Sin un pasado mejor: las violencias contra las personas LGBTIQ+ no se las inventó la guerra

“Es imposible para nosotros devolvernos a un pasado mejor, porque nunca lo tuvimos. Siempre que vayamos más atrás, estará mal nuestro pasado”. Esas fueron las palabras de un líder social y artista entrevistado por la Comisión de la Verdad frente a la violencia que han vivido las personas LGBTIQ+ antes y durante el conflicto armado en Colombia. “Eso implica que, para que no vuelva a pasar, hay que construir un futuro donde haya espacio para la diversidad”.

La entidad que nació con el Acuerdo Final de Paz tiene un enfoque restaurativo para las víctimas de la guerra interna en el país; sin embargo, la población LGBTIQ+ no tiene ese mismo horizonte. “Este enfoque no sirve”, aseguró el también presidente de una organización de este colectivo y recordó que los actores armados no se inventaron las violencias que sufrieron, “ellos la exacerbaron, pero toda esa violencia es histórica y estructural de la sociedad”.

La Comisión se remontó a la época de la Colonia para hablar sobre el origen de estas discriminaciones. En las crónicas de algunos conquistadores encontraron relatos que hablaban sobre indígenas hombres que mantenían relaciones entre sí y se travestían. Incluso en el Archivo General de Indias español —donde estaban estipulados los procesos penales— esas acciones eran un “pecado nefando” y eran consideradas abominables e inmorales.

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“La invasión española no solo se trató de personas, sino también de ideas: se impuso una moral judeocristiana y, con ella, una represión absoluta de la homosexualidad y del travestismo que ya habían visto en los nativos indígenas”, explicó la entidad en el tomo Mi cuerpo es mi verdad. Y si bien para 1837 dejó de ser un delito en el Código Penal nacional, en el siglo XIX las discusiones frente a la sexualidad a nivel internacional terminaron afectando en el panorama colombiano.

En el Código Penal de 1936 se estipuló una sanción de seis meses a dos años de prisión para aquellos que “consumen el acceso carnal homosexual, cualquiera que sea su edad”. En esa misma época, Europa y Estados Unidos habían criminalizado las prácticas sexuales que se salieran de la heterosexualidad y para después de la Segunda Guerra Mundial, la ciencia intentó “explicar” el porqué de la orientación sexual, por lo que terminaron patologizándola.

“En los bares [clandestinos] había un bombillo rojo encima de la puerta. Cuando prendía y apagaba quería decir que había llegado la policía”, narró Fabio, un hombre gay y víctima LGBTIQ+ durante el conflicto armado. En ese momento, los homosexuales, lesbianas y travestis empezaban a actuar como heterosexuales para evitar que la fuerza pública los detuviera y torturara.

Aunque simular tener otra orientación sexual no bastaba del todo. “Si los dueños del bar no les pagaban peaje, nos sacaban, nos montaban en una patrulla y nos llevaban a la estación de la quinta con 32″, precisó el entrevistado de la Comisión de la Verdad. En algunas ocasiones, los miembros de la Policía Nacional los llevaban al cerro de Monserrate, en Bogotá, y los bañaban con agua fría.

Ese fue el panorama de la década de los 70. Las personas LGBTIQ+ estuvieron vinculadas a sindicatos y colectivos estudiantiles, por lo que se agudizó la criminalización y estigmatización social y política en su contra, tanto así que guerrillas como el Movimiento 19 de Abril (M-19) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) los usaron como chivos expiatorios, mientras que para la Policía Nacional servían de anzuelos.

“En ese momento se pensaba que en las guerrillas había líderes homosexuales y el Ejército hizo cosas tenaces: les ponían como anzuelo a soldaditos que no eran gais y algunos los detuvieron culeando”, puntualizó Fabio. Esa era una de las formas que tenían para acorralar al enemigo, que se incrementaron con los constantes estados de sitio decretados por el Gobierno nacional.

La Comisión también detalló lo que serían las limpiezas sociales cometidas por agentes del Estado tras la implementación del Estatuto de Seguridad del Gobierno de Julio César Turbay en 1978. “Este régimen penal buscó reducir las movilizaciones sociales, imponer controles sociales y políticos, y detener el progresivo crecimiento de grupos guerrilleros, todo mediante acciones represivas”, resaltó la entidad nacida con el Acuerdo Final de Paz.

En una entrevista colectiva, una mujer trans llamada Irina contó lo que hacía el extinto F2 de la Policía Nacional en Santander en 1985. “Usted no se podía parar en la 15 con 34 —sostuvo la víctima—. Nos pegaban, nos disparaban, nos llevaban por allá y nos dejaban botadas por Rionegro, en el kilómetro 18″. En ese lugar agredían a las personas trans hasta el punto de asesinarlas.

“Cuando salió el problema del VIH decían que era un caso especialmente de personas trans”, afirmó Miriam, una mujer trans de Bucaramanga que fue perseguida a finales de la década de 1980. La víctima señaló que por noche podían llegar a asesinar a más de 20 personas. “Fueron masacres grandes, por el solo hecho de que eran homosexuales, porque pensaban que esa enfermedad solo la contagiábamos nosotras, por ser gais”, añadió.

En 2002, durante los diálogos fallidos entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Estado, salieron a la luz las pruebas de detección rápidas de VIH que usaba el Frente 27. Un informe de Colombia Diversa —consultado por la Comisión de la Verdad— presentó el caso de Verónica y Jenny, dos mujeres trans que fueron desplazadas de Vista Hermosa, Meta, precisamente por el supuesto vínculo entre la enfermedad y la población LGBTIQ+.

Debido a la presencia del grupo armado, no podían asumir su sexualidad e identidad de género libremente. Un día a Jenny la amenazó un guerrillero mientras estaba almorzando en un restaurante. “Se para o la mato —le dijo el hombre—. Yo odio a los maricas”. Con ese tipo de agresiones debían convivir las personas trans todo el tiempo; sin embargo, para las dos mujeres la situación empeoró en abril de 2000.

Un día la hermana de Verónica despertó a ambas mujeres y las alertó sobre unos gratifis que decían “Verónica tiene SIDA”. De acuerdo con el informe Vivir bajo sospecha, “alias Pitufo las obligó a que escribieran una lista de todos los miembros de la población LGBT, ‘incluso en el clóset´' o todas las personas que tenían relaciones sexuales con ellas”. Les dio tres días para que se fueran del municipio y luego ordenó pruebas masivas de VIH para toda la comunidad.

La población LGBTIQ+ tuvo algunas victorias durante el conflicto armado en Colombia. En 1980 se despenalizó la homosexualidad, aunque en la práctica —como ya se ha expuesto— la represión continuó. En 1990 la Organización Mundial de la Salud le retiró el carácter patológico a esa orientación sexual y tras la Constitución de 1991 las personas pertenecientes a este colectivo pudieron acceder a la acción de tutela.

A pesar de esos avances, durante la guerra interna fueron vistos como una amenaza al orden moral y social y esa situación se agudizó entre 2003 y 2016. La Comisión señaló ese periodo como el de mayor cantidad de violencias por parte de grupos paramilitares en alianza con la fuerza pública y los agentes del Estado, especialmente con la política de Seguridad Democrática, “que profundizó el concepto de enemigo interno”.

Esas acciones se hicieron notorias con el uso de infraestructura estatal, “como los centros de detención, para cometer tales actos en municipios como El Carmen de Bolívar”. Por ese tipo de casos, la población no busca un enfoque restaurativo, sino la construcción de un futuro que acepte la diversidad. Así, las víctimas no tendrán que volver a esconderse, como lo contó un hombre gay a la Comisión.

—Me tocó conseguirme una mujer, para ocultarme detrás de eso.

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