En medio de la polémica por el presunto abuso sexual del que estarían siendo víctimas varios menores de edad en el departamento del Guaviare, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación contra seis uniformados del Ejército de Colombia para determinar su presunta responsabilidad en el caso.
De acuerdo con el Ministerio Público, buscarán identificar si los militares hubiesen realizado acceso carnal violento contra una adolescente de 15 años, integrante de la comunidad indígena Nukak Maku. Los hechos, de acuerdo con la entidad, ocurrieron en la vereda de Charras de San José del Guaviare, capital del departamento.
“A la investigación disciplinaria se vincularon inicialmente dos suboficiales y seis soldados regulares que, para la época de los hechos (septiembre 2019) se encontraban activos en el Batallón de Infantería de Selva No. 19 “General José Joaquín París Ricaurte”, en esa jurisdicción”, informó la institución encabezada por la procuradora general Margarita Cabello.
La entidad, además, aseguró que ya tienen en su propiedad todo el material probatorio con el que evaluarán las faltas disciplinares en las que pudieron haber incurrido los integrantes de las Fuerzas Militares. Además, tal y como lo ha hecho la Fiscalía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICFB), la Procuraduría ordenó que a Guaviare vaya una comisión que ayude a investigar los hechos.
Para ello, la procuradora Margarita Cabelló aseguró que el tema quedará en manos de las procuradurías delegadas para Derechos Humanos, Asuntos Étnicos e Infancia, Adolescencia, Mujer y Familia. Las labores que se realicen en ese departamento, según explicaron desde el Ministerio Público, serán para “conocer la respuesta institucional a nuevas denuncias sobre explotación sexual de menores de edad indígenas”, concluyeron.
Estas acciones se conocen luego de que la Procuraduría Regional pidió explicaciones a la seccional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el departamento, la Gobernación del Guaviare, la Defensoría del Pueblo regional, la Fiscalía regional, la Alcaldía de San José del Guaviare y la Comisaría de Familia.
El ICBF reveló que cada año se reciben unas 192 denuncias por violencia sexual a menores de la región, unas cuatro por semana. Además, están creciendo las cifras de embarazos infantiles. El contexto de estos abusos sería transaccional: las víctimas, miembros de las etnias nukak y jiw, reciben comida, dinero —cantidades irrisorias como diez mil pesos— y hasta pegante de caucho a cambio de acceder a sus cuerpos. Del otro lado de la transacción están varones, principalmente militares, tanto locales como estadounidenses.
El periodista Gerardo Reyes, que trabaja para Univisión, dejó en evidencia algunos casos de esta situación que está acabando con la infancia de las niñas indígenas de esta zona del país y empeora sus condiciones de pobreza. Como muestra, dejó el testimonio de una adolescente de 15 años que fue violada múltiples veces por militares en el 2019 al interior de un baño público de San José por cuatro días, sin recibir alimento.
De hecho, desde la Embajada de Estados Unidos en Colombia se confirmó que, por ahora, el gobierno Petro no había adelantado labores para determinar la procedencia de esa información y aseguraron que, desde la administración del presidente estadounidense Joe Biden tienen muy en cuenta cuando se conocen este tipo de casos.
“Las Fuerzas Militares de los Estados Unidos se toman en serio cualquier acusación de abuso sexual y están comprometidas con la investigación de cualquier acusación de delitos sexuales o de mala conducta. En este momento, no tenemos conocimiento de ninguna investigación por parte de las autoridades colombianas sobre ninguna denuncia en el Guaviare”, aseguró John Rhatigan, agregado de prensa y portavoz de la Embajada gringa en Bogotá. La aclaración se da porque habría militares de ese país presuntamente involucrados.
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