Procuraduría del Guaviare pide respuestas por casos de explotación sexual de menores indígenas

A propósito de las denuncias sobre explotación y abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes indígenas en el departamento de Guaviare, la Procuraduría Regional pidió explicaciones a la seccional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Gobernación del Guaviare, la Defensoría del Pueblo regional, la Fiscalía regional, la Alcaldía de San José del Guaviare y la Comisaría de Familia.

El ICBF reveló que cada año se reciben unas 192 denuncias por violencia sexual a menores de la región, unas cuatro por semana. Además, están creciendo las cifras de embarazos infantiles. El contexto de estos abusos sería transaccional: las víctimas, miembros de las etnias nukak y jiw, reciben comida, dinero —cantidades irrisorias como diez mil pesos— y hasta pegante de caucho a cambio de acceder a sus cuerpos. Del otro lado de la transacción están varones, principalmente militares, tanto locales como estadounidenses.

El periodista Gerardo Reyes, que trabaja para Univisión, dejó en evidencia algunos casos de esta situación que está acabando con la infancia de las niñas indígenas de esta zona del país y empeora sus condiciones de pobreza. Como muestra, dejó el testimonio de una adolescente de 15 años que fue violada múltiples veces por militares en el 2019 al interior de un baño público de San José por cuatro días, sin recibir alimento.

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Otro de los casos fue el de una menor de 10 años que fue violada por un militar de Estados Unidos, también en el 2019. Fue obligada a dar a luz, pero no pudo ejercer su maternidad debido a que por su edad no entendía ni asimiló el proceso. En ambos casos la situación fue la misma, han pasado años y la Fiscalía no ha avanzado en las investigaciones, pese a que estos procesos, en el papel, deberían ser condenados con cárcel de 12 a 20 años.

Ante la crudeza de las denuncias, el Ministerio Público pidió a las entidades encargadas que reciban un informe con varios aspectos. En primer lugar, pide que se enumeren las estrategias para mitigar la explotación sexual de menores en el municipio, así como los resultados que han obtenido de ellos entre 2019 y 2022. Lo mismo se pide con respecto al consumo de sustancias psicoactivas por parte de esta población vulnerable.

El Ministerio Público también recordó que en 2022 se había planteado un plan de choque contra la explotación sexual y el consumo de psicoactivos en menores, en medio de una de las sesiones del Consejo Departamental de Política Social y el Comité Departamental de Justicia Transicional. La entidad pide detalles, resultados y recomendaciones derivados de ese plan.

También se solicitó el reporte de denuncias sobre presuntos casos de explotación sexual y violencia sexual contra menores de las dos comunidades étnicas a partir de 2019, junto con los respectivos números de radicado, descripciones de los hechos, acusados —así como su vinculación a la fuerza pública o el servicio público— y estado de la investigación. Finalmente, se pidió un reporte similar sobre los procesos administrativos de restablecimiento de derechos a menores de las etnias jiw y nukak en el mismo periodo.

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