Uno de los casos de violencia que más ha impactado al país después de la firma del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Farc es el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos, por lo que ONG internacionales siguen denunciando la poca seguridad hacia ellos.
“Más de 1.000 defensores de derechos humanos y líderes sociales han sido asesinados en Colombia desde 2016, según la Defensoría del Pueblo de Colombia”, señaló Human Rights Watch en su informe mundial.
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En el balance se incluyó la cifra que maneja la Defensoría del Pueblo que para octubre del año 2022 llegó a 182 casos. Sin embargo, las cifras de la ONG para el total anual es que se superaron los 200 homicidios de líderes y defensores de derechos.
Juan Pappier, subdirector para las Américas de HRW, compartió el balance del mes de diciembre de los casos que han podido documentar para el cierre del año. Las víctimas solo en ese periodo ascienden a ocho en diferentes zonas del país.
El primero registrado es el líder coordinador de la Guardia Indígena Ariel Danilo Majín, asesinado el 2 de diciembre en Policarpa, Nariño. En ese departamento se registró también el último homicidio de ese tipo del año, en el municipio de Linares, donde el 29 fue asesinado el concejal y líder campesino Óscar Roberto Rodríguez.
También se registró el homicidio del líder sindical de Sintrapintuco Ricardo Osorio Vera, en Medellín, quien fue encontrado muerto por lesiones de arma blanca. En San José del Guaviare fue asesinado el 6 de diciembre el expresidente de la junta de Acción Comunal, Pedro Alirio Aguirre, quien trabajaba como asesor del Programa Nacional de Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.
El presidente de la Junta de Acción Comunal de San Pablo, en el departamento de Bolívar, Filadelfo Anzola Padilla fue asesinado el 6 de diciembre por sicarios atribuidos al grupo armado conocido como Clan del Golfo o autodenominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia, según Credhos.
En Bolívar también se presentó el homicidio del líder social y candidato político Luis Manuel Peña quien habría sido víctima de sicarios en su residencia. Para esa fecha, la Defensoría del Pueblo ya contabilizaba 200 homicidios de líderes comunitarios y defensores.
Javier Gámez Hinojosa, líder campesino y presidente de Asofique, fue asesinado en San Juan del Cesar, en La Guajira el 14 de diciembre. Por último, se registró el homicidio del líder de la Fundación Supervivientes Maná, José Ricaurte Quintero, en Armenia, Quindío.
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La cifra superaría el número de casos registrados por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) que tiene en su observatorio 189 casos para el 2022. Así mismo, mostraría un incremento respecto a las cifras del 2021 periodo para el que la Defensoría del Pueblo registró 145 víctimas y del 2020, cuando contabilizó 182 casos.
Ante este panorama, HRW en su informe para Colombia señaló que no se ha implementado políticas para proteger a estas personas vulnerables. “El derecho colombiano incluye un amplio conjunto de políticas, mecanismos y leyes orientados a prevenir abusos contra defensores de derechos humanos y a proteger a excombatientes de las FARC. Pero la implementación, especialmente de medidas establecidas conforme al acuerdo de paz de 2016, ha sido deficiente”, señaló la ONG.
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