Procuraduría advierte que plazo de cuatro meses para formalizar empleos puede generar una parálisis en el Estado

El viernes 30 de diciembre, el Gobierno nacional emitió los lineamientos de su propuesta para acabar con los contratos de prestación de servicios en las entidades del Estado, en los primeros cuatro meses de 2023.

Por medio del Departamento Administrativo de la Función Pública se presentó el programa “Plan de Formalización del Empleo Público en Equidad 2023″ para que entrara en vigencia a partir del 1 de enero de este año.

Desde el anuncio oficial varios sectores se opusieron a la propuesta del presidente Gustavo Petro. Por ejemplo, el Ministerio del Trabajo envió una carta dirigida a la Presidencia en la que sostiene que “en solo cuatro meses no pueden desaparecer todos los contratos de prestación de servicios que hay en el sector público”.

Otra entidad que se sumó al rechazo de esta propuesta fue la Procuraduría General de la Nación que por medio de una carta, con fecha de 10 de enero, le advirtió a todos los ministerios del país que el plazo cuatro meses para acabar con la figura de presentación de servicios resulta escaso.

En ese sentido, le solicitó a las carteras nacionales a que agoten “las diversas instancias para ajustar las plantas de personal y evitar que la falta de funcionarios genere una parálisis del Estado en todos sus niveles”.

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El Ministerio Público también pidió a las autoridades públicas dar cumplimiento a los preceptos constitucionales, legales y reglamentarios requeridos para materializar el Plan de Formalización del Empleo Público en Equidad 2023, presentado por el Gobierno nacional, “en aras de garantizar el derecho al trabajo en condiciones dignas”.

El programa oficial advierte que la formalización del empleo público se promoverá teniendo en cuenta cuatro mecanismos: el primero establece la provisión de todos los cargos de las plantas de personal existentes y en vacancia; el segundo, la ampliación de las plantas de personal existentes, siempre que las condiciones técnicas y financieras así lo permitan.

El tercero hace referencia a la creación de plantas temporales en equidad, con criterios meritocráticos y vocación de permanencia; y, cuarto, menciona que se hará uso racional de los contratos de prestación de servicios.

En este último punto se detuvo la Procuraduría General y le pidió a los responsables de la administración “cumplir con la obligación legal de avanzar en los trámites para la organización de la prestación de los servicios financieramente viables, sin desconocer los derechos de los contratistas del Estado a una vinculación en condiciones de estabilidad laboral”.

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Puntualmente, la delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social señaló que no se puede dejar a las entidades “sin el personal necesario e idóneo para atender la demanda de los servicios que prestan a la ciudadanía”, e indicó que los entes territoriales disponen de autonomía para adelantar los trámites en materia de plantas de personal.

Hay que anotar que en la carta del Ministerio del Trabajo, donde se hacen varias recomendaciones en un apartado, se advierte que teniendo en cuenta que el Ministerio de Hacienda ya asignó un presupuesto para este año, las metas puestas por el Gobierno referente a la modificación de este tipo de contratos es “imposible de ejecutar”.

En este punto coincidió la Procuraduría General, y por eso resaltó las observaciones y recomendaciones que hizo la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, dirigidas al secretario jurídico de la Presidencia, “todas ellas encaminadas a la defensa del trabajo decente en el sector público”, se lee en la carta.

Finalmente, la procuraduría reiteró la necesidad de acabar con la precarización laboral, sin que eso implique “causar un detrimento en los servicios profesionales y de apoyo que actualmente prestan miles de contratistas en los diferentes organismos”.

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