Santander: razones de los líderes sociales para marchar en contra de la explotación minera

En la vía La Lizama – San Alberto que conecta al centro y sur del país con Santander, se presentaron bloqueos por una protesta de líderes sociales y comunidades locales que manifestaron su rechazo al licenciamiento que entregó la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) a la empresa Colcco, para la explotación minera en El Carmen y San Vicente de Chucurí.

“Hemos decidido ubicarnos en la Lizama, donde está la intersección hasta la costa, el interior del país y el municipio de Barrancabermeja, para protestar y dar conocer la problemática que tenemos los municipios de San Vicente de Chucurí y San Vicente por un proyecto minero que se quiere implementar con la multinacional Colcco”, dijo Luis Miguel Corena, integrante de la mesa de participación y concertación socio ambiental del Magdalena Medio y la corporación Yariguies, en testimonios recopilados por el diario local Vanguardia.

La licencia ambiental para la explotación de carbón a cielo abierto en El Carmen y San Vicente de Chucurí se otorgó en agosto del año pasado, con la resolución 574. La solicitud de este permiso venía existiendo desde el año 2012, sin embargo, fue detenido en el 2017 luego de la masiva inconformidad de la población. Hacia noviembre de 2022 se informó que la Corporación Autónoma Regional de Santander había refrendado los permisos.

“El trabajo que hacemos dentro de nuestra función es analizar la entrega de estudios ambientales y los procedimientos que aplican al sector minero. En este caso, Colcco presentó un contrato que entró en revisión en 2012 y allí se analizó si se les otorgaba la licencia ambiental”, señaló Alexcevith Acosta, director de la CAS de Santander, en su momento, acerca de la determinación.

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Según comentó Jorge Oliveros, vicepresidente de Asojuntas del corregimiento El Centro, en Barrancabermeja, las protestas se realizaron de manera pacífica, pues en sus intenciones no se encontraba generar un caos. “Sabemos que debemos respetar la libre circulación de los viajeros, pero al idea es llamar la atención. El acueducto de nuestro corregimiento se capta en el río Cascajales, por ende la explotación minera a cielo abierto nos va afectar de manera colateral”.

“Hace tres años pagamos tres millones de pesos para que nos den un permiso para el acueducto de 17 veredas, es decir más de 900 familias. No tenemos cómo darle la mano esa gente, pero sí le dan fácil la licencia a los grandes capitalistas”, comentó Alirio Amado Ortiz, habitante del sector y manifestante.

La autoridades reportaron que su tarea se basó en acompañar la movilización, lo que les permitió que se facilitara la movilidad de vehículos cada 10 o 15 minutos, de forma alternada. “Dieron sus puntos de inconformisos a la comunidad y posterior a eso daban el paso a los dos carriles para darle fluidez al tráfico”, comentó sobre las jornadas de protesta el coronel Santiago Garavito Aranzazu.

“La Cas dio la licencia y lo que vemos es que se está aligerando el proceso, ya llegaron haciendo vuelos con drones sin permiso de las comunidades, aparte de eso están llegando a las comunidades ciertos personajes negociando las fincas y es preocupante porque ellos dicen que están hablando con las comunidades y están utilizando a algunos campesinos de la vereda prometiéndoles que van a dar trabajo, ‘cuantavaina’, con tal de que ellos vendan”, añadió Alirio Ahumada Molina, líder de la vereda Rancho Grande 2 del Carmen de Chucurí.

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