En 2022 se retrocedió al mismo nivel de violencia previo al acuerdo de paz con las FARC, señaló Human Right Watch

Un panorama poco alentador sobre el país dejó el último informe de la ONG Human Right Watch (HRW) donde señalaron que el año pasado en Colombia se retrocedió a los mismos niveles de violencia que se tenían antes de que se consolidara el proceso de cese del conflicto con la extinta guerrilla de las FARC.

“El acuerdo de paz de 2016 (...) puso fin a un conflicto de cinco décadas y trajo una reducción inicial de la violencia. Sin embargo, la violencia adoptó nuevas formas y los abusos por parte de grupos armados aumentaron en muchas zonas remotas durante los años posteriores; en 2022 alcanzaron niveles similares a los que existían inmediatamente antes”, señalaron en el Observatorio de Derechos Humanos.

Aseguraron que ahora hay más grupos armados ilegales delinquiendo en todo el territorio nacional que tienen como su principal sustento financiero las rentas ilegales, como lo ha sido históricamente el narcotráfico y la minería ilegal en la última década.

“Estos grupos incluyen al ELN, que se formó en los años sesenta; más de 30 ‘disidencias’ que surgieron de la desmovilización de las FARC ocurrida en 2017; y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que se formaron a partir de la desmovilización de grupos paramilitares (...) que también son conocidas como ‘Clan del Golfo’ ”.

Señalaron que estas estructuras al margen de la ley continúan perpetrando las mismas acciones criminales hacia las diferentes poblaciones del país.

“Siguieron cometiendo graves abusos contra civiles, incluidos asesinatos, reclutamiento infantil y violaciones sexuales, especialmente en zonas rurales de la región del Pacífico y a lo largo de las fronteras con Venezuela y Ecuador”.

Criticaron que por parte de la fuerza pública hubo inacción para proteger a los ciudadanos, así como tampoco el Estado ha logrado desmantelar a esos grupos, y mucho menos les ha brindado los mecanismos necesarios para que puedan acceder a la Justicia.

Sobre este tema destacaron que la población, especialmente en las zonas rurales, ha tenido que padecer por confinamientos y desplazamientos forzados a raíz de acciones como paros armados, del que señalaron que el más grave fue el que llevó cabo el Clan del Golfo tras la extradición de su otrora máximo jefe criminal Dairo Antonio Úsuga alias Otoniel.

“Impusieron un ‘paro armado’ con restricciones a la circulación de civiles en más de 170 municipios de 11 departamentos. Las restricciones sugirieron una expansión geográfica alarmante, en comparación con el paro armado de 2012, que afectó a 26 municipios (...) El grupo también mató a 36 policías entre junio y agosto de 2022″.

Indicaron que por cuenta de la instalación de minas antipersonal, la posibilidad de quedar en medio de un combate entre esos grupos armados y las amenazas que han hecho en su contra, 96.000 personas en el país se vieron restringidas para movilizarse en sus territorios. También reprocharon la cantidad de crímenes múltiples que ocurrieron el año pasado.

“La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) reportó 60 ‘masacres’, un término definido como el asesinato intencional de tres o más civiles en un solo incidente, hasta octubre de 2022”.

De acuerdo con su informe, HRW afirmó que Cauca y Nariño son los departamentos más afectados por parte de esas agrupaciones.

“(En) Nariño, los enfrentamientos entre grupos disidentes de las FARC han dado lugar al desplazamiento de miles de personas, principalmente afrodescendientes e indígenas awá (...) En Cauca, el ELN y grupos disidentes de las FARC han reclutado a más de 500 niños y niñas, en su mayoría indígenas, desde 2021, según organizaciones locales (...) En el municipio de Argelia, dejaron un saldo de más de 2.600 personas desplazadas y confinadas”, agregaron.

El observatorio hizo hincapié en la situación de violencia que sufre la población civil en las zonas de frontera con Venezuela, especialmente en Arauca y en el Estado de Apure, en el país hermano, donde estiman que 12.000 personas fueron víctimas de desplazamientos y confinamientos forzados por cuenta de las acciones violentas del ELN y una coalición de disidencias de las extintas FARC.

Además, reiteraron la denuncia de que sigue existiendo connivencia entre la fuerza pública venezolana con la insurgencia colombiana.

“En Apure, miembros del ELN realizaron operaciones conjuntas con miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, que fueron cómplices de sus abusos”, aseguraron.

En otro de los apartes del informe señalaron que la Policía y las Fuerza Militares del país también han perpetrado abusos y hasta crímenes en contra de los derechos humanos de la población y citaron el emblemático caso del operativo que se llevó a cabo en el municipio de Puerto Leguizamo (Putumayo) donde varios civiles perdieron la vida.

“El 28 de marzo de 2022, 11 personas murieron durante una controvertida operación del Ejército realizada en El Remanso (...) (Esa fuerza militar) alegó haber cumplido con el Derecho Internacional Humanitario y señaló que el operativo había estado dirigido a Comandos de Frontera. Al menos cuatro civiles murieron, entre ellos un líder indígena y un líder comunitario. Hasta octubre, continuaban en curso las investigaciones penales”.

Reiteraron sus críticas a los pocos avances en las investigaciones y procesos a los integrantes de la fuerza pública que son señalados de cometer crímenes durante las protestas entre 2019 y 2021, y rechazaron que por las agresiones contra los ciudadanos no haya una sola indagación, así como las reformas a la Fuerza Pública que calificaron de limitadas.

“Human Rights Watch examinó evidencias que vinculaban a policías con 25 asesinatos de manifestantes y transeúntes, así como decenas de lesiones y arrestos arbitrarios, en el contexto de manifestaciones pacíficas ocurridas en 2021. Al mes de octubre de 2022, cuatro policías habían sido imputados y otros cinco acusados en relación con los homicidios. Nadie ha sido imputado en relación con las lesiones o detenciones arbitrarias”.

Otro aparte del informe del Observatorio se dedicó a los crímenes y amenazas en contra de los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en Colombia.

“Más de 1.000 defensores de derechos humanos y líderes sociales han sido asesinados en Colombia desde 2016, según la Defensoría del Pueblo de Colombia. (El mismo organismo) reportó 182 asesinatos de defensores de derechos humanos entre enero y octubre de 2022″.

También reprocharon la inoperancia del Estado para proteger a estas personas que representan y trabajan por sus comunidades.

“El derecho colombiano incluye un amplio conjunto de políticas, mecanismos y leyes orientados a prevenir abusos contra defensores de derechos humanos y a proteger a excombatientes de las FARC. Pero la implementación, especialmente de medidas establecidas conforme al acuerdo de paz de 2016, ha sido deficiente”.

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