Presidente Petro derogará decreto que daba escoltas a funcionarios del Gobierno sin justificación

El año pasado, antes de que el gobierno de Iván Duque finalizará, el exmandatario expidió el decreto 1064 de 2022, en el que estableció que los exservidores públicos que hayan sido miembros del Consejo de Seguridad Nacional desde la vigencia del decreto serán personas de riesgo extraordinario o extremo, por lo que deberá garantizarse su protección con esquemas de la Unidad Nacional de Protección -UNP-.

En su momento dicho documento generó controversia, pues el servicio se les daría previo por un promedio de 4 años sin estudio previo de su situación de seguridad y hasta se les podría extender por un tiempo, pasado ya seis meses desde que dicha ley fue firmada, se conoció que el presidente Gustavo Petro derogará dicho decreto.

De acuerdo con un artículo de El País de España titulado “Acabar con un fetiche colombiano” el proceso de reversar dicha ley expedida en el anterior gobierno ya comenzó. El autor del artículo aseguró en una entrevista para la W Radio que:

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En este sentido, Calvás advirtió que es probable que algunos funcionarios actuales se resistan al cambio, pues serían beneficiarios directos de dicha ley: “Basta con la expedición de un nuevo decreto que derogue el 1064, aunque dudo mucho que futuros beneficiarios del mismo (a saber, el actual ministro del interior, Alfonso Prada; el actual jefe del Departamento Administrativo de Presidencia, Mauricio Lizcano; o la jefe de gabinete, Laura Sarabia) quieran ser los promotores de privarse ellos mismos de su acceso al fetiche”, escribió en el medio internacional.

Con respecto a la UNP, en los últimos meses se han revelado varias irregularidades al interior, por lo que este decreto traería un cambio significativo a la institución, que fue denunciada por presuntos hechos de corrupción y el uso indebido de las camionetas.

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Primero encontraron, que una camioneta de la institución estaba trasportando cocaína por la vía La Plata - Popayán, muy cerca al municipio de Caloto, en el departamento del Cauca; luego se dio a conocer una presunta red de corrupción liderada por Wilson Devia, presidente de uno de los 19 sindicatos de la entidad que estaría vendiendo esquemas de seguridad y cobrando sobornos. Ahora salió a la luz que las camionetas de la Unidad, además, han sido usadas para compras de votos en campaña.

De acuerdo con lo señalado por Caracol Radio, la última información se la dio a la institución, el chofer Manuel Antonio Castañeda, mismo que iba manejando la camioneta encontrada en la vía La Plata - Popayán. El sujeto habría revelado al director de la Unidad, Augusto Rodríguez, que en época electoral se estarían utilizando las camionetas de los esquemas de protección para mover millonarias sumas de dinero de manera clandestina, la razón es que al ser camionetas brindadas por el Estado, era más fácil hacerlas pasar desapercibidas en los retenes.

En este sentido, se dio a conocer que las diferentes irregularidades habían sido ejecutadas por las redes criminales al interior de la Unidad, pues para el ocultamiento de crímenes como el tráfico de estupefacientes, la compra de votos y otras cosas, las autoridades no sospecharían de los marcos de seguridad brindados por el mismo Estado.

“Entonces, en ese sentido, las camionetas de la Unidad Nacional de Protección y los esquemas podían transportar dineros en los días electorales para el tema de la compra de votos, dinero en efectivo y grandes sumas (…) ¿le contó de cuánto dinero estarían moviendo en esas épocas? No precisó”, anotó el directo de la UNP a la emisora colombiana.

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