Funcionario del ICBF aseguró que los casos de abuso sexual contra niñas indígenas “no son tan preocupantes”

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) afronta una nueva polémica por su gestión después de las denuncias que se conocieron de explotación y abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes indígenas en el Guaviare. Uno de los funcionarios de la entidad habló acerca de la situación el jueves 12 de enero y aseguró que los casos “no son tan preocupantes”.

Se trata de Joaquín Mendieta, el director regional del ICBF en el Guaviare, que lleva dos años y medio en ese cargo. Ante Univisión manifestó que existe una problemática alrededor de las comunidades nukak y jiw; sin embargo, minutos después afirmó que, “en este momento no son tan preocupantes, pero sí se reciben casos que tienen que ver con este tema”.

De acuerdo con el medio de comunicación, cuando lo cuestionaron por las estadísticas de violencia sexual, el funcionario no supo responder. Después de preguntarle a una de sus asistentes, logró decir que se presentan alrededor de cuatro casos semanalmente y no pudo aportar más datos, pues quedó en evidencia que no los conocía.

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Las declaraciones de Mendieta generaron controversia, tanto así que la senadora indígena wayuu, Martha Peralta Epieyú, del Pacto Histórico, calificó como “indignante” las palabras del funcionario del ICBF. “¿En dónde está la directora Concepción Baracaldo? —escribió en su cuenta de Twitter— ¿Por qué el país entero no está hablando de esto?”. Seguido a ello, precisó que le hará seguimiento al tema desde el Congreso de la República.

El periodista Gerardo Reyes, que trabaja para Univisión, dejó en evidencia algunos casos de esta situación que está acabando con la infancia de las niñas indígenas de esta zona del país y empeora sus condiciones de pobreza. Al parecer, las menores de edad estarían siendo inducidas a tener relaciones sexuales con militares —colombianos y estadounidenses— o civiles a cambio de comida, bajas cantidades de dinero, o drogas que les ayudarían a ahuyentar el hambre.

Como muestra, Reyes entregó el testimonio de una adolescente de 15 años que fue violada múltiples veces por militares en 2019 al interior de un baño público de San José del Guaviare por cuatro días, sin recibir alimento. Otro de los casos registrados ese mismo año fue el de una menor de 10 años que fue violada por un militar de Estados Unidos y luego la obligaron a dar a luz, pero no pudo ejercer su maternidad debido a que no entendió ni asimiló el proceso por su edad.

Después de que el periodista reveló esa información, el ICBF detalló que cada año se reciben unas 192 denuncias por violencia sexual a menores de la región, unas cuatro por semana. Por su parte, Medicina legal señaló que entre 2019 y 2022 hubo 1.521 casos de violencia sexual, siendo el Guaviare uno de los departamentos con las mayores tasas, pues registran 23,8 casos por cada 10.000 niños, niñas y adolescentes en el territorio.

La Procuraduría Regional le pidió explicaciones a la seccional del ICBF, la Gobernación del Guaviare, la Defensoría del Pueblo regional, la Fiscalía regional, la Alcaldía de San José del Guaviare y la Comisaría de Familia. Asimismo, la Alianza por la Niñez Colombiana instó a las autoridades a poner en marcha la implementación de la ley que busca que los delitos contra la niñez tengan castigos más estrictos.

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