La Fiscalía General de la Nación le habría notificado al alto comisionado para la paz, Danilo Rueda Rodríguez, que no aceptarían la solicitud de levantar las órdenes de captura contra integrantes de las bandas delincuenciales conocidas como: el ‘Clan del Golfo’ y ‘Los Pachenca’. El pedido se habría hecho para continuar con las negociaciones de la Paz Total, las cuales adelanta el Gobierno nacional con estor grupos criminales.
El miércoles 11 de enero, el funcionario del gobierno habría enviado la misiva a la Fiscalía, pidiendo la suspensión de las órdenes de cabecillas como Jobanís de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”, cabecilla del Clan del Golfo, y quien habría tomado el liderazgo del grupo tras la captura y extradición de Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”; que actualmente se encuentra recluido en los Estados Unidos.
“En conclusión, la Fiscalía General de la Nación no procederá a la suspensión de órdenes de captura de las personas reconocidas por el presidente de la Republica como miembros - representantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Cabe señalar que el criterio de la Fiscalía expuesto en esta respuesta se plantea sin perjuicio de la autonomía e independencia de los jueces de la República al momento de pronunciarse frente a las solicitudes de suspensión de órdenes de captura”, detalla el oficio del ente judicial.
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La carta firmada por la vicefiscal, Martha Yaneth Mancera, le argumenta al alto comisionado de paz que un fiscal general no puede superar a un juez de la República, ya que estaría extralimitándose de sus funciones. Es por esto que la entidad no podrá retirar las órdenes, a menos que se emita un fallo por parte de algún togado.
Algunos de los integrantes de las bandas en cuestión son:
- Jobanis de Jesus Avila Villadiego, alias “Chiquito Malo”.
- José Gonzalo Sánchez Sánchez, alias “Gonzalito”.
- Alexander Celis Durango, alias “Bayron”.
- Jorge Emilson Cordoba Quinyo, alias “Negro Perea”.
- José Miguel Demoya Hernández, alias “Chirimoya”.
- Orozman Orlando Ostén Blanco.
- Luis Armando Pérez Castañeda.
- Alex Sierra Moncada.
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Estos son los argumentos presentados por la Fiscalía
Uno de los sustentos que presentó el ente judicial es que estos sujetos integran los denominados GAO, Grupos Armados Organizados, esto quiere decir que no se agrupan dentro de ninguna de las bandas que pueden someterse a una negociación diferente a las que disponga la justicia ordinaria:
“No existe un marco normativo que precise los términos del sometimiento de Grupos Armados Organizados sin carácter político ni de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto. Sin este marco jurídico legal para el sometimiento a la justicia, no puede el ente investigador y acusador proferir una resolución en desmedro de los derechos fundamentales de las víctimas y de su deber constitucional de “velar por la protección de las víctimas”. Por ello, la postura de la Fiscalía General de la Nación es que la concesión de beneficios judiciales para los miembros de estas estructuras armadas, como la suspensión de órdenes de captura, debe estar precedida de unos términos legales de sometimiento a la justicia y de un régimen de condicionalidad al cual deberán acogerse estas personas. Es a la luz de este marco legal que tendrá sustento jurídico la suspensión de las órdenes de captura.
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Así las cosas, el gobierno tendrá que solicitarle a un juez que levante estas órdenes, o buscar la manera de mediar sin que se les quite el pedido a los criminales en cuestión. Hasta el momento no hay ningún pronunciamiento desde la oficina del comisionado de paz, que fue la dependencia que emprendió la diligencia.
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