Violencia sexual en Guaviare, otra problemática que ICBF no atiende

Con el nombramiento de Concepción Baracaldo como la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– se han creado diferentes críticas y denuncias con respecto a la gestión que está haciendo la institución. Por un lado, su desconocimiento en temas de infancia y adolescencia alerto a diferentes sectores; por otro lado, la situación de muerte y desnutrición en la Guajira llamó la atención hasta del mismo presidente, Gustavo Petro, que pidió cambios en los tratamientos de los casos. A lo anterior se le suman las denuncias de violencia sexual que están sufriendo las menores de edad entre los 7 y los 15 años de la comunidad indígena Nukak y Jim en el departamento del Guaviare.

La situación de vulnerabilidad de la comunidad y los menores de edad no es nueva, incluso, el año pasado, una investigación del portal de la Silla Vacía dejó en evidencia que los niños y niñas padecen enfermedades relacionadas con la drogadicción, y que la comunidad está padeciendo la mendicidad en las calles de San José del Guaviare. Sin embargo, al igual que otros gobiernos, pese al tiempo que Baracaldo lleva en la dirección del Instituto, no ha tomado cartas en el asunto. Recordemos que fue nombrada en su cargo en septiembre de 2022.

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Pasado un año de las denuncias de drogadicción, este 8 de enero, la revista Cambio, publicó un artículo titulado “La otra crisis del ICBF” donde se denuncia que las niñas de los Nukak y Jim son víctimas de violencia sexual por parte de los hombres que frecuentan San José del Guaviare y que presuntamente, que en su mayoría los violadores serían militares.

La evidencia de esta problemática, incluso, es conocida por el ICBF que en sus datos oficiales registra que al año se dan 192 denuncias por violencia sexual a menores de edad en la región; es decir, semanalmente hay un promedio de cuatro denuncias, pero lo preocupante es que las investigaciones no tienen fruto y en los hospitales se han incrementado los casos de embarazo infantil. Y la razón crea mayor indignación, pues el motivo es que los sujetos que abusan de las menores lo hacen aprovechando su condición de necesidad. Les ofrecen a los menores comida o unas cuantas monedas para engañarlos. Inclusive, en algunos casos hasta bóxer, que usan los menores y los miembros de la comunidad indígena para evadir la realidad; posteriormente, los sujetos, perpetran los vejámenes sobre el cuerpo de las víctimas.

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El periodista Gerardo Reyes, que trabaja para Univisión dejó en evidencia algunos casos de esta situación que está acabando con la infancia de las niñas indígenas de esta zona del país y empeorando sus condiciones de pobreza. Como muestra, dejo las vivencias de una adolescente de 15 años que fue violada múltiples veces por militares en el 2019 al interior de un baño público de San José por cuatro días donde, además, la tuvieron sin comida.

Otro de los casos fue el de una menor de 10 años que fue violada por un militar de Estados Unidos, también en el 2019, fue obligada a dar a luz, pero no pudo ejercer su maternidad debido a que por su edad no entendía ni asimiló el proceso. En ambos casos la situación fue la misma, han pasado años y la Fiscalía no ha avanzado en las investigaciones, pese a que estos procesos, en el papel, deberían ser condenados con cárcel de 12 a 20 años. Por ahora, la situación sigue latente y desde la Institución no se han tomado medidas a favor de los menores de esta zona del país.

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