La subdirectora general del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Margarita Montilla, se enteró a través de los medios de comunicación que es una de las exfuncionarias que será imputada en el cierre de judicializaciones por presunta corrupción de la multinacional Odebrecht en el contrato de construcción del Puente Plato en Magdalena.
Tras conocer la información, Montilla decidió remitir su carta de renuncia irrevocable al cargo en el que había sido nombrada por el actual gobierno el 19 de agosto de 2022. En su dimisión, se manifestó inocente de los hechos por los que será vinculada a la investigación por parte de la Fiscalía.
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“Mi única relación con el asunto con el cual, según la prensa, la Fiscalía me imputará cargos, consiste en que asistí a una sesión del Comité de Contratos en la que se presentó un tema relacionado con la Concesión Ruta del Sol 3 -proyecto que nunca estuvo a mi cargo en la Gerencia que desempeñé en la ANI- nunca participé ni en los estudios ni en el análisis previos del Otrosi del contrato de concesión que mencionan las noticias de prensa”, señaló Montilla.
El ente acusador anunció que con abundante material probatorio se determinó radicar solicitud de audiencia de formulación de imputación contra los funcionarios de la ANI que “tramitaron y suscribieron sin el cumplimiento de los requisitos esenciales, el otrosí No. 5 al Contrato de Concesión No. 007 de 2010″.
Este documento se suscribió para realizar los estudios y diseños de fase III para la construcción de un nuevo puente entre los municipios de Plato y Zambrano, en Magdalena, como parte de la construcción de la Ruta del Sol III, para lo que se adicionaron casi 6.000 millones de pesos. Sin embargo, el ente acusador considera que se firmó para beneficiar a la empresa que realizó los estudios, Consultores Unidos, de la cual el representante legal Eduardo José Zambrano Caicedo ya aceptó cargos.
Montilla señaló que ella no había sido notificada por la Fiscalía al momento de darse a conocer la solicitud de audiencia de imputación, que aún da trámite. Pero decidió presentar su renuncia para asumir el proceso de defensa y que no se utilice para atacar a Mauricio Lizcano, director del Dapre, y Gustavo Petro, al que le deseó éxito.
“Aunque tengo la conciencia tranquila y siempre he obrado de manera correcta e integra, considero necesario renunciar a mi cargo para disponer del tiempo necesario para asumir mi defensa, en caso de ser necesario, y también para evitar que mi presencia en el equipo del gobierno pueda ser aprovechada para atacar también injustamente a su administración”, señaló la funcionaria en su carta de renuncia.
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Estará en la subdirección general del Dapre hasta el 14 de enero de 2023. Llegó a ese cargo luego de estar en el Ministerio de Transporte, al que pasó tras haber sido la gerente de la vicepresidencia jurídica de la ANI entre el 7 de mayo de 2012 y el 11 de mayo de 2016.
Será imputada, según el anuncio de la Fiscalía, por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y enriquecimiento ilícito de particulares. Junto a ella, deberán responder también Germán Edmundo Córdoba Ordóñez, como vicepresidente ejecutivo de la ANI, y los miembros del Comité Asesor de Asuntos Contractuales.
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