregua verificable”.
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