Corrupción en la UNP: investigarán funcionarios por blindaje, camioneta con coca y más fallas

El exdirector de la UNP, Ronald Rodríguez Rozo y el presidente de uno de los 19 sindicatos de esa entidad, Wilson Javier Devia Pérez, junto a otros oficiales y exempleados, serán investigados por la Procuraduría en tres presuntos casos de corrupción y de relación con el narcotráfico.

La Dirección Nacional de Investigaciones Especiales recopiló información y documentación, durante una inspección disciplinaria en la UNP, para individualizar a los presuntos autores de hechos denunciados tras el cambio en la dirección de la entidad. Con esos resultados, se abrieron formalmente tres investigaciones que involucran tanto a servidores actuales, como exfuncionarios.

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La primera investigación está relacionada con los falsos blindajes. De acuerdo con el Ministerio Público, se identificaron cinco vehículos arrendados por la empresa Neostar Seguridad de Colombia Ltda. desde el 2018, que fueron asignados a los esquemas de seguridad de líderes sociales y funcionarios, pero no cumplían los requisitos técnicos.

Pese a que fueron alquilados con un supuesto blindaje IIIA, un año después se conoció que no contaban con el número de capas correspondiente, el material de protección balística no era el establecido, algunos presentaban huecos balísticos o solo contaban con blindaje en los vidrios.

En este caso serán investigados el ex subdirector de Protección, Ronald Rodríguez Rozo, y el coordinador del Grupo de Vehículos de Protección en el momento del contrato, Luis Ignacio Acosta Gonzáles. También serán vinculados otros dos funcionarios que continúan en la UNP, el coordinador de Control Interno Disciplinario Elver Oswaldo Franco, quien era jefe jurídico encargado, y Mariantonia Orozco Durán, que se desempeñaba como jefe jurídica en la época.

“Presuntamente por más de 2 años y 5 meses no impulsaron los procesos de incumplimiento contractual por dichos blindajes falsos, procesos que si bien se iniciaron en enero de 2020, solo fueron decididos hasta noviembre de 2022″, cuando ya estaba al límite de la caducidad, señaló el ente disciplinario.

La segunda investigación que se abrirá está relacionada con la camioneta de la UNP que fue incautada en el municipio de Totoró, Cauca, el 10 de diciembre de 2022, cuando transportaba 168 kilos de cocaína. El vehículo estaba asignado al esquema de seguridad del Exsubdirector de Protección de la UNP, Ronald Rodríguez Rozo.

En ese caso, el único servidor público involucrado es Christian Ernesto Páez Pinzón, oficial de Protección de la UNP, quien será investigado por presuntamente incumplir los deberes al no haber reportado “oportunamente las novedades del esquema, no aceptar descansos dados por el protegido y al parecer su informe es contradictorio con la ubicación reportada por el GPS de la camioneta”.

Rodríguez Rozo y Manuel Antonio Castañeda Bernal, quien fue capturado al ser el conductor de la camioneta, no eran funcionarios públicos para la fecha de los hechos. “La DNIE sigue investigando las relaciones de la UNP con el narcotráfico”, anunció la Procuraduría.

La tercera investigación involucra al director de uno de los sindicatos de la UNP, Wilson Javier Devia Pérez, quien ejerce como Oficial de Protección. Su nombre apareció en una comunicación con el conductor de la narcocamioneta por presuntamente alquilar vehículos a personas no beneficiaras de esquemas de protección.

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Además, será investigado por presuntamente “cobrar dinero por “meter” vehículos a la UNP “a trabajar”, al parecer, empleando su influencia sobre los escoltas del sindicato y ubicarlos en la mejor zona”, señaló el Ministerio Público. Al parecer, el mismo Castañeda Bernal ya había denunciado esas conductas ante el director de la entidad.

Desde el ente disciplinario anunciaron la práctica de pruebas para verificar las conductas, por lo que se podrían vincular otros servidores públicos a las investigaciones. Por lo pronto se han identificado deficiencias, como que el 75 % de los servicios de la entidad son tercerizados y el 95 % de los trabajadores son contratistas. Además, solo hay un perito balístico para comprobar el blindaje de los vehículos.

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