Hacinamiento carcelario del 292% en Bogotá prendió las alertas por los derechos humanos de los presos

Una vez reanudadas las sesiones en el Concejo de Bogotá, la cabildante de la Alianza Verde Lucía Bastidas hizo, este 13 de enero de 2023 un llamado a la administración distrital de Claudia López para que tome medidas frente al desbordado hacinamiento que viven los privados de la libertad en los puestos de detención, hecho del cual se ha derivado una violación sistemática a sus derechos humanos.

Reiterando que Bogotá está de cara a una crisis de hacinamiento que trascendió los centros carcelarios y se extendió a otros equipamientos de justicia como las estaciones de policía y las Unidades de Reacción Inmediata (URI), se le pidió a la alcaldía buscar una solución en el mediano y largo plazo que pase por mejorar la infraestructura y garantizar los derechos de los privados de la libertad.

Citando las últimas cifras de la Personería de Bogotá, en 2022 el hacinamiento en los lugares de detención fue del 292% en 22 centros transitorios de la ciudad. En otras palabras, se están registrando casos en los cuales hay 3.177 personas detenidas en espacios donde por razones de infraestructura y equipamiento el cupo máximo es para 1.237. Y, adicionalmente, en estos momentos hay un total de 332 personas condenadas que no han sido trasladadas a un centro penitenciario.

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Si bien es cierto que ante este panorama la Policía Metropolitana de Bogotá anunció que habría un traslado masivo a centros penitenciarios de quienes ya tienen condena, la concejala destacó, no obstante, que se requiere urgentemente de la articulación interinstitucional a nivel distrital y nacional para solucionar la situación de quienes seguirán hacinados a largo plazo.

Pero la situación más preocupante derivada del hacinamiento, según la cabildante, es el hecho de que al interior de estos lugares de reclusión se están presentando dinámicas que no han sido controladas, como por ejemplo conflictos, riñas, actuaciones de bandas de crimen organizado, linchamientos y hasta asesinatos.

“Tal y como ocurrió el año pasado en la URI de Puente Aranda cuando murió por linchamiento el presunto violador de Hilary Castro, este fue un hecho que, de acuerdo con uno de los detenidos, fue orquestado por la banda delincuencial “Los Plumas”, que opera al interior de estos equipamientos”, advirtió este 13 de enero la concejal Bastidas, que acto seguido se refirió a un hecho ocurrido en lo transcurrido de este año.

Añadió, que “como sociedad debemos eliminar del imaginario colectivo que la justicia por mano propia funciona. Por el contrario, debemos incentivar y trabajar por el fortalecimiento del aparato de justicia. Por otro lado, las autoridades tienen que centrarse en la eliminación de cualquier estructura criminal que opere al interior de estos equipamientos”, concluyó la concejal.

Frente a este tema, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, mencionó que a nivel Colombia en estos espacios ya se superó el 170% de hacinamiento, y la propuesta que hasta ahora ha hecho el gobierno nacional se relaciona con brigadas jurídicas en cooperación con los consultorios jurídicos de las universidades realicen un censo de la situación jurídica de las personas privadas de la libertad en el país, con el fin de identificar a quienes tienen derecho a la libertad y poder desocupar estos equipamientos.

Desde la Defensoría del Pueblo se manifestó la preocupación al encontrar que durante 2022 en Colombia, en estos centros transitorios de reclusión hay una capacidad para 6.727 personas y actualmente tendrían 19.471.

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