En la tarde del miércoles 11 de enero, durante la sesión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dedicada a la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las Farc, los miembros de la entidad votaron a favor de que el mandato de esta misión sea extendido.
El representante especial del secretario general de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz-Massieu, se mostró agradecido por la confianza del Gobierno nacional y los representantes de la extinta guerrilla —quienes pidieron la extensión del mandato—, que llevó a la decisión de extender el mandato, lo cual “permitirá incrementar su contribución a la paz en Colombia”.
“Esperamos contribuir a impulsar el carácter transformador de reforma rural y capítulo étnico del Acuerdo, abordando patrones de desigualdad y exclusión, causas estructurales del conflicto”, expresó el diplomático.
La nueva fecha límite está fijada para el 31 de octubre de 2023 y tiene el propósito de vigilar los puntos del acuerdo relacionados con la reforma agraria y el componente étnico. La decisión fue respaldada de forma unánime.
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En este encuentro del Consejo de Seguridad también se socializó oficialmente el informe más reciente de la misión, un documento de 21 páginas con información del periodo entre el 27 de septiembre hasta el 26 de diciembre de 2022.
En su intervención, Ruiz-Massieu destacó a acciones como la creación del Ministerio de la Igualdad y el interés en reforzar la reforma agraria, que tomó un rol central en el cumplimiento de los acuerdos. También condenó las agresiones contra comunidades vulnerables, como los indígenas y afrocolombianos.
El encuentro también tuvo como protagonista a un representante de la sociedad civil: el secretario técnico de la Instancia Especial de Alto Nivel Pueblos Étnicos de Colombia, el indígena wayuu Armando Wouriyu Valbuena.
El líder indígena recordó que es indispensable que las instituciones trabajen con la comprensión del sistema étnico, ya que el Estado tiende a excluirlos a la hora de tomar decisiones pese a representar el 10 % de la población de Colombia. Por ello, reclamó garantías para ejercer la autodeterminación de los pueblos y la protección colectiva de los territorios nativos.
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Asimismo, Wouriyu recomendó que las plantas clasificadas como cultivos ilícitos, que para varios de ellos tienen calidad de sagradas, deben ser sujetos de una normatividad especial. Finalmente, celebró que países como México y Estados Unidos hayan mostrado interés en acompañar a los pueblos étnicos de Colombia para verificar el cumplimiento del capítulo del acuerdo que los vincula a ellos.
Después de la intervención del líder indígena, los diferentes miembros del Consejo de Seguridad intervinieron: en términos generales, celebraron la decisión de expandir el mandato de la misión, destacaron la importancia de los proyectos productivos y el acceso a la tierra para la reincorporación de los excombatientes, y condenaron el atentado que se planeó contra la vicepresidenta Márquez el martes 10 de enero.
Destacaron las intervenciones de países como Brasil y Estados Unidos. El embajador del país sudamericano afirmó, a propósito del atentado, que “el extremismo político no prosperará en nuestro continente. La representante de los Estados Unidos destacó los esfuerzos por la reforma agraria, pero mostró preocupación por el aumento de hectáreas sembradas de coca. Mencionó que todos los actos de violencia impiden el progreso y la paz y exigió a las autoridades que actúen contra el avance del narcotráfico.
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