Asociación campesina pide justicia por el asesinato a un beneficiario de sustitución de cultivos

Un hombre identificado como, Andrés Alfonso Arteaga Cuadrado, fue asesinado en zona rural del municipio de Tierralta, Córdoba. De acuerdo con organizaciones sociales, era beneficiario del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y había sido desplazado por amenazas de grupos armados.

La denuncia del homicidio la realizó la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú, Asodecas, organización defensora de los derechos humanos a la que pertenecía Arteaga Cuadrado. Informaron que el hecho ocurrió el 6 de enero de 2023, cuando se desplazaba sobre el puente de la quebrada ‘Jui’.

“A las 6 de la tarde, hombres armados aprovecharon que iba rumbo a su casa y en el sector del puente caído vía a Palmira lo interceptaron y fue asesinado vil mente con impactos de arma de fuego el compañero Andrés Alfonso Arteaga Cuadrado”, denunció Asodecas.

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Medios locales informaron que la víctima era conocida popularmente como ‘Manchas’ y llevaba al menos unos dos años radicado en ese corregimiento, su familia vivía en la vereda Las Pailas, a donde se dirigía cuando fue asesinado. Además, se dedicaba al mototaxismo y había sido beneficiario del PNIS.

Su cuerpo fue encontrado en horas de la tarde del 7 de enero, tendido a un costado de la vía a la salida del municipio de Palmira. Tenía tres impactos de bala y fue encontrado por moradores de la zona que alertaron a las autoridades para realizar el levantamiento.

La Policía de Córdoba señaló que no se presentaron testigos en el hecho que pudieran aportar a la investigación que se adelanta. Los familiares señalaron a las autoridades que Arteaga, de 34 años, había salido a realizar una carrera hacia Tierralta, pero nunca regresó.

Asodecas aseguró que Arteaga Cuadrado había recibido amenazas años antes, pero no las había puesto en conocimiento de las autoridades. Ocurrió en noviembre de 2020 cuando tuvo que salir desplazado de la vereda La Gloria, también en Córdoba, porque un grupo armado lo señaló como supuesto informante de la fuerza pública.

Además, había sido perseguido por esa organización criminal sin identificar por no cumplir con las normas de control social que imponen en el territorio, como permanecer tres meses sin salir de los límites. “Estas amenazas las informó a nuestra organización, pero no las hizo ante Fiscalía por temor, y por lo que la comunidad manifiesta que dichas denuncias no paran en nada”, señaló Asodecas.

A raíz de este homicidio, la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba cuestionó los avances de la política de paz total del Gobierno nacional. “El cese al fuego es con las fuerzas armadas, la población campesina seguimos bajo fuego”, señalaron al compartir la denuncia.

El dirigente campesino de Córdoba, José David Ortega, también señaló que se debe vigilar de cerca el cese al fuego y el componente humanitario a raíz de las denuncias en el sur del departamento, como el asesinato de Arteaga Cuadrado.

Aunque no se ha identificado el grupo armado responsable del homicidio, la alerta temprana 004-22 de la Defensoría del Pueblo señaló que el Clan del Golfo tiene presencia en la totalidad de los municipios del departamento, además es la principal fuente de riesgo para la población civil.

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“En zonas rurales dispersas de los municipios del sur de Córdoba, los frentes Carlos Vásquez y Rubén Darío Ávila... Estas estructuras son las encargadas de la seguridad de los mandos del grupo que se refugian en el Nudo del paramillo; del control de corredores de movilidad empleados para el tráfico de clorhidrato de cocaína y armas; los espacios donde se desarrollan transacciones de coca y, la recolección de las rentas de la minería del oro”, señaló la Defensoría.

El Clan del Golfo o autodenominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia es uno de los cuatro grupos armados con los que el Gobierno nacional acordó un cese al fuego bilateral a partir de la primera semana del año. Sin embargo, ya han surgido denuncias de su accionar, también en los Montes de María.

La Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba señala que hay amenazas persistentes contra sus líderes, como las que permitieron el asesinato del periodista Rafael Emiro Moreno en octubre de 2022. Así mismo denuncian amenazas contra su director, Arnobi de Jesús Zapata Martínez, quien ha recibido intimidaciones y un intento de atentado en el 2021, pero ahora está en riesgo de que le retiren el esquema de seguridad de la UNP.

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