El martes 10 de enero, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia anunció que la vicepresidenta, Francia Márquez Mina, viajará a Nueva York (Estados Unidos) acompañada del canciller, Álvaro Leyva Durán, durante los días 11 y 12 de enero. Su propósito principal es presenciar el más reciente informe de la Misión de Verificación para el acuerdo de paz con las FARC, a cargo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Dicho informe trimestral se entregará el miércoles 11 durante la sesión del Consejo de Seguridad número 9240. Como representantes de Colombia estarán presentes Leyva, la embajadora de Colombia ante la ONU, Leonor Zalabata, y Márquez, que intervendrá ante el Consejo de Seguridad en pleno por primera vez. Al final del evento, aproximadamente a las cinco de la tarde, los funcionarios entregarán una declaración conjunta a la prensa sobre los hallazgos de la Misión de Verificación.
Además, se espera que los altos funcionarios colombianos se reúnan con el presidente de la Asamblea General de la ONU, Csaba Kőrösi, y con su secretario general, António Guterres. Abordarían temas prioritarios para el Gobierno nacional como la paz total, la justicia climática y racial y los temas de género.
También hay expectativa por el encuentro de Márquez con representantes de varias naciones africanas y del Caribe, en un intento por cumplir la promesa de fortalecer las relaciones de Colombia con toda la diáspora africana del mundo.
Sobre el informe
Aunque el documento será presentado oficialmente el miércoles, este se conoció desde el sábado 7. El informe de 21 páginas compila hechos del periodo entre el 27 de septiembre hasta el 26 de diciembre de 2022. Entre otras cosas, destacó el compromiso del gabinete de Gustavo Petro en sus cuatro primeros meses para consolidar la política de Paz total.
También hubo mención a las conversaciones exploratorias con más de una docena de grupos armados interesados en llegar a un acuerdo con el Estado para cesar hostilidades. Pusieron como ejemplo la tregua de los Shotas y los Espartanos, bandas que delinquen en Buenaventura (Valle del Cauca), que produjo una reducción considerable en la tasa de homicidios. Otro elemento destacado en el informe es la reforma de la Ley de Orden Público, que concede permiso a la Presidencia para entablar negociaciones de paz con el ELN y otros grupos armados.
En el documento también resaltan el acuerdo con la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) para la compra de tierras, la participación comunitaria para el Plan Nacional de Desarrollo y la aprobación de iniciativas como el Ministerio de la Igualdad o la adhesión al Acuerdo de Escazú.
Algunas partes del acuerdo con la extinta guerrilla de las FARC se están ejecutando, a juicio de la Misión de Verificación: en el aspecto de la reincorporación social, tres de cada cuatro excombatientes participan en proyectos productivos, 118 de ellos son colectivos y han recibido aprobación y financiación del Consejo Nacional de Reintegración. 5.227 más son individuales y recibieron apoyo de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).
También destacaron que el partido Comunes ha presentado 66 proyectos de ley en la más reciente legislatura, de los cuales 37 se radicaron en coalición con otros partidos.
El punto negro del informe son las garantías de seguridad, que también hacen parte del acuerdo: 355 firmantes han sido asesinados desde la firma del acuerdo y hubo 110 tentativas más, así como 27 desapariciones.
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