JEP escuchará reclamos de víctimas de ‘falsos positivos’ en Meta

El periodo de tiempo donde se presentaron más casos de ‘falsos positivos’ en Meta fue entre 2002 y 2005, con un aproximado de 104 víctimas, con 153 militares involucrados

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 Más de 2.200 víctimas ya fueron acreditadas para poder participar en las comparecencias y conocer la verdad de lo que ocurrió dentro del conflicto. EFE/Carlos Ortega/Archivo
Más de 2.200 víctimas ya fueron acreditadas para poder participar en las comparecencias y conocer la verdad de lo que ocurrió dentro del conflicto. EFE/Carlos Ortega/Archivo

La primera audiencia pública de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de 2023 ya tiene fecha. La justicia de paz convocó para el 26 y 27 de enero a víctimas de ‘falsos positivos’ del departamento del Meta, y organizaciones que la representan, a presentar sus observaciones sobre las declaraciones que entregaron los militares en este caso.

Esta audiencia hace parte del Caso 03 de la JEP que trata de asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. En su comunicado, la entidad nacida del Acuerdo de Paz explicó que en Meta las muertes ilegítimas están relacionadas con personal adscrito al Batallón de Infantería No. 21 Batalla Pantano de Vargas.

Para la JEP esta primera audiencia de observación pretende “un acercamiento a los comparecientes a través de las historias del daño sufrido”.

“En estas audiencias se intenta un equilibrio entre las observaciones técnico-jurídicas y procesales, propias de las organizaciones representantes de las víctimas, y las consideraciones atadas a la experiencia vivencial de las víctimas, que tienen potenciales de interpelación a los comparecientes y a la sociedad, lo cual es central en la consecución de fines restaurativos”, explicó la JEP en el auto ARA-452.

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En julio de 2022, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP señaló que 23 comparecientes aceptaron su responsabilidad en los asesinatos de 296 personas, ocurridos en Casanare, Boyacá, Meta y Arauca, entre 2005 y 2008.

En un primer punto, la justicia transicional identificó dos políticas que motivaron el patrón criminal al interior de la Brigada Batalla Pantano de Vargas, que se configuró a través de tres modalidades: En la primera, fueron asesinadas personas aprehendidas o puestas fuera de combate en medio de operaciones inicialmente legales.

En la segunda modalidad, las víctimas fueron señaladas, a partir de distintas labores de inteligencia, de ser delincuentes o integrantes de grupos armados ilegales y posteriormente ejecutadas.

Por su parte, la tercera modalidad consistió en que algunas personas fueron engañadas y trasladadas desde zonas urbanas por reclutadores, que servían como informantes de miembros de las unidades militares, para luego ser asesinadas.

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En las audiencias programadas para los últimos días de enero, la JEP dispondrá lo necesario para que aquellos comparecientes, que tengan interés en escuchar la voz de las víctimas, puedan conectarse de manera virtual a la Audiencia de Observaciones.

En la notificación oficial por parte de la justicia transicional, aún no se ha acordado el lugar específico en el que se llevaran a cabo las Audiencias de Observaciones, “el despacho les comunicará a los intervinientes en estas diligencias mediante oficio y con la debida antelación el sitio donde se celebrarán estos dos eventos”, se lee en el oficio.

Según cifras oficiales, el departamento del Meta quedó en el segundo lugar de muertes ilegítimas presentadas como bajas en combate, reportando el 6 % del total de las víctimas. El periodo de tiempo donde se presentaron más casos de ‘falsos positivos’ fue entre 2002 y 2005, con un aproximado de 104 víctimas con 153 militares involucrados.

Según la información, en total más de 2.304 cuerpos fueron sepultados en cinco cementerios del departamento del Meta, sin ser identificados. Más de 2.200 víctimas ya fueron acreditadas para poder participar en las comparecencias y conocer la verdad de lo que ocurrió dentro del conflicto.

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