A lo largo de los años han circulado toda clase de rumores sobre el origen de las ganancias de los influenciadores. Una de las vías de ingreso más efectivas es la publicidad que hacen a toda clase de productos o servicios por medio de sus redes sociales. Sin embargo, hay ocasiones en las algunos de estos creadores de contenido no prueban o evalúan el producto a profundidad para garantizar a los seguidores que son inversiones responsables.
En 2021 se supo que a la empresa Real Business S.A.S, operada por María Camila Morales y Audruy Raúl Ríos, se le venía haciendo seguimiento desde la Superintendencia de Sociedades tras encontrar movimientos que generaban sospechas de captación de dinero ilegal en dicha organización.
“En noviembre se hizo público que Real Business venía siendo promovida a través de las cuentas personales por varios creadores de contenido que se cuentan entre los más seguidos del país. Entre esos nombres aparecen Yeferson Cossio, La Liendra, Sebastucho y otros creadores de contenido, a quienes la entidad también les hizo un seguimiento durante el 2022 para determinar si ellos se habían visto beneficiados en dichas operaciones”, anotó la Supesociedades.
De acuerdo con la información que recibió la superintendencia de los usuarios que se sintieron estafados por la empresa, Real Business pediría a sus clientes desde 100 mil hasta 50 millones de pesos, con la promesa de multiplicar el capital rápidamente. Esto se lograría a través de rentabilidades fijas de entre el 3% y el 9% en tan solo doce meses, sumado al retorno del dinero puesto.
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Como suele suceder en casos de modelos piramidales de negocio, no faltaron las personas que quisieron invertir confiados en la recomendación de los influenciadores que prestaron su imagen para hacerle promoción a la empresa, para luego terminar presuntamente estafados.
Suspensión inmediata
Ante la gran cantidad de denuncias de los afectados, la superintendencia ordenó a través de una resolución la suspensión inmediata de las operaciones de recaudo no autorizado de dinero del público. En la misma, la entidad exigió a Real Business la devolución inmediata del dinero captado, que de acuerdo con los datos recopilados, estaría por un valor aproximado de 9.877 millones de pesos, recogidos de poco más de 3.000 personas.
La resolución impide que la empresa o sus representantes puedan efectuar operaciones de captación o recaudo de dinero en forma masiva, bajo cualquier modalidad. Esta decisión permitió que la Superintendencia le solicitara en los primeros días de 2023 a la Fiscalía General de la Nación adelantar una investigación penal en contra de los directivos de Real Business.
Durante la investigación de la Superintendencia ya se determinó que ninguno de los principales influenciadores que prestaron su imagen para promover la empresa estuvieron involucrados en el recaudo de dinero. Sin embargo, y de acuerdo con el artículo 316 del Código Penal, que habla sobre la captación masiva y habitual de dineros de forma ilegal, existe una premisa normativa que podría afectarlos:
“El que desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, colabore o realice cualquier otro acto para captar dineros del público en forma masiva y habitual sin contar con la previa autorización de autoridad competente, incurrirá en prisión de 120 a 240 meses”
Como ha sucedido en otros países, Colombia afronta la necesidad de legislar frente al campo de acción de los influenciadores. Las propia Superintendencia se manifestó en otras ocasiones frente a los grandes vacíos legales y las evasiones que se presentan al momento de hacer promociones o publicidad usando este modelo, hasta el punto en que el órgano de control tiene más difícil hacer su trabajo.
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