La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar al alcalde de Medellín (Antioquia), Daniel Quintero, y el gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), Jorge Andrés Carrillo, para determinar si tuvieron responsabilidad por no asegurar el megaproyecto de electricidad en 2021.
“Abrir indagación previa (...) por la presunta omisión de la obligación de asegurar contra todo riesgo al proyecto hidroeléctrico Ituango en la vigencia 2021″, citaron del documento en el periódico regional El Colombiano.
Explicaron en el diario antioqueño que la decisión del Ministerio Público revivió uno de los temas más álgidos de la crisis que se vivió con la construcción de la generadora de energía, ya que en aquel momento, por la incertidumbre de la obra, no contaban con el respaldo de las aseguradoras en el país.
De hecho en ese mismo medio de comunicación recordaron que en noviembre de 2021, a la misma empresa le tocó constituir un fondo de autoseguro en caso de nuevos siniestros para las intervenciones que tenían pendientes entonces.
“EPM estableció como mecanismo de transferencia de riesgos un fondo de autoseguros de USD $23 millones que le permite, dentro de sus estimaciones estadísticas, gestionar la mayoría de las eventualidades asegurables que puedan afectar el desarrollo del proyecto”, les señalaron tras la consulta que le hicieron a EPM.
Aparte, esta situación provocó las demoras en el proceso de licitación para concluir las obras que estaban pendientes para el megaproyecto de electricidad en esa época, que tuvieron como consecuencia que hasta en cinco ocasiones se aplazara la recepción de ofertas, debido a que uno de los requisitos es que el oferente se encargara del lío del aseguramiento, explicaron en El Colombiano.
Finalmente en ese medio de comunicación destacaron que los dos funcionarios ya estarían enterados del proceso disciplinario de la Procuraduría tras el edicto que se publicó el 30 de diciembre de 2022, y por el que posiblemente también responderían más integrantes de la actual junta directiva de la empresa antioqueña.
Esta es la segunda indagación que le iniciaron al mandatario medellinense en la Procuraduría, luego de que hallaran también presuntas irregularidades en su proyecto estrella Valle del Software, con el fomentar el uso de la tecnología y ofrecerle a la comunidad de la capital antioqueña una oferta para el emprendimiento y la innovación.
De acuerdo con el Ministerio Público, existe un “incumplimiento en la entrega de varios de los 21 centros territoriales planeados” y por eso le solicitó a la Alcaldía de Medellín toda la información de “los contratos y de los servidores públicos y/o particulares” que participaron en los procesos. Eso incluye a aquellos que hicieron parte de la etapa previa, la celebración y la ejecución de cada uno de los negocios relacionados con el Valle del Software.
“Mediante esta acción disciplinaria, la Procuraduría busca individualizar a los servidores públicos y/o particulares disciplinables que hayan participado en la etapa previa, la celebración y la ejecución del Valle del Software”, se lee en el comunicado de prensa emitido por la entidad. También solicitó la copia de los estudios previos, contratos, actas de entrega y una certificación del estado actual del proyecto.
El diario El Colombiano también había investigado el tema con anterioridad y detalló que en los tres años de gestión de la administración de Quintero, se habrían entregado ocho centros zonales de los 21 planteados. “Si las cuentas se hubieran cumplido, para mediados de 2022 ya deberían estar puestos al servicio de la comunidad los 21 CVS planeados”, precisó el medio de comunicación antioqueño.
Los ocho centros están ubicados en San Javier, Belén, Castilla, San Antonio de Prado, San Cristóbal, Manrique, Popular y Villa Hermosa. No obstante, El Colombiano manifestó que “no construyeron nada nuevo”, sino que adaptaron partes de los Centros de Desarrollo Zonal (Cedezo) correspondientes a las alcaldías a cargo de Aníbal Gaviria y Federico Gutiérrez.
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