JEP ordena al Gobierno reconocer como víctimas a los menores de edad reclutados en el conflicto armado

La Sección de Apelación de Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le ordenó al Gobierno nacional reconocer como víctimas a los menores de edad que fueron reclutados forzosamente durante el conflicto armado en Colombia. La decisión la tomó después de revisar un recurso que señalaba una discriminación a los niños, niñas y adolescentes reclutados tras las declaraciones del exministro de Defensa Diego Molano Aponte, al señalarlos como “máquinas de guerra”.

El caso empezó el 2 de marzo de 2021, cuando el Ejército Nacional realizó un bombardeo a un presunto campamento de alias Gentil Duarte, líder de un grupo residual de las extintas FARC. El combate en Calamar, Guaviare, generó cuestionamientos al Ministerio de Defensa del entonces gobierno de Iván Duque, pues doce menores de edad fueron dados “de baja”.

Molano brindó unas polémicas declaraciones en Blu Radio. “La discusión aquí no es la legitimidad de nuestra fuerza pública para desarrollar estas operaciones, sino cómo las disidencias de las FARC siguen reclutando a estos jóvenes y los convierten en máquinas de guerra”, manifestó el entonces jefe de cartera y aseguró que los menores dejan de ser víctimas al estar en las filas de los grupos armados.

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En abril de 2021, los miembros de Women’s Link Worldwide, la Fundación Pax Colombia y la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico) presentaron un recurso ante la Sala de Reconocimiento de la JEP para que se decretaran unas medidas de protección en favor de los menores de edad. Si bien en una primera instancia, la entidad negó la petición, las organizaciones apelaron la decisión en julio de ese año.

Las entidades indicaron que las declaraciones del exministro conllevaron a la vulneración del derecho fundamental a la honra y “la discriminación permanente contra las víctimas de reclutamiento y utilización que les impide concretar sus proyectos de vida”. Asimismo, manifestaron que sus palabras podrían generar el “desincentivo a la participación” del macrocaso 07, que investiga el reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado.

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En el Auto TP-SA 1305 de 2022, la JEP señaló que referirse a los menores como “máquinas de guerra” no solo les niega su condición de víctimas, sino que “constituye una clara omisión del Estado de cumplir con las obligaciones que le son impuestas por la Constitución Política”. Seguido a ello, comentó que con las declaraciones “claramente revictimiza a quienes sufrieron este flagelo” y “mina la reconciliación de la sociedad colombiana”.

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La Sala de Apelación recordó que “la paz no es solo tarea de las instituciones del sistema integral”, por lo que es importante que entidades —como las del Gobierno nacional— cuiden “de no estigmatizar a los opositores políticos y de no revictimizar con sus palabras”. En ese sentido, las palabras del exjefe de cartera pondrían en la mira de los actores armados a los menores de edad.

Por esas razones, el tribunal especial le ordenó al Gobierno nacional hacer un pronunciamiento público en el que reconozca la calidad de víctimas que todas las personas menores de 18 años que fueron reclutadas o utilizadas en el conflicto armado por la antigua guerrilla de las Farc. La entidad le dio un plazo de 15 días hábiles para responder y también lo instó a incorporar una política pública que contribuya “a eliminar los discursos justificativos”.

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