En medio de las graves denuncias que se conocieron del presunto abuso sexual del que estarían siendo víctimas varios menores de edad en el departamento del Guaviare por parte de soldados nacionales e internacionales, el presidente Gustavo Petro le ordenó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que desplace a esa región una comisión para verificar los hechos.
El anuncio lo hizo el jefe de Estado, a tempranas horas de este viernes 13 de enero, donde también le dio instrucciones a miembros de la Presidencia de la República para que se dirijan al departamento y, en colaboración del ICBF y la Fiscalía, que también envió a un grupo de funcionarios para atender la situación, se determine todo al respecto.
“He pedido que una comisión del ICBF y de Presidencia se desplace inmediatamente al Guaviare y atienda las denuncias de violaciones a menores de edad”, aseguró el mandatario a través de su cuenta de Twitter, donde, a su vez, aseguró que pasados gobiernos hicieron caso omiso a esta problemática que, a su juicio, se estaría presentando desde hace mucho tiempo.
“Este horror lleva años estimulado por la impunidad. Se iniciarán todas las investigaciones, incluso por la omisión de funcionarios”, aseveró el presidente Gustavo Petro.
Esto se da luego de que el mismo ICBF anunciara, mediante un comunicado, que ya habían desplegado a una serie de funcionarios que arribarían en los próximos días a San José del Guaviare para corroborar lo que reveló el noticiero Univisión y que vendría ocurriendo desde antes del 2019.
De acuerdo con las investigaciones, los menores de edad de la comunidad indígena Nukak estarían siendo víctimas de abusos sexuales por parte de civiles y presuntos miembros de las Fuerzas Militares. Sin embargo, únicamente hasta los recientes días el Gobierno se manifestó, pese a que la investigación salió hace casi un mes.
De hecho, desde la Embajada de Estados Unidos en Colombia se confirmó que, por ahora, el gobierno Petro no había adelantado labores para determinar la procedencia de esa información y aseguraron que, desde la administración del presidente estadounidense Joe Biden tienen muy en cuenta cuando se conocen este tipo de casos.
“Las Fuerzas Militares de los Estados Unidos se toman en serio cualquier acusación de abuso sexual y están comprometidas con la investigación de cualquier acusación de delitos sexuales o de mala conducta. En este momento, no tenemos conocimiento de ninguna investigación por parte de las autoridades colombianas sobre ninguna denuncia en el Guaviare”, aseguró John Rhatigan, agregado de prensa y portavoz de la Embajada gringa en Bogotá.
Sin embargo, aseguraron que durante los años en que el medio extranjero hizo esas acusaciones, no habría presencia de militares de ese país en el Guaviare; esto, tan pronto la Procuraduría le exigió a seis entidades del departamento de Guaviare que informen sobre posibles casos de explotación y violencia sexual ocurridos entre 2019 y 2022 en contra de los mencionados menores indígenas.
“Ella llegó con un familiar. Aparentemente un tío. Nos dicen que la rescató en el momento en que se dirigía a un río a abortar. Parece que es un río que usan las niñas para abortar, pero él tenía el temor de que, por ser tan pequeña, iba a morir. La montó en un automóvil o un transporte intermunicipal y la llevó al hospital. La niña no hablaba español. Solo quería comunicarse con su tío. El tío explicó allí que ella había tenido relaciones sexuales con un militar gringo, porque los gringos les daban raciones de comida a cambio de esto”, afirmó en diálogo con la revista Semana el periodista de Univisión, Gerardo Reyes, cerebro detrás de las investigaciones que hoy tienen escandalizado al continente.
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